Hay situaciones que envejecen mal y con el tiempo se convierten en problemas que quedan por ahí gravitando, como recuerdo de la indiferencia gubernamental frente a los males que agobian a las comunidades.

Hace cuatro años, precisamente en noviembre, ocurrió el desbordamiento de la quebrada Tonchalá que dejó a por lo menos 200 familias damnificadas en el sector de Valles del Rodeo, en Cúcuta. 

Pero como nada ha sucedido y ni siquiera les han cumplido con los subsidios para los arriendos y la reubicación se ha quedado en veremos, volvió a ocurrir lo que ahora se está volviendo natural, el taponamiento de una importante carretera para hacerse sentir ante las autoridades.

Muy mala calificación obtiene una administración que al tener la obligación de atender las necesidades de quienes resultan afectados por esa clase de desastres naturales apenas reacciona cuando la ciudadanía se ve en la necesidad de acudir a las vías de hecho para exponer sus reclamos.

Lo peor de todo es que una institución que se encuentra en el ojo del huracán por toda la clase de hechos de corrupción que la han caracterizado desde tiempo atrás, como lo es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es la que a ellos no les ha cumplido.

Que en demostración del malestar se haya extendido una pancarta en el sitio de  la protesta con la imagen del director de la entidad, Carlos Carrillo, plantea que  la situación es realmente complicada para muchos afectados que están al borde del  desalojo de los lugares en que residen temporalmente porque no les han llegado los recursos para el pago de los alquileres.

Lo cierto de todo es que la Unidad debe de comprometerse con Norte de Santander porque aparte de lo que sucede en el barrio 23 de Enero y otros asentamientos en Valles del Rodeo, también tiene pendiente de solución lo sucedido en El Tarrita, el 31 de mayo del año pasado.  

Como se nota, uno ya cumple 48 meses y el otro comenzó su carrera hacia los dos años sin que se tenga realmente claridad sobre los planes proyectados para quienes sufrieron los ambates  de la naturaleza en ambas catástrofes.

Es este el momento para que la UNGRD empiece a mejorar su imagen ante los colombianos imponiéndose como meta la estructuración de los proyectos de reubicación y de gestión para mitigar futuros hechos de la misma naturaleza en esos puntos del área metropolitana de Cúcuta y de la provincia de Ocaña.

Resulta inentendible para un campesino de El Tarrita y un habitante de Valles del Rodeo que  miles de millones de pesos se perdieran en la UNGRD, pero en cambio para financiar los planes que permitirán resolver la situación que ellos enfrentan, el presupuesto, asignación y giro de los recursos económicos requeridos ahí no se hace con la rapidez requerida.

Sin duda que ninguna excusa resulta válida para que sigan en la nebulosa las medidas  para  resolver definitivamente este par de problemas causados por deslaves y súbitas inundaciones que dejaron en delicadas condiciones a los afectados que no merecen ahora un tratamiento de tercera por el organismo precisamente creado para enfrentar esta clase de casos que no pueden quedar relegados a la tierra del olvido.

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