En los últimos cuatro años la explotación de oro de aluvión (que es el oro en estado libre que está en los ríos y sus playas) ha aumentado 26%, según el informe presentado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que quiere decir que son en total 92.046 hectáreas destinadas para tal fin.

Pero tal vez la cifra más grave del documento es que el 72% de esta explotación se da de manera ilícita, sin cumplir con los requisitos técnicos y ambientales, dato que podría aumentar, ya que en la detección satelital no es posible identificar la explotación ilegal que tiene lugar en títulos mineros, conocidos como amparos administrativos.

“Al ponerle el carácter geográfico lo integramos con la información con que cuenta el Gobierno respecto a las figuras de ley, lo que nos permite identificar que el 28% de la explotación está sucediendo donde hay permisos. Se entiende que lo que no tiene permisos es ilegal”, explicó a Leonardo Correa, director del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la UNODC, que elabora este reporte.

Al respecto, la viceministra de Minas, Carolina Rojas, expresó que “la explotación ilícita de oro es un flagelo que no solo afecta al medio ambiente, sino que les roba recursos a todos los colombianos”.

Combustible del conflicto

La explotación ilícita de yacimientos de oro aluvial se da en zonas “de pobreza, marginalidad, difícil acceso y con marcada presencia de grupos armados ilegales”, dice el informe, mismas condiciones que se cumplen para los cultivos de uso ilícito.

En 43% de las zonas que presentan esta explotación coinciden con territorios en los que hay plantaciones de coca, 1% más de lo reportado en 2016. “Se mantiene y es básicamente porque el oro de aluvial no tiene posibilidad de moverse por el territorio. Lo que hemos visto en la coca es que hay una concentración, sigue siendo en los mismos territorios”, anotó Correa.

Valle, Antioquia (especialmente el Bajo Cauca), Putumayo y Cauca son los departamentos donde aumentó la coincidencia de estos dos fenómenos. Estas son regiones que presentan disputa territorial entre dos o más grupos armados organizados como el Clan del Golfo, Caparros, Eln, Pelusos y disidencias de las Farc.

Un panorama diferente se registra para los departamentos de Bolívar y Chocó, donde la coincidencia espacial se redujo; no obstante, las dos actividades presentan incremento en la afectación general con territorios cada vez más caracterizados por la presencia de uno de ambos fenómenos.

Hay que tener en cuenta que el Ejército y la Policía nacional realizaron en 2018, 276 operaciones contra la minería ilegal, y en cada una invirtieron, al menos, 210 millones de pesos, sin embargo, la explotación aumentó.

Por eso, el Ministerio de Minas dijo a través de un comunicado que “se han creado herramientas para facilitar el tránsito de alrededor de 27.000 mineros a la legalidad de los cuales 10.000 ya han iniciado este camino”, como una estrategia para luchar contra la ilegalidad.