Los productores y las empresas de arroz del país tienen dos opciones: se unen y trabajan como hermanos para ser más competitivos o ven como poco a poco la falta de productividad empieza a acabar con esta actividad.

El difícil panorama que se le viene a este sector productivo, fue presentado ayer por el director ejecutivo de la Cámara Induarroz de la Andi, Jeffrey Fajardo López, durante el seminario organizado por Coagronorte en el marco de la celebración de los 50 años.

El vocero de la industria les recordó  a los productores de Norte de Santander que el próximo año entra en vigencia el desmonte de los aranceles para la importación de arroz proveniente de Estados Unidos en el marco del cumplimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC), que fue firmado en 2012.

Según el cronograma previsto, en 2018 el arancel, que es del 80%, empezará a ser desmontado progresivamente y en el 2030 ya no existirá. El problema con esto, explicó Fajardo, es que la producción del cereal en Colombia tiene unos costos muy altos y una productividad para competir con el arroz de la potencia del norte. 

Hoy una tonelada del grano de Estados Unidos puesta y nacionalizada en el puerto de Barranquilla cuesta 300 dólares ($871.500 a la tasa de cambio actual), sin el 80% del arancel. Por su parte, una tonelada de arroz colombiano cuesta aproximadamente $2,2 millones, cerca de un 159% más.

Ante esta realidad, Fajardo plantea varios frentes de trabajo. Uno, es que como ya sucede en Norte de Santander con Coagronorte, los productores del país y los molinos se unan para ser más competitivos.

Guillermo Infante, gerente de Coagronorte, indicó que las inversiones de la cooperativa están pensadas en el mejoramiento de la productividad y la competitividad. “Tenemos la intención de producir 7.500 kilos por hectárea al año y bajar los costos de producción un 15%, en un tiempo de tres años”, aseguró.

El otro punto, quizá el más importante para el directivo de Induarroz, es que los productores y el Gobierno entiendan que la política de subsidios para el sostenimiento de los precios se debe cambiar por una estrategia enfocada al mejoramiento de la infraestructura, por ejemplo la construcción de distritos de riego y reservorios de agua, como sucedió en Perú, en donde a pesar de tener un TLC la importación de arroz es mínima porque invirtieron en productividad.

De acuerdo con las cuentas de Induarroz, el Gobierno Nacional en iniciativas como el incentivo al almacenamiento ha gastado $75.000 millones entre 2016 y 2017, de los que aún le debe $35.000 millones a las empresas. Estos recursos al final no generan ningún valor agregado, algo que si sucedería al invertir en infraestructura. Sin embargo, Fajardo entiende que es muy difícil lograr esto, por lo menos en el corto plazo.

Además de dar mayor estabilidad jurídica a los agricultores, quienes cultivan el arroz en un 70% del área arrendada, es necesario trabajar por la implementación de tecnología y procesos de producción sostenibles.

Para este segmento, la Federación Nacional de Arroceros lidera el programa de Adopción Masiva de Tecnología (Amtec), que sería el gran salvavidas del sector, pero este no ha podido masificar debido a la falta de disposición de los agricultores. “El tema de idiosincrasia es de toda la agricultura, que se rehúsa a cambiar los métodos tradicionales por métodos eficientes de producción, el mismo Fedearroz se ha visto en dificultades para que sus agricultores cambien de mentalidad”, aseguro Fajardo.

Eduardo Graterol, director ejecutivo del Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (Flar), indicó que estos cambios en los modelos de producción requieren un cambio de mentalidad pero también una inversión que garantice la transferencia de tecnología, que debe estar enmarcada dentro de una agenda política de país.

“Los productores no pueden aferrarse a los precios altos que cada son más escasos. Hay que ser competitivos con precios bajos, produciendo más arroz por superficie, manejando los costos y haciendo un uso más racional de los productos disponibles”, refirió Graterol.