Más de 250 trabajadores de la corporación Mi IPS que prestaba servicios de primer nivel de salud a la EPS Medimás quedaron sin salario y con una importante deuda contractual desde el pasado 16 de marzo, cuando los mandaron a irse a sus casas porque la EPS había sido liquidada.
Ayer un grupo de ellos llegaron a la Defensoría del Pueblo a protestar para exigir la intervención de este organismo a fin de conocer quién les cancelará la deuda que mantienen por motivo de salarios, cesantías, liquidaciones y primas.
Claudia Ortiz, ex empleada de la corporación que tenía 7 IPS en el Departamento Norte de Santander, cuatro de estas en Cúcuta, dijo que con la liquidación de Medimás, la corporación en esta regional quedó sin a quién prestar servicios por lo que notificó a sus trabajadores que paralizaban sus actividades.
“Desde esa fecha hasta el momento estamos en el limbo. No nos definen nuestra situación laboral, no nos liquidan contratos, no nos han pagado el sueldo de febrero y los días que se trabajaron de marzo. Además, era algo que venía pasando y se reportó a entidades, entre ellos al Ministerio del Trabajo, porque tenemos 5 años en los cuales no se nos cancelaron cesantías a las que teníamos derecho por ley. Desde el año 2020 no nos hicieron aportes a pensión”, explicó la trabajadora.
Acciones legales
El defensor del pueblo de Norte de Santander, Jaime Marthey atendió a los trabajadores que realizaban el plantón y se comprometió a hacer las diligencias pertinentes a fin de recibir sus quejas.
“Así de la misma manera como el gobierno a través de la Superintendencia ordenó la liquidación de Medimás, pues al otro día aparecieron las puertas cerradas. Lo mismo que pasó con la corporación de ellos, pasó con muchas corporaciones que le prestaban servicios a la EPS. Nosotros vamos a acompañarlos en todas las reclamaciones que ellos tienen”, dijo Marthey.
Expresó que en este caso tienen reclamaciones de índole laboral, administrativa e incluso penal, “porque hablan de unos pagos que se les descontaban mes a mes y que nunca aparecen reportados y eso es un delito”, aseguró.
Marthey dijo que las implicaciones serán asumidas a través de la Delegada de Defensoría Pública. Por el momento han venido haciendo seguimientos al proceso que les sigue no solo a Medimás sino a todas las EPS que fueron liquidadas.
La Defensoría del Pueblo, aún no tiene un balance de la deuda total que dejaron las EPS Medimás y Coomeva con las clínicas y hospitales tras su liquidación.
El mes pasado se realizaron mesas de trabajo a las que citaron al Instituto Departamental de Salud y los representantes legales de las entidades que fueron liquidadas, pero solo para tratar el tema del servicio de salud a los afiliados que fueron transferidos a otras EPS. “Hasta ahora nosotros estamos iniciando el proceso porque esto todavía está muy reciente”, dijo.
Los trabajadores denunciaron que de la nómina la corporación les hacía descuentos para hacer pagos a seguridad social pero esos pagos no aparecen reportados. “Esto es un delito porque hay una apropiación de unos recursos que no les corresponden y es un caso que vamos a tomar acciones con los abogados que les vamos a colocar a cada uno”, explicó el defensor.
Por giro directo
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, debido a que la EPS Medimás y Coomeva presentaban problemas financieros y estaban bajo medidas de prevención, por orden de la Superintendencia de Salud, tenían que entregar los recursos por giro directo.
Las EPS solo recibían un 30% del dinero y el otro 80% debían decirle a ADRES, a cuáles hospitales y clínicas pagarles.
En algunos casos pudo ocurrir que las corporaciones o IPS recibieran el dinero pero no lo hayan destinado al pago de deudas con sus trabajadores, o bien, que haya habido un manejo en la administración de los recursos por parte de las mismas EPS antes del control financiero.
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