El presidente Nicolás Maduro ordenó que los notarios y registradores de Venezuela, especialmente en el estado Táchira y los municipios fronterizos de Apure, Barinas y Zulia, se abstengan de legalizar cualquier tipo de compra, venta, traspaso y/o enajenaciones de bienes muebles e inmuebles.
Para el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, la medida forma parte de una “contundente batalla en la lucha contra el lavado de dinero” y se toma para “evitar también la locura en que están imbuidos los que manejan el terrorismo, los narcotraficantes, y los paramilitares, tratando de poner su dinero de alguna manera”.
Advirtió que serán monitoreadas las transacciones electrónicas que ocurran “desde otro país en bolívares venezolanos a la banca nacional”.
Frustración
La prohibición anunciada por Maduro tomó por sorpresa a la mayoría de los ciudadanos, hasta ese momento concentrados en tratar de resguardar su dinero antes del plazo de 72 horas que dejaría sin ninguna validez el billete de 100 bolívares; la moneda de mayor denominación en Venezuela.
Katherine Amaya es una madre de familia, con dos niños menores de edad a su cuidado. Dijo sentirse frustrada porque recién se trasladó San Cristóbal, desde la población La Fría, en busca de un mejor modo de vida.
“El gobierno dice que no puedo vender mi casa en La Fría, ni comprar una en San Cristóbal. Ahora tengo que vivir arrimada hasta que ellos decidan levantar esa absurda prohibición; le están negando a mis hijos la posibilidad de un ambiente armonioso y cómodo para vivir”, aseguró.
Por su parte, la agente inmobiliaria Amparo carrizales destacó que la medida atenta contra su estabilidad laboral y familiar. “Nosotros, como agentes inmobiliarios vivimos de las comisiones que deja la compra y venta de casas, apartamentos y locales comerciales, por lo que una medida como ésta nos deja en una situación de indefensión, sin poder generar los ingresos que necesitamos para atender las necesidades de nuestras familias, que son especialmente demandantes en ésta época del año”.
