Luego de día y medio de la audiencia de seguimiento a la medida cautelar que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sobre el Cementerio Central de Cúcuta, los magistrados tomaron varias decisiones sobre las zonas de interés forense que hay en la capital de Norte de Santander y el área metropolitana.
Una de las determinaciones fue que la medida cautelar ya no solo es para el campo santo de Cúcuta, sino que se extiende hasta el corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y la finca Pacolandia, de Puerto Santander, sitios donde hubo unos hornos que usaron las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) para cremar a muchas de sus víctimas y desaparecerlas.
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Con esto, las alcaldías de los tres municipios tendrán que evitar que en estos lugares se adelante alguna exhumación o inhumación, además, deben garantizar que se haga la búsqueda de personas dadas por desaparecidas por las entidades forenses que vienen adelantando este trabajo.
Además, la magistrada María del Pilar Valencia afirmó que dada la gravedad de urgencia y la complejidad del asunto, “las medidas y el trámite no se agotan con esta audiencia, ni con la vigencia de las actuales administraciones municipales y departamentales, sino que tienen una vocación de continuidad, a lo cual nosotros nos comprometemos dándole toda la garantía de participación de las víctimas como se ha venido haciendo hasta el momento”.
Añadió: “se emitirán algunas órdenes al gobernador y alcaldes, en tanto autoridades de Policía, para garantizar y coordinar la protección y conservación de las personas identificadas de posibles inhumaciones de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados”.
Los representantes de la JEP también dejaron ver su molestia con la Fiscalía, porque no otorgó respuestas satisfactorias a las inquietudes que surgieron en la audiencia, por eso le dieron 15 días para remitir en un documento las respuestas de lo solicitado.
Otras medidas
Los magistrados también señalaron que tanto la Gobernación como la Alcaldía deben diseñar e implementar planes integrales a la atención de las víctimas de desaparición forzada, garantizando los derechos, en especial en el logro y la verdad.
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Y para que cumplan con esto, les dieron 30 días para presentar la propuesta inicial que contenga la forma, plazos y recursos con los que cumplan esta orden, que deberá ser ajusta en los 30 días siguientes, según lo disponga la sección de la JEP.
Además, “la Gobernación debe realizar las acciones idóneas para el apoyo y cooperación a Medicina Legal para que pueda superar las necesidades en infraestructura física y logística, para darle celeridad a los procesos de identificación y entrega digna de los cuerpos de víctimas del conflicto armado de carácter no internacional exhumadas en el departamento”.
Otra decisión que tomaron fue que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Medicina Legal y Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) hagan un plan integral e interinstitucional de intervención forense al Cementerio Central de Cúcuta y tienen 15 días para entregar ese documento.
