La Conferencia Episcopal Colombiana ha manifestado su preocupación por la situación del desplazamiento y el reclutamiento forzoso en cuatro regiones del país, entre las que se encuentra Norte de Santander, más exactamente, por la situación que se vive en el Catatumbo.
Estos hallazgos se dan por las mismas denuncias de las comunidades. Por ejemplo, en el caso del reclutamiento, se ha dado un incremento en los departamentos de Chocó y Norte de Santander, siendo los municipios de Ocaña, Teorama, San Calixto y Convención, las zonas críticas de la región.
Asimismo, y según los datos preliminares que desde la iglesia Católica compartieron con un medio de televisión nacional, el desplazamiento ha aumentado no sólo en el Catatumbo, sino también en la costa Pacífica, Arauca y la cordillera nariñense, zonas que reúnen a más 54.000 víctimas de confinamiento.
La información y demás resultados, serán socializados con otras organizaciones sociales para posteriormente, entregarlos al Gobierno Nacional con el objetivo de que el Estado tome medidas que ayuden a mitigar el impacto de estas problemáticas.
“Ha aumentado en las últimas semanas”
El personero de Cúcuta, Karol Yesid Blanco declaró a La Opinión que el fenómeno del desplazamiento ha aumentado en las últimas semanas y que no solo llegan víctimas del Catatumbo, sino también, de Arauca, donde el conflicto ha resurgido.
“Hemos recibido gran cantidad de quejas, sobre las ayudas humanitarias inmediatas, las cuales le hemos oficiado a la Defensoría del Pueblo y demás entidades, e igualmente al señor alcalde, Jairo Yáñez, de hecho, hace una semana se adelantó una mesa de trabajo junto con la Secretaría de Posconflicto y esta entidad (Personería) le sugirió al señor alcalde que hiciera -lo más pronto posible- los traslados y alimentara los rubros de lo que tiene que ver con ayudas humanitarias”, señaló el personero.
Lo anterior porque las víctimas están llegando a la Alcaldía con el fin de recibir ayuda y no la reciben, por lo que posteriormente van a la Personería donde solo les pueden dar una asesoría y tomarles declaraciones.
Blanco añadió que, evidentemente, la Secretaría mencionada no está entregando las ayudas necesarias y ni siquiera “están siendo atendidos”, pues la misma líder de la dependencia, Elisa Montoya, lo ha mencionado en otras ocasiones.
Las declaraciones del personero fueron confirmadas por el defensor del pueblo, Jaime Marthey.
“Este año se ha incrementado de manera dramática el número de casos de personas por desplazamiento forzado empezando por la situación que se vivió en Arauca desde donde llegó gente que ingresó por Toledo y Pamplona y, el tema también es por la situación de Tibú y el Catatumbo, que ha generado gran movilización de desplazados”, explicó Marthey.
“Eso es parcialmente cierto”
Según Montoya, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz, las afirmaciones sobre la falta de recursos es “parcialmente cierta”, pues en 2022 se tuvo capacidad de respuesta a las víctimas hasta febrero, ya que entre febrero y marzo llegaron más víctimas de las que hubo en todo un año.
“Por supuesto que perdimos la capacidad de respuesta como municipio, ya que en un mes se agotó el presupuesto de todo un año prácticamente, no obstante, la Ley 1448 previene estas situaciones y es muy clara cuando dice que los municipios por supuesto que no pueden tener capacidades infinitas o capacidades ilimitadas, sobretodo en momentos en los que el conflicto armado se recrudece”, acotó la funcionaria.
También agregó que se están realizando los procesos de subsidiaridad y corresponsabilidad desde principios de febrero ante la Unidad de Víctimas, proceso aprobado a finales de marzo y que aunque hubo una crisis, esta ya se superó pues no hay pendiente ni una sola ayuda por entregar.
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