En Norte de Santander y el país sigue el debate por el anuncio del presidente, Gustavo Petro, de asumir las funciones de las comisiones reguladoras de servicios públicos. ¿Cómo se fijan los precios de los servicios público, como el de electricidad? 

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, explicó que la tarifa de energía tiene cuatro componentes principales: generación, que pesa entre 35%-38%; transmisión, que comprende un 8%-10%; distribución, de 38% a 40% y comercialización tiene el restante, cerca del 10%.

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Castañeda afirmó que hay un componente denominado ‘otros conceptos’, que agrupa pérdidas reconocidas, restricciones, desviaciones y otra serie de elementos. 

“Cuando se descompone lo que implica la generación, hay que tener claro que el 85% de la energía que se compra se hace en contratos de largo plazo y eso significa que tiene recios relativamente estables. El otro 15% corresponde a la bolsa, es muy marginal en cuanto a la totalidad de su tarifa; entonces de ese 35% que pesa la generación, solo el 15% corresponde a la bolsa”.

El director de Andeg indicó que la bolsa solo se usa para terminar de comprar lo que hace falta, no es la principal fuente de adquisición de energía por parte de los distribuidores y comercializadores, por lo que lo relevante son los contratos.

Agregó que los segmentos generación y comercialización están en competencia en el mercado, mientras que transmisión y distribución están reglamentados por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que determina las tarifas. 

El economista manifestó que la sumatoria de los componentes da entre $650 y $700 por kilovatio/hora (kWh) en el interior del país, que es lo que pagan los usuarios.

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Según el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, no es verdad que al estar llenos los embalses debe bajar el valor del kWh (kilovatio hora) en la bolsa de energía.

En el caso del agua, de acuerdo con el líder gremial, hay un mito relacionado con el valor de tenerla en épocas de abundancia o de guardarla para temporadas de escasez, y con la capacidad de almacenamiento de los embalses.

Explicó que para entender el precio de bolsa se debe considerar el presente y las expectativas de variables como la alta probabilidad de ‘El Niño’. 

Inversiones estarían en riesgo

Para el economista José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, la expectativa más grande es balancear la presión que existe ahora para dar un alivio a los usuarios en términos de tarifas sin dañar la arquitectura ni los incentivos, para que los operadores del sector privado tengan un esquema claro y apropiado de estímulos con el fin de proveer la infraestructura y tomar las decisión de inversiones adecuadas.

“En la medida que se solucione ese balance, entre aliviar los bolsillos de los usuarios versus respetar el esquema que promueva los incentivos suficientes para la inversión, vamos a tener un poco las efectos que puedan surgir de la decisiones que tome el presidente”. 

El director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, destacó que en el sector eléctrico las empresas no tienen una contratación que las vincule con el Gobierno, por lo que prestan el servicio confiando en el marco regulatorio que existe desde hace 30 años.

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“En nuestro gremio, en los últimos dos años, las inversiones han sido de 2,6 billones de pesos. Si no hay claridad de cómo va a ser la línea regulatoria sobre la que estamos parados, la gente parará sus inversiones”, subrayó.

Andesco señaló, bajo la dirección de Camilo Sánchez, que lo que pretende el Gobierno debilitaría la institucionalidad y con ello pondría en riesgo la confianza de los prestadores de estos servicios, para ejecutar las inversiones públicas y privadas necesarias y garantizar los mismos, incluyendo que probablemente se verán afectados los proyectos que permitirán al país avanzar en el proceso de transición energética.

La asociación aseguró que es fundamental garantizar la seguridad jurídica y mantener la independencia de los entes de regulación, para asegurar la confianza de los sistemas y de los servicios de electricidad y gas natural, pues así se evitarán situaciones que pongan en riesgo la prestación.

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