En un año en el que la economía mundial crecerá un 3,1% y la de Colombia apenas un 1,8%, según las proyecciones del Banco de la República, las ventas y la inversión han disminuido en el primer semestre. Sin embargo, hay una gran esperanza.
Esta fue una de las reflexiones que hizo el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, durante el Congreso de la entidad, que se desarrolló en Cartagena bajo el lema: ¡Haciendo la Tarea! Cámaras + Empresas’.
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Domínguez afirmó que los empresarios piensan que es indispensable que haya reactivación económica, con una reducción de los gravámenes y un alivio de las tasas de interés como principales factores, puesto que muchos de ellos se han estado moviendo en este entorno de desaceleración.
“La piedra angular del país son los empresarios. Sin empresarios no hay país”, enfatizó Domínguez”, quien, además, resaltó que el Gobierno, en conjunto con el sector privado, quiere impulsar el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, que, en buena parte, consiste en identificar los proyectos de intereses estratégicos y ponerlos en marcha a la mayor brevedad.
El líder gremial destacó que entregaron al Ejecutivo Nacional propuestas para superar 90 cuellos de botella de cientos de iniciativas clúster y 65 proyectos de 27 departamentos, que se priorizaron en las comisiones regionales de competitividad, a través de las agendas departamentales y en el Plan Plurianual de Inversiones 2022-2026.
Además, aseguró que un capítulo aparte merece la necesidad de proveer seguridad física y jurídica a la actividad empresarial para su reactivación.
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“La extorsión es el principal azote, por ello hemos planteado ante los altos mandos de las Fuerzas Militares la importancia de la presencia estratégica desplegada en todo el territorio nacional, con las nuevas unidades que se van a vincular al proceso, que son 16.000 uniformados, según nos ha informado el señor ministro de Defensa -Iván Velásquez”, afirmó Julián Domínguez.
Detalló que se piensa instalar, por ejemplo, batallones de alta montaña, que contrarresten los delitos en esos territorios. Sin embargo, expresó que “algo muy importante” es la regionalización del seguimiento a la seguridad, en el que se reúnan los comandantes locales con las fuerzas institucionales en comisiones de convivencia.
De acuerdo con el Centro de Analítica del Servicio de Policía (Cepol), la extorsión creció 17,8% en el primer semestre de 2024, en Colombia, pasando de 4.613 casos de denunciados a 5.436 casos, es decir, 823 más.
Sin embargo, en el caso de Cúcuta la situación ha cambiado, según lo informado el mes pasado a medios por parte del comandante del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), el mayor Néstor Rodríguez Santoyo, quien detalló que en lo que va de año han registrado 150 denuncias de extorsión, mientras que en 2023 contabilizaron 330.
Esos 180 casos menos representan una reducción en el delito de 54,5%.
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La mirada desde Cúcuta
El presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, con jurisdicción en 18 municipios de Norte de Santander, expresó que la dinámica de inseguridad genera incertidumbre y afecta la competitividad, reconociendo que la extorsión es el delito que más sufren los empresarios y comerciantes de la región.
“Por eso es clave implementar acciones, inclusive desde la Confederación de Cámaras también se está trabajando con iniciativas legislativas que permitan fortalecer las acciones de los organismos en investigación, control y juzgamiento respecto al uso de celulares y de otros tipos de delitos que están fortaleciendo las organizaciones criminales”, añadió Castillo.
El empresario del sector comercio y hotelero Amilcar Mirep, quien pertenece a la directiva de la Cámara y la Asociación Colombiana de Hotelería y Turismo (Cotelco), señaló que la extorsión es un flagelo que afecta la seguridad ciudadana y jurídica del sector empresarial y por eso “el Gobierno debe exigir resultados al máximo a las autoridades” encargadas de la protección de la población.
“Un empresario, al no poder ejercer una actividad económica con plena seguridad y garantías, pues, se afecta su estabilidad y sostenimiento. En el caso de nuestra frontera, más aún, porque si no hay una coordinación o un trabajo articulado con los organismos de Venezuela, no habrá resultados satisfactorios”, agregó Mirep.
Consideró que la extorsión no solo impide que la actividad industrial y comercial se mantenga, sino que aleja la inversión y la creación de empresas.
El empresario resaltó que no solo se requiere más pie de fuerza e inversión en tecnología, también más inteligencia policial y estrategias alineadas con el comportamiento del delito, porque, por ejemplo, “se habla mucho del accionar criminal desde las cárceles”.
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