La Ley es dura pero es la Ley, decían los antiguos romanos. Ellos sabían que a veces la Ley y los fallos son injustos porque amparan a quienes más tienen, y ese amparo resulta inalcanzable para los que menos tienen, que son la mayoría. Hay que trabajar para que eso cambie.

Para la muestra un botón: acaba de solicitar el Señor Alcalde una autorización al Concejo Municipal para cumplir un fallo judicial que resuelve una Acción Popular y ordena la apertura de una vía en el Barrio Quinta Bosch. La Acción Popular fue iniciada en 2004 contra el Municipio de Cúcuta por Néstor Javier Ardila Lozada, cercano y viejo amigo del actual alcalde y hoy su Secretario de Tránsito. En ese año vivía aun el exalcalde Cuadros, ya en ese entonces suegro del alcalde actual, y propietario de los terrenos adyacentes a la vía cuya apertura demandaba Javier Ardila obrando como Actor Popular.

Fallada en favor del demandante en diciembre de 2011, fue notificada al Municipio de Cúcuta en marzo de 2012. El fallo, que ampara derechos e intereses colectivos al goce del espacio público, ordena que el Municipio “adelante las actuaciones administrativas, bien sea por medio de la negociación directa o de la expropiación administrativa y adquiera la propiedad del lote de terreno que impide la continuidad de la vía pública ubicada entre la calle 0 y las avenidas 0 y 1E, y una vez adquirido proceda a hacer las obras para abrir la vía.” Se trata de un lote de 613 metros cuadrados cuyo precio se acerca a 430 millones, más lo que cueste la construcción de la calle.

En una ciudad llena de pobreza y necesidades sociales que exigen la acción inmediata del Estado, hay muchas razones para discutir la validez y la justicia de los derechos colectivos que el Juez decidió hacer valer al ordenar la apertura de la vía en el barrio Quinta Bosch adyacente a los terrenos de los sucesores del exalcalde Cuadros, cuyo nombre figura por cierto en el expediente. Sin embargo, a la luz de razones puramente legales, el hecho de tener un parentesco político con el actual alcalde no afecta la decisión ni le resta obligatoriedad.

Lo que no es una coincidencia, según mi manera de ver las cosas, es que el Municipio de Cúcuta, al ser notificado de la decisión de primera instancia tomada en su contra por el Juez Quinto Administrativo en marzo de 2012, accediendo a la demanda de quien ya en ese entonces era Secretario de Tránsito Municipal, no hubiera decidido apelar el fallo, al menos para salvar al Alcalde de la sospecha de haber sido promotor oculto de una Acción Popular, que digan lo que digan, valoriza activos inmobiliarios que son propiedad de su familia política.  

Le recuerdo al Alcalde que es su obligación agotar todas las instancias de defensa judicial para salvaguardar el patrimonio del Municipio. El mismo consejo vale para el caso de la tutela contra el Laudo que nos condenó en favor de Proactiva, contra el cual su administración inició la Acción de Tutela que después decidió no apelar, una vez fue derrotada en primera instancia. Ese hecho invalida sus afirmaciones vociferantes según las cuales fue él mismo, mediante los abogados del Municipio, quien solicitó la medida que suspende provisionalmente un acuerdo de

pago por 18 mil millones que él nunca ha debido firmar. Esa medida la solicité yo, y es ante mi solicitud que la Corte Constitucional la resuelve, negándomela por no ser parte procesal pero acogiendo mis razones y dictándola de oficio, así el alcalde diga lo contrario. Ahora no puede girarle a Proactiva ni un peso, lo que parece molestarle.

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