Una investigación adelantada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitió desarticular una estructura criminal dedicada al descargue y modificación de infracciones de tránsito en Cúcuta y los municipios de Los Patios y Villa del Rosario.

Durante la operación fueron capturadas 12 presuntos integrantes de la agrupación delincuencial: 3 inspectores de tránsito, señalados de liderar las actividades ilegales, 3 abogados asesores, 4 funcionarios de oficinas de tránsito y 2 sujetos que se encargaban de contactar a las víctimas.

Con el retiro preventivo del cargo, los investigadores también procedieron a recoger la información que ambos funcionarios venían manejando en sus oficinas, con miras a cotejarlas con las denuncias que se han recibido en los últimos meses en la Secretaría de Tránsito de Cúcuta.

El titular de este despacho, Mayid Gene, le confirmó a La Opinión que se han venido haciendo denuncias ante control interno disciplinario por situaciones que se están presentando en lo que respecta al no desarrollo de las comparecencias por temas de alcoholemia con diferentes ciudadanos que han sido sorprendidos ingiriendo licor y conduciendo.

Lo que se desprende de estas denuncias es que una vez los casos pasaban a manos de los citados inspectores los infractores por alcoholemia “resultaban, milagrosamente, absueltos”, dijo Gene.

El funcionario añadió que esta es una tarea de investigación que se viene llevando a cabo con la Sijín, la Fiscalía, la Secretaría de Tránsito en cabeza del proceso, y el apoyo de la Policía de Tránsito.

Por ahora –dijo el Secretario de Tránsito- se decidió el retiro provisional del cargo de los mencionados inspectores.

Cobros a víctimas

Por eliminar del sistema o modificar infracciones de tránsito impuestas por embriaguez, la agrupación criminal cobraba entre 1,5 y 4,5 millones de pesos; por descargar una multa impuesta de manera presencial por autoridades de tránsito cobraban a las víctimas unos 180.000 pesos, mientras que el valor por fotomultas ascendía a unos 280.000 pesos.

En la investigación se descubrió el caso de una mujer a la que la organización le cobró 4 millones de pesos por el descargue de 15 fotomultas, cuyo costo era de 8 millones de pesos.

Los 12 capturados están siendo judicializados en Cúcuta por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, concusión, estafa agravada y acceso abusivo a medios informáticos.

Durante la operación se incautaron 10 equipos móviles desde los que presuntamente se efectuaban algunos de los trámites fraudulentos.