El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no descartó la propuesta de crear un Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para contrarrestar la inflación en los precios de la energía que, en agosto, registró una variación anual de 26%, según el DANE, siendo la Costa la más afectada. 

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El funcionario dijo que se va a discutir la propuesta que presentó el sector en el Congreso de Andesco, en Cartagena, para buscar “cómo se modera el aumento de las tarifas nacionales, que es muy alto, y espero que no implique recursos de presupuesto nacional porque no los hay”.   

Ocampo indicó que una forma para retrasar el aumento de las tarifas es el autofinanciamiento, pero que esto no es competencia suya sino del Ministerio de Minas y de la Creg.  “Estaré muy atento a la propuesta que ellos le van a plantear al sector”. 

Sobre la posibilidad de destinar recursos de la reforma tributaria para mitigar la inflación en los precios de la energía, el Ministro de Hacienda dejó claro que no se utilizarán los recursos que se piensan obtener con el proyecto de ley, unos $25 billones. 

Ocampo señaló que el debate apenas comienza y su participación será a través del viceministro Técnico de Hacienda, su representante en la Creg, con quien estará en contacto permanente, y con la ministra de Minas y Energía, para ver cuáles son las propuestas. 

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El jefe de Hacienda agregó que se deben definir los aumentos de las tarifas y revisar las utilidades de las empresas, “porque algunos sectores, en el debate parlamentario de la reforma tributaria, señalaron que estas empresas han tenido grandes utilidades”. 

El sector presentó dos medidas de carácter temporal que se complementan entre sí, que reflejan el compromiso de los agentes del sector con la situación actual, y que requieren un acto administrativo por parte del Gobierno Nacional para su implementación en el corto plazo. 

La primera medida tiene que ver con la financiación por parte de agentes de la cadena de prestación del servicio, de una proporción de las componentes de la tarifa correspondientes a generación (G) y de cargos de transmisión. 

Y la segunda medida limitaría el incremento esperado del Índice de Precios al Productor en los contratos de compras de energía a un porcentaje máximo, lo cual, de entrada, delimitaría la proporción del incremento de este componente de la tarifa, para no afectar la libre competencia existente en este mercado.

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