El reinicio de las actividades presenciales en Venezuela está previsto para la tercera semana de octubre, según lo anunciado desde Caracas por el presidente Nicolás Maduro; en Táchira sin embargo, gremios, maestros y sociedad civil solicitaron ante instancias gubernamentales condiciones mínimas para el retorno de los estudiantes a las aulas. 

Coinciden en que el abrumador deterioro de las infraestructuras educativas, aunado a la paralización del Programa Alimentario Escolar (PAE) y la falta de dotación de insumos de bioseguridad para estudiantes, administrativos y maestros, constituyen los principales obstáculos para un seguro regreso a las aulas de clase. 

Es por ello que representantes de la sociedad civil, entregaron ante la Defensoría del Pueblo y la Zona Educativa Táchira los resultados de su más reciente Consulta, que desnuda las fallas del sector en sus diferentes niveles. 

Gladys Chacón explicó que la paralización que desde hace más de dos años registra el PAE, viola el derecho de los niños venezolanos a una alimentación balanceada. 

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“El PAE ya no llega a ninguna de las escuelas, ni siquiera a las de la ciudad capital, mucho menos a las de municipios foráneos y en los últimos tiempos en que se recibía, tampoco cumplía con los parámetros nutricionales pues 80% del programa ofrecía a los niños menús con alto contenido de harinas y un muy pobre o nulo contenido proteico”, aseguró.  

Chacón manifestó que este tipo de situaciones afecta de manera negativa el desarrollo cognitivo de los infantes. 

Mackler García, director (e) de FundaRedes, también denunció las precarias condiciones salariales de los maestros y mencionó cifras de la más reciente consulta realizada por el Observatorio de Educación de su organización, a más de 500 docentes en toda Venezuela. 

El estudio afirma que más de 90% de los docentes encuestados no reciben ningún apoyo económico, ni en bolívares, ni en otra moneda, ni tampoco cuentan con seguro HCM, la seguridad social se desvaneció junto a los demás beneficios, “realidad que los hace vulnerables ante cualquier situación de salud que se les presente”.  

De los 524 docentes encuestados, 250 cuenta con títulos de cuarto nivel, lo que según García “evidencia la existencia de un personal preparado, con alto nivel de instrucción cuya capacidad pudo haber sido aprovechada para asumir el reto de una verdadera educación de calidad bajo la modalidad a distancia”.

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Gustavo Velazco, coordinador de la Alianza sindical y gremial de los docentes del estado Táchira, recordó que las pésimas condiciones en las que se encuentra la infraestructura de los planteles educativos, las cuales representan un riesgo para docentes, estudiantes y personal administrativo. 

Enfatizó que, durante el fin de semana largo del 12 de octubre, colapsó el techo del liceo Dr. Rafael Fernández Belardi, en la población de Seboruco, lo que constituye “una evidencia del riesgo de regresar a clases presenciales sin una verdadera política de recuperación de la infraestructura escolar que lleva más de 10 años abandonada por el Estado venezolano”, indicó. 

Junto a directivos de diversos gremios educativos acudieron ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), para exigir, no sólo una exhaustiva revisión de las condiciones estructurales de las escuelas y liceos del estado Táchira, sino también los ajustes necesarios en relación a la pandemia, mediante la dotación de mecanismos de bioseguridad en las instituciones educativas.  

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