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Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda hace una reflexión sobre el momento que vive el Gobierno.

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Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda hace una reflexión sobre el momento que vive el Gobierno.
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Sábado, 18 de Marzo de 2023

Aunque el presidente Petro ha mantenido la serenidad en medio de la tormenta –cosa que quedó en evidencia por la forma en que respondió las preguntas en la larga entrevista para la revista Cambio–, el nivel de preocupación de los colombianos frente a su gobierno sigue al alza. La serenidad del Presidente no se traduce en moderación, sino en todo lo contrario. Por eso, las personas se preguntan: ¿qué va a pasar? ¿Para dónde vamos?

Se ha instaurado una forma de gobernar basada en el uso constante de los anuncios. Esto hace que la atención de la opinión pública no pueda enfocarse en ningún punto. En principio, eso favorece al Gobierno, pero a la postre acabará perjudicándolo. Dadas las dificultades para materializar la gran cantidad de promesas –desde la Paz total hasta la compra de predios, pasando por el nuevo modelo de salud, solo para mencionar unos pocos–, las brechas entre expectativas y realidad irán creciendo día a día. Esto va a generar una creciente insatisfacción.

Tampoco han ayudado las revelaciones sobre las actividades del hijo del Presidente –según el minucioso relato de su exesposa– que, por decir lo menos, dejan las banderas de la lucha contra la corrupción a media asta.

A este panorama hay que sumar las múltiples iniciativas que convierten al sector privado en actor de reparto. En muchos frentes, incluyendo varios en los que no hay una clara justificación, el Estado será el protagonista.


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No sorprende entonces que hayan subido los decibeles de quienes consideran que hay que emprender la retirada. Esto, en mi opinión, no solo es una exageración, sino que sería un gran error. Si ese tipo de tesis hace carrera, lo único que garantizaremos es que las profecías más pesimistas acaben convirtiéndose en realidad.

Para asegurar que tomamos el camino de regreso hacia las políticas de centro –con las que Colombia ha avanzado mucho más que otros países, y mucho más de lo que reconoce el Presidente de la República– se requieren dos ingredientes. Primero, una economía sólida que genere empleo, cosa que solo puede hacer el empresariado. Segundo, un respaldo unánime a las instituciones que delimitarán el perímetro dentro del cual se puede mover el Gobierno. Buena economía y buenas instituciones son el blindaje que debemos fortalecer.

Esto es, en cierto sentido, lo que está pasando en Chile, donde el presidente Boric se ha convertido en una figura más conciliadora y moderada. Sin abandonar su lucha por la justicia social, ha tendido puentes hacia sectores que hasta hace poco eran sus principales opositores. La nueva Constitución, que seguramente será muy distinta a la que el pueblo mismo rechazó, reivindicará sectores vulnerables y excluidos, sin socavar las bases de un modelo económico edificado alrededor de la iniciativa privada. A lo mejor, el modelo chileno –ya no el neoliberalismo de la era Pinochet, sino un socialismo moderno–, será el referente a seguir por otros líderes de la izquierda latinoamericana. Ojalá sea así, y que los vientos del sur lleguen a nuestro país.


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Es bueno que lo que ocurre en otras latitudes sea tenido en cuenta por nuestro Congreso. Sería un hito para la democracia que el Legislativo dé muestras de independencia, y que fuese la razón –no el voluntarismo del Gobierno, ni las pasiones de los opositores– la que se imponga en los intensos debates por venir. Hay mucho por corregir en los proyectos de ley que tienen entre manos. Ojalá que las bancadas primero escuchen a los expertos.

Históricamente, los congresistas colombianos han trabajado sobre la base de que las posiciones que adoptan frente a las leyes que tramitan no tienen consecuencias en materia electoral.

Eso ya no es así: los errores que cometan a la hora de aprobar leyes que hagan retroceder al país tendrán costos electorales. El país está más atento que nunca.
Si las reformas no se corrigen, la historia será implacable con quienes las aprueben. Llegó la hora para que el Congreso mejore su juego.

