Con el fin de evaluar las condiciones de seguridad y garantías que tienen los líderes sociales de Norte de Santander, así como sus rutas de protección, ayer se llevó a cabo un encuentro que encabezó la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, y del que saldrá un diagnóstico sobre su situación.
Al evento, llamado ‘Promoción de los derechos de líderes y lideresas sociales, capítulo Catatumbo’, estuvieron representantes del Gobierno nacional, departamental, fuerza pública, organizaciones de cooperación internacional, líderes y lideresas sociales y autoridades de los 10 municipios que conforman la región del Catatumbo. Se tocaron tres ejes temáticos relacionados con la prevención, protección y garantías de no repetición.
Respecto a la prevención, jóvenes y representantes de la comunidad LGBTIQ+ denunciaron señalamientos discriminatorios por parte de las autoridades y la comunidad, que aseguran los ponen en riesgo debido a la situación de seguridad en los municipios del Catatumbo.
En cuanto a protección, señalaron que el solo hecho de ser líderes sociales ya los convierte en un riesgo, pues así se constata en las cifras sobre asesinatos y desapariciones que han sufrido miembros de diferentes colectivos, por lo que pidieron mejorar la ruta de atención para preservar sus vidas.
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En esa línea, el alcalde de La Playa de Belén, Ider Álvarez García, quien desde marzo se encuentra exiliado de su municipio, manifestó que solo 45 días después de conocerse su caso fue que las autoridades se reunieron para evaluar su situación, señalando que si eso pasa con un mandatario, el panorama de los líderes es más desalentador.
Respecto a las garantías de no repetición, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, se refirió a la estigmatización que reciben los líderes por parte de autoridades civiles y militares, por lo que pidió mejores resultados de las investigaciones que se adelantan sobre las denuncias que han presentado los líderes.
¿Qué dice la Procuraduría?
Margarita Cabello llamó la atención sobre el bloqueo institucional que se presenta en la zona, donde el Estado no ha podido recuperar su presencia y control en los territorios disputados por grupos ilegales generando incertidumbre, inseguridad alimentaria, más cultivos ilícitos, corrupción, y miedo a denunciar por parte de líderes y lideresas.
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“Los riesgos contra estas comunidades aumentan, como lo ha registrado el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) en más de 19 oportunidades. Entre los principales se encuentran los confinamientos, las extorsiones, las amenazas, los constreñimientos y las estigmatizaciones provenientes de todos los actores del conflicto. En general, encontramos grandes limitaciones para que la población en riesgo tenga acceso a rutas de protección”, apuntó.
La Procuradora aseguró que la Entidad participa en estos escenarios en aras de exigir la protección de los líderes y que las autoridades competentes orienten su gestión hacia la superación de las amenazas.
Reiteró, además, que el Ministerio Público verificará rigurosamente el cumplimiento de las rutas de atención establecidas por la ley, so pena de iniciar acciones disciplinarias contra aquellos funcionarios que las desconozcan.
Este encuentro ha estado precedido por mesas de trabajo con líderes, organizaciones sociales y administraciones locales en las que se trazó un panorama actual de la situación de violencia, la cual fue presentada a la jefe del Ministerio Público y a los representantes de las diferentes autoridades regionales y nacionales con el fin de asumir nuevos compromisos de promoción y protección de derechos, cuyo cumplimiento será verificado por la misma Procuraduría.
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