Haberle pedido dinero a una persona que está inmersa en un proceso penal, para frenarle una medida cautelar que hay de embargo y secuestro contra unos bienes, fue el mayor ‘pecado’ de Semana Santa de Juan Carlos Campo Fernández, juez especializado de extinción del derecho de dominio del circuito de Cúcuta.

Y es que el administrador de justicia no contaba con que su ‘cliente’ lo iba a denunciar ante la Fiscalía y grabaría toda la conversación que tendrían cuando le pediría $600 millones para ‘arreglarle’ ese proceso, para usarlo como una prueba contundente en su contra.

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Fue así como el Gaula Militar y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) recibieron la orden de captura por concusión y la ejecutaron el mismo día que recibiría 50 millones de pesos, que harían parte del dinero solicitado a la víctima.

Según el ente acusador, Campo Fernández le dijo a su ‘cliente’ que si aceptaba el arreglo, debía entregarle el dinero en tres contados, primero $50 millones para cerrar el ‘negocio’; luego, en 20 días, le darían $250 millones y la plata restante ($300 millones) la debía entregar en un mes.

El juez capturado es natural de La Guajira y tendría su despacho en Cúcuta, donde adelanta procesos penales por extinción de dominio, lo que le ha generado muchas dudas al ente investigador sobre los casos que están a su cargo.

Cabe resaltar que en la capital de Norte de Santander existen dos juzgados especializados de extinción del derecho de dominio.

Así se dio todo

En las audiencias concentradas, que se dieron ayer en la tarde, ante un juez de Bucaramanga (Santander), se conoció que la mañana del pasado 23 de marzo, un hombre contactó al abogado de la persona que tiene afectados sus bienes con medidas cautelares de extinción de dominio para que se encontrara con Juan Carlos Campo, y así llegar a un ‘arreglo’ y evitar que pasaran a manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Fue así que hacia las 4:00 de la tarde, el abogado recogió al juez Campo Fernández que se encontraba hospedado en un reconocido hotel en Bucaramanga, para hablar cómo podrían evitar que los bienes fueran afectados por una decisión final.

Después de un recorrido de más de dos horas en vehículo por Bucaramanga, el juez le contó al abogado cómo sería el ‘negocio’ y que debía pagarle $600 millones. Toda la conversación quedó grabada.

A partir de ahí, el juez Juan Carlos Campo se comunicó en varias oportunidades con el abogado para ver qué decisión tomó su cliente para finiquitar el ‘negocio’, pero cada vez que hablaban, el funcionario no se dio cuenta que lo estaban grabando.

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El 26 de marzo, el especialista en derecho puso la denuncia ante la Fiscalía, entregando los audios y unos chats de WhatsApp que tenía hasta ese momento, fue así como el ente investigador inició las pesquisas hasta capturarlo cuatro días después.
 
La detención del juez Juan Carlos Campo se dio en Bucaramanga, minutos después de haber recibido parte del dinero solicitado para arreglar un proceso de extinción de dominio. 

La investigación la adelantó un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción.

Dentro de las pesquisas, “los investigadores habrían logrado recopilar suficiente material probatorio para evidenciar que el funcionario judicial habría aprovechado su cargo para solicitar a un abogado el pago de 600 millones de pesos para emitir un fallo favorable en un proceso de extinción del derecho de dominio”, así lo afirmó la Fiscalía.
 
Añadió: “al parecer, le solicitó al abogado que retirara una apelación presentada y nuevamente radicara la petición de levantamiento de la medida cautelar. En ese momento, él, de acuerdo a sus competencias y acorde a sus funciones, entregaría un fallo en favor del cliente del abogado”.

Al cierre de esta edición el funcionario era presentado ante un juzgado con función de control de garantías y Juan Carlos Campo no se allanó a los cargos y prefirió irse a juicio, a pesar de que la Fiscalía dio a conocer los audios.

La captura

Con todo ese material probatorio que tenía la Fiscalía, solicitó la orden de captura, la cual ejecutó la mañana del sábado, en un establecimiento público donde el juez Campo se encontró con el abogado y la persona a la que le exigía el pago millonario.

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Luego de que le entregaron al juez los $50 millones, las unidades del CTI y Gaula Militar salieron de donde se encontraban escondidos y lo detuvieron en flagrancia. 

¿Más implicados?

Esta detención podría dar paso a la apertura de una ‘olla podrida’ que posiblemente habría en procesos de extinción de dominio, pues hay fuentes extraoficiales que señalaron que alrededor de esos casos se darían situaciones muy extrañas.

Por eso, la Fiscalía tratará de corroborar algunas versiones que apuntan sobre un grupo de personas, entre ellos especialistas en derecho, que estarían inmersos en esos procesos, que al final terminarían beneficiando a los implicados.

Además, se estaría pensando en solicitar la revisión de los procesos que llevaría el juez detenido, para ver si habría algo extraño.

Cabe recordar que en septiembre de 2019, en el despacho del entonces alcalde de Cúcuta César Rojas, tomó posesión Juan Carlos Campo Fernández, en el cargo de Juez Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio, en provisionalidad. En virtud de lo dispuesto en la Resolución No. 424 del 23 de septiembre de ese año.

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