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En Norte de Santander hay 145.000 empresas en sector informal y 60.000 en el formal.
Leonardo Oliveros
Leonardo Favio Oliveros

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) viene analizando cómo puede transformar la economía en una actividad de conocimiento, innovación y con la actuación importante de las universidades.

Jairo Pulecio Franco, presidente de la Junta Directiva de Acopi nacional y gerente de la Zona Franca de Cúcuta, señaló que esperan que el Gobierno nacional comprenda la necesidad que se tiene de que haya una política dirigida a la base empresarial, que es el 99% de este sector.


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“Para el caso de Cúcuta, nosotros tenemos 60.000 empresas formales y 145.000 informales, que son unidades productivas que generan empleo. Ahí está el potencial que podemos trabajar. Según las estadísticas, de cada diez empresas formales, siete se cierran en cinco años, las otras (informales) están durando más de 10 años”.

Pulecio destacó que sí hay longevidad en la unidad empresarial, pero algo está pasando, que impide que permanezca en largo plazo.

Los retos 

Jairo Pulecio Franco manifestó que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen muchos retos por delante, como analizar los impactos que pueden traer las reformas laboral, pensional y a la salud, porque se está cambiando el escenario jurídico, lo que genera inestabilidad y afecta la inversión.

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(Jairo Pulecio Franco, presidente de la Junta Directiva de Acopi nacional. Foto Leonardo Favio Oliveros/La Opinión)

Para Rosmery Quintero, presidenta ejecutiva de Acopi nacional, el sector tiene que recuperar la capacidad productiva, el tejido empresarial transformador, una agroindustria más evolucionada y ver cómo, desde los territorios, pueden tener esas grandes oportunidades.

La dirigente gremial indicó que Acopi se autodenominó, desde el año pasado, representante de la economía popular, la cual refleja una gran realidad, porque Colombia es un país de pequeñas unidades productivas, existen 1.400.000 microempresas formales.


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Sin embargo, hay más de 5 millones de microestablecimientos identificados por el DANE, en donde prima la vulnerabilidad en su estructura, la falta de oportunidades y de instrumentos tecnológicos y las herramientas que pueden potenciar su desarrollo.

“Con el ministro (Umaña) y todo su equipo estamos prestos a fortalecer ese gran tejido social. Estamos haciendo unos ajustes a nuestros estatutos para seguir representando a la micro, pequeña y mediana empresa y a la economía popular”, aseguró la presidenta ejecutiva nacional de Acopi.

Sobre la política de reindustrialización, que expuso el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, ayer en Cúcuta, reconoció que esa cartera está asumiendo unos retos de transición energética que requieren mucha capacidad institucional, recursos y tiempo.

Quintero destacó que reactivar la economía popular en zonas como el Catatumbo requiere de la participación de la comunidad, ver qué entes del Estado existen y analizar la infraestructura para satisfacer las necesidades básicas de agua potable, alcantarillado y alimentación. De allí partirán los planes de intervención.


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La presidenta ejecutiva de Acopi expresó que va a ver mucha oportunidad para los jóvenes, con el fin de que tengan un proceso de formación diferente, que corresponda a los de reindustrialización y la economía popular.

Política de reindustrialización 

El ministro Germán Umaña explicó cómo las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un rol protagónico en el desarrollo de la transición energética sostenible, que es la primera base productiva de la política de reindustrialización. Por eso, le apuestan a los procesos de reciclaje.

La segunda base es la soberanía alimentaria y la agroindustria, en donde son relevantes las apuestas agrícolas con un mejoramiento de las minicadenas rurales. 


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El tercer punto es la salud, que busca impulsar la investigación para que el país desarrolle medicinas.

El cuarto es la reindustrialización para la defensa, que pretende que las capacidades de la industria militar sean aprovechadas para desarrollar los sectores astillero y aeronáutico. 

Y el quinto es territorialidad, con el fin de incluir a los territorios y sus necesidades.


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