Un seguimiento permanente a todo el proceso electoral realiza la Misión de Observación Electoral (MOE) durante la etapa previa a las elecciones en el país, y esa labor se encuentra muy activa con miras a la votación del próximo 29 de mayo, cuando se cumplirá la primera vuelta para la elección del presidente y vicepresidente de la República.

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Esa gestión es liderada por Alejandra Barrios, la directora de la MOE, quien tiene claro cuáles son las alertas para esa votación, las cuales arrancan desde la confianza que se debe dar desde la Registraduría Nacional, en el sentido que el proceso será transparente y con todas las garantías a los candidatos y partidos en disputa, como también por el riesgo de seguridad que se teje para el día de la elección.

Barrios detalla qué aspectos son los que ameritan mayor atención.
 
¿Cuáles son las alarmas que tienen prendidas desde la MOE para las elecciones presidenciales?

Son dos tipos. Uno que es más de seguimiento en materia de logística electoral, que es más de alarma. La otra es una preocupación más grande, en particular a todas las acciones que está tomando la Registraduría, porque se pueda repetir lo del pasado 13 de marzo. Esto significa la capacitación oportuna a los jurados de votación, si bien no se les puede obligar a ir a la capacitación, sí pueden tener procesos de formación virtual. Está también las modificaciones a la conformación de los jurados de votación. Fue importante esa modificación, porque lo importante es tener jurados con mucha más experiencia.

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No se puede volver a repetir lo de marzo en las elecciones presidenciales, en un momento que están los ánimos crispados y todo pareciera que institucionalmente no se estuviera trabajando por generar confianza en la ciudadanía frente a los resultados electorales, como tampoco en las organizaciones políticas. Hay que mirar lo de la participación en política de funcionarios locales y del orden nacional. Preocupan los mensajes de odio, de intolerancia política, un debate entre los candidatos que dejaron de lado la política y sólo están en acusaciones.

¿Será que no son suficientes las medidas de cambio que ha anunciado la Registraduría?

Nosotros esperamos que todo eso funcione muy bien el día de las elecciones, que es cuando se ponen a prueba. Se han previsto algunos simulacros, como el de preconteo, y fue en esa fase en donde se dieron los problemas en la elección de marzo, cuando se habló de fraude. Espero que en ese simulacro se muestren las cosas en las que se debe trabajar para mejorar. Los simulacros son para evidenciar los problemas que se pueden dar.

¿Es más equitativa la conformación que se dio a los jurados para las presidenciales?

Nosotros pedimos acceso a la composición con escala masiva. La Registraduría nos dio acceso para poder entrar municipio por municipio y ver la composición de los jurados de votación, pero la descarga masiva es lo que le pedimos que nos dé en archivos planos para poder hacer las pruebas. El acceso que tenemos no nos permite tener claro si ya habían sido jurados de votación o no, y en qué procesos electorales estuvieron.  

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Tampoco podemos saber cuáles son los jurados elegidos por las listas que entregaron las empresas. Todas esas pruebas son necesarias hacerlas, para saber si las mesas son heterogéneas o no. Confiamos en que la Registraduría nos haga llegar esa información.  

En cuanto a la participación en política de funcionarios, ¿se puede esperar medidas más prontas?

El tema de la participación en política, y cuando lo mencioné que es parte de la tormenta perfecta, es que se han venido presentando hechos en ese sentido y se dieron las sanciones de los alcaldes de Ibagué y Medellín, pero hay una discusión muy fuerte que no se resolvió con la reforma que se dio a la Procuraduría y es que nosotros tenemos un fallo de la CIDH, en donde se dice que no pueden haber sanciones administrativas o de suspensión a funcionarios electos, pero en la legislación colombiana, no obstante, haber pasado por una reforma sigue manteniendo ese tipo de sanciones de los funcionarios que han participado en política.

Aquí lo que se tiene es una colisión de normas, una exigencia de una corte internacional que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, frente a una regulación nacional, que si bien se reforma, no acoge lo que dice esa corte, entonces eso genera decisiones por fuera de lo que internacionalmente se exige, y eso genera una desconfianza en cuanto a los resultados electorales. En lo que estamos hoy, y es la principal preocupación que comparten muchos analistas, es la aceptación de los resultados.

¿Por qué cree eso?

Si estamos frente a una diferencia muy amplia entre el primero y segundo lugar habla por sí sola, pero si llegamos a estar en el escenario que han estado otros países como México, con diferencia 0,7% entre el primero y el segundo, necesitas tener unas certezas muy fuertes para que esto no se convierta en un problema de orden público o de incredulidad al ciudadano frente a los resultados y de las mismas organizaciones políticas.

¿Será necesario entonces que los candidatos hagan un pronunciamiento en que aceptarán los resultados?

Sí es necesario que los candidatos hagan el pronunciamiento que aceptan los resultados, pero también es necesario que esa aceptación de resultado se dé en un contexto de confianza, pero si la ciudadanía no está viendo confianza, no está viendo como las autoridades están funcionando y son neutrales e independientes en el proceso electoral, por más que hagan esas declaraciones, los procesos electorales se basan en los resultados obtenidos. Un clima de desconfianza se puede transformar y que los funcionarios no se suban al ring con los candidatos y sus debates.

¿Pero la confianza en la Registraduría no es la que se está poniendo más en riesgo?

Ese es otro de los puntos de los que hablo de la tormenta perfecta, que es lo que necesita la Registraduría y lo requiere hacer mucho más enfático, dejar claro cuáles son las medidas que está adoptando, porque hay varios escenarios de desconfianza que le toca ir atajando. Uno que es lo del 13 de marzo y debe ser clara en mostrar las medidas de transparencia y que el día de las elecciones todo funcione como un relojito.  

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Preocupa la narrativa que se da desde la semana pasada, que va desde fraude electoral hasta golpe de Estado y son narrativas que se salen de control cuando se meten a las redes sociales, en vez de haberse tomado todas las medidas necesarias y modificar los comportamientos para que esas narrativas pierdan fuerza, pareciera que se dejan seguir moviendo.  

¿En cuanto a los riesgos en violencia electoral?

Preocupa demasiado también, tuvimos la semana pasada algo más o menos parecido a lo del Eln antes de las elecciones de Congreso. La capacidad que mostró el Clan del Golfo sorprendió a todo el mundo, capacidad de parar once departamentos es una capacidad de afectación a los ciudadanos y a los candidatos, con especial impacto a los electores, cuyo efecto se verá en estas dos semanas.  

Nos preocupa, además, que no se pueda hacer proselitismo electoral por determinado candidato, aún estamos con el impacto del paro y de acuerdo a lo que nos han registrado las diferentes regiones hay algún impacto en ese sentido.

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