A pesar de la implementación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos (EPTV), muchos se enfrentan a la discriminación y al desconocimiento de la norma por parte de empleadores, entidades financieras, comerciales y del sector público, lo que repercute, la mayoría de las ocasiones, en la estabilidad económica de sus núcleos familiares.
Esta fue una de las conclusiones del reciente informe realizado por el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) Colombia, según su director, el padre Juan Enrique Casas.
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El documento cuenta con la participación de venezolanos radicados en Norte de Santander, Santander, Risaralda, Bolívar, Tolima, Cundinamarca y Nariño.
“Se estima que el 51% de ellos tiene dificultades para conseguir empleo formal, lo que incrementa su vulnerabilidad económica y reduce las posibilidades de acceso a servicios de salud”, indicó.
Agregó que, pese a que se han registrado grandes avances para el acceso al trabajo, la falta de cobertura y el desconocimiento de los derechos de los migrantes agravan las dificultades que enfrentan, principalmente las mujeres, quienes asumen responsabilidades de cuidado, lo cual limita su capacidad para laborar y acceder a otros servicios.
El director del Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) Colombia indicó que el informe destaca la feminización de la migración, porque el grupo con mayores dificultades para acceder a derechos son mujeres, especialmente aquellas entre 21 y 45 años.
Mayor el acceso en educación, pero niegan cupos
El padre Juan Enrique Casas señaló que, aunque el documento señala que el derecho con mayor acceso para esta población es la educación, se presentan barreras ligadas a la situación migratoria de los padres y las dificultades económicas, la exigencia del Permisos por Protección Temporal (PPT) en físico e incluso la negación de cupos escolares.
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El director de Servicio Jesuita a Refugiados explicó que, no obstante, el acceso a este derecho es un incentivo para la regularización de la situación migratoria de niños, niñas y adolescentes, indicador que evidencia los desafíos existentes en la implementación del conjunto de la Política Integral Migratoria.
La investigación mostró que el 26% de los venezolanos tiene dificultades para recibir atención médica y el 23% de sus niños presenta dificultades para el acceso y permanencia en educación.
Dificultad para la bancarización
El informe reveló que el acceso a bancarización y a créditos es otra de las dificultades que enfrenta la población migrante, a pesar que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) estableció que con el PPT se pueden obtener este tipo de productos y servicios.
‘Fronteras de papel: el alcance del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos para el acceso a derechos’ reflejó que el 37% de los consultadas no pudo acceder a estos servicios, porque las entidades no reconocen el PPT como documento válido para la solicitud.
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“Algo similar ocurre con la compra de bienes y servicios por medio de créditos en almacenes y supermercados, lo cual repercute en ámbitos como la educación de los niños, niñas y adolescentes y el impedimento para fortalecer los negocios de quienes han optado por emprender al no poder acceder a un trabajo formal”, añadió el padre Juan Enrique Casas.
El JRS Colombia reafirmó que la inclusión y el respeto por los derechos de la población migrante no solo son esenciales para su bienestar, sino que contribuyen al fortalecimiento social y económico del país.
“Es fundamental que las autoridades colombianas, las organizaciones internacionales y la sociedad civil se unan para garantizar la protección de los derechos de los migrantes. Esto incluye la promoción de campañas de sensibilización para empleadores sobre el PPT y la implementación de políticas que prevengan la discriminación en el acceso a servicios de salud y educación”, concluyó el documento.
Desde su creación en 2021, por medio del ETPV se han regularizado alrededor de 2 millones de migrantes, permitiéndoles reducir las brechas de desigualdad.
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