A diferencia del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del anterior gobierno, el de Iván Duque, el presidente Gustavo Petro no tomó en cuenta los recursos privados como fuente de financiamiento del Plan Plurianual de Inversiones (PPI), el cual contempla un presupuesto de $1.155 billones.
El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Oliver Pardo, indicó que el PND 2019-2022 fue $1.380 billones de 2022 y $458 billones fueron recursos privados, como, por ejemplo, las Alianzas Público Privadas (APP), teniendo una participación de 33,1%, es decir, una tercera parte del total de la inversión.
“Los recursos privados son un elemento que tenía el Plan de Desarrollo del gobierno Duque, entonces hay una gran diferencia y esto dice mucho sobre el Plan Nacional de Desarrollo en el siguiente sentido: Petro no le da ninguna relevancia a los recursos privados como fuente de financiación para las inversiones públicas”, expresó.
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El economista afirmó que, entonces, al “cerrar de tajo la participación de los privados”, el peso relativo de la inversión de los recursos públicos en el PPI aumentó considerablemente, lo que significa “un mayor gasto público para la implementación de políticas públicas”.
Fuentes de financiamiento
Los recursos del Presupuesto General de la Nación para financiar los proyectos y obras públicas pasaron de $443 billones (32,1% de participación) a $577,4 (50%), con un amento de 23%; y los del Sistema General de Participación (SGP), de $213 billones (15,4%) a $268,8 billones (23,3%), con un crecimiento de 20%.
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Los dineros aportados por las entidades territoriales se mantuvieron $146 billones; 10,6% de participación en el PND de Duque y 12,6% en el PND de Petro. Los recursos provenientes de las empresas públicas subieron de $73 billones (5,3%) a $106,3 billones (9,2%); con alza de 31%. Los del Sistema General de Regalías (SGR) ascendieron de $42 billones (3,1%) a $47,4 billones (4,1%), con un aumento de 10%.
El financiamiento de cooperación internacional pasó de $5 billones (0,4%) a $9 billones (0,8% de participación).
Difícil hacer veeduría
El director del Observatorio Fiscal, Oliver Pardo, señaló que en el PND se modificaron por lo menos cinco fondos y se creó otro par, todos tendrán la facultad de contratar con normas de derecho privado.“Desde el Observatorio queremos advertir que este tipo de fondos es riesgoso pues dificulta el control político y la veeduría ciudadana”, sostuvo.
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El economista también mostró su preocupación, porque se aprobó un nuevo tipo de contratación estatal y de compras públicas denominada asociaciones público-populares, que permitiría que las entidades públicas puedan empezar a celebrar directamente contratos de mínima cuantía, con entidades sin ánimo de lucro, como las juntas de acción comunal.
En este punto, los investigadores del Observatorio consideraron que relajar las reglas de contratación estatal es inconveniente y puede resultar en un foco de corrupción y malos manejos. Además, eso no encaja dentro de la Ley 80.
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