Ordenar el Catatumbo es una tarea que requiere del aporte de todos los actores: Estado, ciudadanía y empresarios. Esta es una de las principales conclusiones que arrojó una investigación del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
El estudio ‘Una apuesta por la competitividad del Catatumbo, diagnóstico y propuestas de política pública’, desarrollada en el primer trimestre de 2016, evidencia como la ausencia del Gobierno es uno de los principales generadores de la violencia que viven los pobladores de esta importante zona del país.
Jorge Mario Eastman Robledo, director de la investigación, habló con La Opinión sobre los detalles del estudio, que fue financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).
¿Qué sucede en el Catatumbo?
Lo que yo encontré en el Catatumbo es una divergencia de intereses totalmente separados, llámense organizaciones sociales, empresarios o campesinos. No hay un diálogo permanente donde se construyan intereses ni políticas conjuntas.
Esos diálogos, que al principio suenan ‘carretudos’, al cabo de un tiempo –así lo demuestran las experiencias en otras zonas del país como La Macarena– ayudan a dar un salto muy rápido, porque la gente no es ni de izquierda ni derecha, la gente lo que quiere es tener una buena calidad de vida y cuando ven eso, se solucionan los problemas. Pero hay que buscar un diálogo, una concertación.
No es la primera vez que se habla de la necesidad de trabajar juntos...
Hay experiencias muy exitosas en muchos lugares del mundo, donde la sociedad se ha organizado a pesar de sus diferencias religiosas, étnicas, culturales y sociales. Entonces, ¿por qué en el Catatumbo no se puede?
Mas economía y menos ideología, dejemos el discurso político para otro día, aquí lo que necesitamos es generar ingresos al campesino para sacarlo de la pobreza, tenemos que ponernos a trabajar en eso.
¿Por qué el Gobierno le ha hecho el feo a invertir en el Catatumbo, a mejorar sus vías, a llamar la inversión; literalmente, le ha sacado el cuerpo a eso?
Aquí hay un círculo vicioso. La presencia de grupos armados dificulta la presencia del Estado. Entonces, el Estado prefiere llevar sus recursos limitados a otro lugar y esos campesinos, por la ausencia del Estado, no simpatizan con las autoridades.
Hay ausencia de Estado porque no hay inversión, y no hay inversión porque hay presencia de grupos ilegales que dificultan la inversión en la zona.
¿Cómo recuperar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno?
Iniciando procesos de concertación, de diálogo más activo. Hay que crear por ejemplo el frente común por el Catatumbo.
Alguien tienen que liderar y la Diócesis de Tibú es la llamada a convocar a las distintas partes y buscar pequeños escenarios donde todos pongan un poquito, son pequeñas cosas que van abriendo camino.
¿Cuál es la importancia de los empresarios y su inversión en este contexto?
El empresario tiene la tarea fundamental de entender que en el Catatumbo es posible hacer inversión, que hay un enorme potencial, pero que esa potencialidad y esas inversiones tienen que socializarse con la comunidad. Ese es un trabajo difícil, complejo y exasperante, pero la razón de ser de ese diálogo es que la gente allá, por la ausencia de Estado durante muchos años, no tiene la lógica de la llegada de la inversión y lo que quiere es que haya concertación en los proyectos.
La inversión privada es a mi juicio una condición para sacar de la pobreza al Catatumbo y ponerle un dique de contención a los cultivos ilegales que por razones históricas han estado esta zona del país.
¿El proceso de paz representa alguna oportunidad para los habitantes de esta zona de Norte de Santander?
Si se logra organizar a la sociedad y a las organizaciones del Catatumbo para que se aprovechen las oportunidades del posconflicto para superar estas brechas sería una gran opción de desarrollo. Si se aprovecha el hecho de que no va haber presencia armada de un grupo como las Farc para que lo retome el Estado legal y haga las inversiones, sería una oportunidad; pero si lo que hay es un despeje adicional para que otros grupos se tomen ese territorio no habríamos hecho nada con el proceso de paz.
Y la economía de los cultivos ilegales, eso es rentable y siguen creciendo…
El cultivo ilícito es el principio del fin. No hay nada bueno que salga de los cultivos ilícitos para el campesino. Puede que sea un buen negocio para los frentes guerrilleros, para los narcotraficantes, para los contrabandistas, pero para el campesino no.
No conozco ninguna zona del país, ni en el Cauca, ni en Nariño, ni el Putumayo, ni el Catatumbo donde haya riqueza del campesino cultivando coca.
¿Es la palma una opción?
La palma es un modelo de cultivo permanente que le puedo poner un único dique de contención a los cultivos ilegales. Es un producto en el que los campesinos pueden asociarse con la titularidad de la tierra a su cabeza, es un modelo que puede fecundar en otros.
Nosotros identificamos tres cultivos permanentes y siete transitorios, en los que desde la asociatividad se puede impulsar el desarrollo.
Recomendaciones de la investigación para el sector privado y público
Reconocer las fortalezas de los modelos asociativos presentes en el territorio y replicarlos
Fortalecer la presencia de los gremios en los territorios
Aprovechar el territorio y sus oportunidades
Construir una visión empresarial en el sector agrícola.
Para el Estado
Generar capacidades para el productor e incentivos para la población joven.
La construcción de la política pública desde el ámbito territorial
Mejorar la coordinación y la articulación entre instituciones y diferentes niveles de Gobierno
Revaluar la estrategia de consolidación del territorio
Priorizar la construcción y adecuación de vías secundarias y la implementación de planes para la electrificación rural