Garantizar el mínimo vital en la prestación de los servicios públicos, que es uno de los objetivos de la reforma a Ley 142 de 1994 que pretende el Ministerio de Minas y Energía, es viable, siempre y cuando se tenga claro la fuente de financiamiento.
Esta fue una de las reflexiones que dejó la charla virtual ‘Reforma a los servicios públicos: ¿la propuesta de Petro es la solución?’, que organizó el diario La Opinión y fue moderada por Cristian Verbel, CEO del Grupo Catalítico, propietario del medio; y el editor general del mismo, René Mora.
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El gerente de Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), filial de EPM, José Miguel González, precisó, durante su participación, que entre los subsidios que se entregan, a los tres primeros estratos, y la contribución para los mismos que hacen los estratos los 5, 6 y el sector comercial hay un déficit de $4.2 billones.
“El país está en mora de hacer una refocalización de la entrega de estos subsidios. Hoy estamos entregando a los estratos 1, 2 y 3. Esa forma no es la más equitativa y adecuada, son subsidios antitécnicos y que no nos ayudan a cerrar la brecha… No se requiere una ley para poder aplicar la refocalización”, manifestó.
El gerente de CENS-EPM resaltó que están abiertos a dar sus aportes a la construcción de esa equidad, sobre cómo garantizar el mínimo vital -que ya quedó en el Plan de Desarrollo- y el acceso al servicio de electricidad.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, otro de los participantes de la charla, afirmó que la razón de ellos es el usuario y no le quieren “cobrar por encima de la inflación”, por esto han hecho todo lo necesario para no golpear su bolsillo y buscar soluciones.
“La refocalización de los subsidios es importante, no debe ser por estrato. Lo peligroso es que Planeación Nacional vuelva político un proceso que es técnico. Hoy, necesitamos sacar los colados, quienes no deben tener el subsidio. Se deben entregar por ingreso familiar y darle el servicio de manera gratuita a quien no pueda pagarlo, mientras consigue la forma de hacerlo”.
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Otro aporte de Sánchez, como posible solución, es cambiar la manera en la que se construyen viviendas en zonas cálidas del país, como la costa y Cúcuta, pues, no se debe seguir edificando inmuebles con zinc, debido a que eso encarece el servicio de energía que paga el ocupante.
No hacer populismo
Camilo Sánchez recordó que la ley ha permitido, durante estos 30 años, que no haya habido un apagón, como ocurrió antes de su promulgación.
“No es verdad que a través de una ley se puedan bajar los servicios; la ley no baja las tarifas en el momento adecuado, que es hoy. No está bien hacer populismo con esto”, enfatizó el presidente de Andesco, quien añadió que no puede poner a pelear al usuario con el empresario que le está prestando el servicio.
El experto en Derecho Administrativo y Energético, Lucas Arboleda Henao, explicó que la reforma puede dar un cambio de cómo se concibe la prestación de los servicios públicos, subrayando que estas organizaciones tienen un fin comercial, no son para la ejecución de la política pública.
Sostuvo que el texto pretende darle al presidente de la República la facultad, un poder directo, de regulador, incluso, por encima de las Comisiones de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y de Energía y Gas (CREG), encargadas de establecer las tarifas de estos importantes servicios.
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“Se daría un impacto negativo, porque veríamos cómo se centralizan las decisiones del Estado y el Gobierno tiene una influencia mucho más directa en la regulación, cambiando, definitivamente, esa institucionalidad que tenemos de independencia, de la regulación técnica, que pueden afectar la seguridad jurídicas y los incentivos”.
Arboleda afirmó que se ha dicho que se trata de una reforma que pone al usuario en el centro. No obstante, dijo que sin prestadores no hay servicios públicos, por lo que las empresas también deben ser importantes en esa discusión, porque, por ejemplo, no se ha considerado su suficiencia financiera.
En conclusión, según los expertos, de aprobarse la reforma tal y como se ha conocido, se les dificultaría a las empresas hacer inversiones para la expansión de los servicios, mantenimiento, tratamiento de las aguas residuales, entre otros procesos operativos, llevando a una situación similar a la de Venezuela, en donde existe una crisis de energía eléctrica, con constantes y largos apagones, además de las fallas en el suministro de agua potable.
El director de la (CREG), Omar Fredy Prias, había confirmado su intervención en el evento, pero a última hora desistió por temas de agenda.
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