El 20 de julio de 2006, en medio de las celebraciones patrias, a los cucuteños los estremeció la masacre cometida por militares en el estado Apure (Venezuela), donde una familia de colombianos, perdió la vida, y dos niñas sobrevivieron quedando huérfanas.
Hoy, 9 años y 2 meses después, “No ha pasado nada”, relata Mauricio Morales, quien es mecánico de volquetas y único familiar residente en Cúcuta, quien para la época se encargó de la repatriación de los cadáveres de su hermana, de su cuñado, de un primo y de sus dos pequeños sobrinos, de 6 y 9 años. Además, acogió a sus sobrinas de 4 y 2 años, quienes siguen siendo menores de edad.
Mauricio se refiere a que luego de las promesas incumplidas por parte de los gobiernos de Colombia y Venezuela de esclarecer conjuntamente los hechos e indemnizar a las niñas para un mejor futuro. A la fecha, solo un soldado venezolano (Lino Yeferson Lira Rodríguez), fue condenado por estos hechos y nunca llegó la esperada compensación económica.
“En Cúcuta, no pudimos mantener a las niñas por falta de recursos. Inicialmente, estuvieron con mi madre en Aguachica (Cesar), pero ella murió. Entonces, una hermanastra mía se las llevó para Maicao (Guajira)” señaló.
Según Mauricio, ni el abogado Andrés Pernía Mora, quien los representó en Venezuela, ni Walter Márquez, exdiputado de la Asamblea Nacional Venezolana, quien prestó asesoría en este caso, volvieron a aparecer o a comunicarse con la familia.
“Solo el primer año el abogado estuvo llamándonos, pero no volvimos a tener contacto. Yo asistí a las primeras audiencias en el juicio contra el soldado, pero un día el abogado me aseguró que si seguía entrando a Venezuela me declaraban objetivo guerrillero y no pude volver. Me dijo que yo corría peligro y que si me mataban no era culpa de él”, relató Mauricio.
Cierto o no. Cinco meses después de la masacre, sobrevinieron dos atentados contra Mauricio en el centro y en la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta, que terminaron por hacerlo entender que era mejor dejar las cosas quietas. La Policía Metropolitana le prestó un servicio de seguridad, que no duró mucho tiempo.
“No se sabe si hubo indemnización. Por parte del gobierno colombiano se buscó ayuda de la Cancillería, pero no pasó nada. En su momento, nos ayudó el cónsul de Colombia en San Cristóbal, Mario Álvarez Celis”, recordó Mauricio, quien agrega que ahora sus sobrinas partieron con su hermanastra rumbo a Santa Marta y desconoce su paradero.
“El general Víctor Mora y el exministro Jesse Chacón de Venezuela pactaron muchas cosas, entre las cuales nunca llegó ayuda económica para las niñas huérfanas. Pues, el caso ocurrió allá y fue a manos del Ejército venezolano la masacre”, agregó.
Los hechos
La masacre ocurrió en Los Pájaros, entre El Nula y La Victoria, estado Apure (Venezuela), donde perdieron la vida la hermana de Mauricio, Flor María Morales Lizarazo, de 32 años, natural de Aguachica (Cesar); su compañero Pedro Moreno Florián, de 41, de Chimichagua (Cesar), y sus dos primeros hijos.
También murió Ovidio Naranjo Lizarazo, de 21, natural de Aguachica, empleado de la finca y primo hermano de Flor, y tres venezolanos adultos identificados como Jennifer Chacón, Jenny Maribel Pabón y Fernando Díaz.
Kenny Cáceres Colmenares, quien era el propietario de la finca donde ocurrieron los hechos y el esposo de Jennifer Chacón, relató que aquel trágico día ella se ofreció a llevarle medicina a unos animales enfermos, pues él se había accidentado días antes quemándose con gasolina.
Jennifer Chacón le pidió a la amiga Jenny Maribel Pabón que la acompañara. También iba Fernando Díaz, chofer de la familia, y Ovidio Naranjo.
En la tarde me comuniqué con la finca y me contestó la niña (sobreviviente) y me dijo que los habían matado a todos, relató Kenny.
Las primeras investigaciones de las autoridades venezolanas señalan que los seis adultos y dos niños fueron encañonados, amarrados y trasladados a un lugar retirado para matarlos y luego quemarlos, mientras las dos niñas, más pequeñas, permanecieron dentro de un rancho al cuidado de un presunto militar.
Kenny dijo que contrató a la familia colombiana en Puerto Santander para trabajar en la finca por intermedio de un conocido que los recomendó.
El militar
Aunque el soldado venezolano Luis Yeferson Lira Rodríguez, en audiencia preliminar. acusó a diez soldados del Ejército de Venezuela y a un teniente como partícipes en el mismo hecho, en julio de 2007, solo él fue condenado a 30 años de cárcel como autor de la masacre.
La jueza Nelly Mildred Ruiz sentenció a pena máxima a Lira Rodríguez, por homicidio calificado por motivos fútiles y nobles con alevosía e incendio y uso indebido de arma de reglamento.
En el juicio, Luis Yeferson Lira Rodríguez se abstuvo de declarar, para hacerlo a último momento.
En un principio, aparentó una enfermedad mental. Después de proclamarse inocente, manifestó que estuvo en el hecho y que disparó. Estas afirmaciones sirvieron para que los sicólogos lo consideraran normal, física y mentalmente.
Igualmente, se determinó que el arma utilizada por Lira Rodríguez corresponde a un FAL automático liviano FN, calibre 7.62, serial 3789, con 5 cargadores de bala 7.62.
Luis Lira cumple la sentencia en el Centro Penitenciario de Occidente, con sede en Santa Ana, adonde fue trasladado luego del juicio.