No solo ilusiones traen consigo las víctimas del conflicto armado y la población refugiada y migrante que vienen con requerimientos de protección internacional de Venezuela a Cúcuta. Estos dos grupos poblacionales siguen clamando por necesidades básicas como identificación, formalización de su estatus migratorio, acceso a salud, educación y vivienda, entre otros, y continúan dependiendo en gran parte de las decisiones administrativas o judiciales que favorezcan sus derechos.
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A junio de 2024, el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de Norte de Santander, en Cúcuta, atendió a 10.033 víctimas con su oferta institucional, pero se estima que el número en el territorio pueda superar los 130.000 en los últimos 10 años. Lo anterior, se suma a las más de 218.836 personas provenientes de Venezuela llegadas a la capital nortesantandereana, según un informe a corte del 3 de enero publicado por el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (ONM), de Migración Colombia.
Las víctimas del conflicto armado, migrantes, refugiados y retornados sin asistencia legal, llegan a la ciudad desorientados y sin dinero, razón por la cual sería imposible conseguir una solución cercana.
Para extender una mano a estas poblaciones, distintas entidades, instituciones y fundaciones adelantan jornadas de atención jurídica, entre ellas, la Universidad Simón Bolívar, que se ha consolidado como una de las que abandera la protección y asistencia de las víctimas del conflicto armado y de la población refugiada y migrante en Norte de Santander.
Desde su Consultorio Jurídico, la Unisimón adelanta su gestión institucional buscando mejorar el panorama a las víctimas y a la población que viene de Venezuela, desde el Programa de Asistencia Legal a Personas con Necesidad de Protección Internacional y Víctimas del Conflicto Armado (Alposd).
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Según la directora del programa académico de Derecho, de la Universidad Simón Bolívar, Gladys Shirley Ramírez Villamizar, el pregrado, desde su inicio en 2007, ha proporcionado asistencia y orientación jurídica cualificada, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social en la región.
En el primer semestre de 2024, la institución capacitó a 102 estudiantes de Derecho en atención a víctimas del conflicto armado y a 98 en brindar asistencia jurídica a migrantes.
Según la coordinadora local del Programa de Asistencia Legal a Personas con Necesidad de Protección Internacional y Víctimas del Conflicto Armado (Alposd), Erika Isabel Salinas Cifuentes, “el trabajo realizado no solo ofrece asistencia jurídica, sino que también se ha convertido en un faro de esperanza y justicia para quienes más lo necesitan. La Unisimón no se limita a reportar cifras; también refleja la eficacia del programa Alposd”.
Los resultados positivos de este programa son evidentes en la recuperación de los derechos jurídicos de numerosas personas. “Muchos beneficiarios que estaban en condición de vulnerabilidad y sin garantías legales han logrado recuperar sus derechos”, indicó.
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Respecto a las atenciones a las poblaciones, Salinas informó que, en el primer semestre de 2024, la Unisimón desarrolló 15 jornadas en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, beneficiando a 173 usuarios mediante acciones como tutelas por salud, solicitudes del Permiso por Protección Temporal (PPT); y consultas ante entidades como la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas (Uariv)
De estas solicitudes atendidas, el 50 % se resolvieron con consultas directas en plataformas institucionales, el 30 % están en trámite, y el 20 %, en seguimiento.
Las brigadas también han permitido establecer alianzas con organizaciones locales para mejorar el acceso a la justicia, siendo los principales temas de consulta la reparación administrativa, ayudas humanitarias para víctimas del conflicto armado y el acceso a la salud, nacionalidad y autorizaciones del PPT para migrantes y personas en busca de protección internacional.
¿Qué servicios y consultas hacen los usuarios?
Según el reporte de la Unisimón, de 615 consultantes también resultaron beneficiadas 466 familias (beneficiarios indirectos), y el 71 % de los beneficiados fueron personas cuyas edades oscilan entre los 18 a 59 años; la mayoría eran mujeres con un 63 %, y la mayoría de las personas que solicitaron asistencia legal fueron víctimas del conflicto (403 personas), frente a 212 con perfil de protección internacional.
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En el eje de Personas con Necesidades de Protección Internacional, el 60 % de los casos están en trámite, 30 % ya tienen respuestas favorables y el 10 % están en revisión de documentación o procedimiento. Por su parte, en el eje de Víctimas del Conflicto Armado, el 68.8 % de las respuestas fueron favorables, 21.4 % de las solicitudes están en trámite y el 9.8 % están en revisión de la documentación y procedimientos.
“Estas cifras reflejan un acceso efectivo a las garantías de los derechos de las personas beneficiarias. La atención generada en la primera vigencia del año 2024, de enero a junio, ha mostrado resultados positivos, evidenciando que la Unisimón sigue siendo un pilar esencial en la protección y restitución de derechos”, indicó Salinas.
El programa académico de Derecho permitió identificar que los temas de consulta más frecuentes entre las 403 víctimas del conflicto armado interno beneficiarias, fueron las solicitudes de reparación administrativa ante la Uariv (55.90 %), solicitudes de atención y ayuda humanitaria (12.50 %), remisiones a otras áreas del Consultorio o revisión de su registro de habeas data.
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Por su parte, en el eje de Protección Internacional, las consultas más frecuentes por parte de las 212 personas con necesidades de protección internacional fueron, salud (26.31 %), nacionalidad (21 %), autorización para la expedición del PPT (16.37 %), RUMV (8.89 %), y otros temas relacionados con asistencia legal, educación, protección de niños y niñas, y vinculación en el marco de la Ley 1448 (Ley de Víctimas).
Las acciones jurídicas solicitadas incluyeron derechos de petición (56.40 %), tutelas o desacatos (14.15 %), solicitud de información (13.10 %), conceptos jurídicos (7.20 %) y asistencia guiada (3.20 %).
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La Universidad Simón Bolívar continúa destacándose por su labor comprometida y eficaz en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, en coordinación con la Corporación Opción Legal, con el apoyo de Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, con respecto a procesos de regularización migratoria, acceso a derechos y oferta institucional en materia de acceso a la salud, servicios educativos, debido proceso y acceso a la justicia, entre otros derechos.
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