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~Si en determinadas circunstancias la Justicia no genera la suficiente
confianza, es fácilmente explicable que se acuda a otras formas de
sanción, a otras instancias, a otros tribunales. Así, si la Justicia de Colombia no es capaz de garantizar que es justa y
oportuna, lo lógico es que ocurra lo que está sucediendo: que la muy
respetable Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) se esté
convirtiendo en el tribunal para plantear todo tipo de casos contra la
Nación colombiana.~
Si en determinadas circunstancias la Justicia no genera la suficiente confianza, es fácilmente explicable que se acuda a otras formas de sanción, a otras instancias, a otros tribunales.
Así, si la Justicia de Colombia no es capaz de garantizar que es justa y oportuna, lo lógico es que ocurra lo que está sucediendo: que la muy respetable Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) se esté convirtiendo en el tribunal para plantear todo tipo de casos contra la Nación colombiana.
De acuerdo con un informe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en los dos últimos años, el número de peticiones colombianas que esperan algún tipo de reparación por parte del Estado ha crecido 37 por ciento en la Cidh. Hoy hay 1.614 demandas contra Colombia “pendientes de estudio” en la corte interamericana.
Solo que algunos casos planteados ante ese tribunal internacional son tan fuera de lo común como compensaciones por licencias de construcción no otorgadas o divorcios e interdicciones y hasta declaratorias de insubsistencia.
En cierto modo, algunos colombianos está convirtiendo a la Cidh es una especie de comisaría de barrio de alto nivel, donde esperan encontrar una respuesta a peticiones que consideran justas y que muy probablemente han sido negadas en Colombia o que tal vez ni siquiera han sido expuestas ante un juez de nuestro país.
Pero, ¿por qué razón surge la Cidh como alternativa a la Justicia colombiana? Sin duda, porque genera más confianza y tiene una imagen de seriedad y de justedad de las que carece la nuestra, tan cuestionada por actores de todos los sectores sociales, pobres, ricos, ilustrados, analfabetas, hombres, mujeres…
Solo basta ir dos días atrás y recordar lo sucedido con los exámenes para reclutar nuevos jueces: denuncias sobre venta de los test quedaron sin respuesta por parte de los organismos encargados de investigar y sancionar a los responsables. Si los jueces hacen trampa y nada pasa, ¿quién confiará en sus veredictos? Nadie, sin dudarlo.
¿Cómo pedirles a los ciudadanos que confíen en una Justicia que trata con guante de seda a peligrosos delincuentes de cuello blanco, que han robado miles de millones del erario, pero que al mismo tiempo envía a la cárcel a un hombre que robó unas tabletas de caldo de gallina para comer?
O ¿cómo insistir en que acudan a los tribunales colombianos, cuando un juez pone a un campesino en la cárcel por pegarle unos puñetazos a alguien, mientras otro permite que ex altos funcionarios del Estado se vayan para el extranjero, en tanto que argumentan falta de garantías?
¿Cómo pretender que los casos se ventilen en los tribunales colombianos, cuando durante un mes largo los jueces y los empleados están cumpliendo un paro ilegal durante el cual no se mueve una hoja de papel en los despachos?
¿Quién les dirá a esos colombianos que prefieren la Cidh que sus demandas irán a buen paso en unos despachos judiciales donde todo avanza en la medida del espectáculo mediático promovido por acusadores y defensores de primerísimo nivel de reos y víctimas, como el extralargo proceso por la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares?
¿De qué Justicia querrán oír esos demandantes que van al extranjero, si la que les corresponde es capaz de enviar a la casa en espera del juicio a un individuo que, henchido de licor o en desarrollo de un “pique” con otro motorizado, mata a cuatro personas en la carretera, mientras los parientes de las víctimas lloran y suplican que al menos les escuchen lo que tienen que decir?
Y ¿qué Justicia pueden esperar de una Corte Suprema cuya presidenta y cuyos magistrados se van todos, de golpe y sin explicaciones lógicas, a un crucero bajo el ardiente sol del Caribe, con permiso remunerado y acompañados todos por un abogado que aspiraba a ser magistrado de esa corporación?
La verdad, no hay argumento que valga, ni Justicia que lo merezca.
Así, si la Justicia de Colombia no es capaz de garantizar que es justa y oportuna, lo lógico es que ocurra lo que está sucediendo: que la muy respetable Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) se esté convirtiendo en el tribunal para plantear todo tipo de casos contra la Nación colombiana.
De acuerdo con un informe de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en los dos últimos años, el número de peticiones colombianas que esperan algún tipo de reparación por parte del Estado ha crecido 37 por ciento en la Cidh. Hoy hay 1.614 demandas contra Colombia “pendientes de estudio” en la corte interamericana.
Solo que algunos casos planteados ante ese tribunal internacional son tan fuera de lo común como compensaciones por licencias de construcción no otorgadas o divorcios e interdicciones y hasta declaratorias de insubsistencia.
En cierto modo, algunos colombianos está convirtiendo a la Cidh es una especie de comisaría de barrio de alto nivel, donde esperan encontrar una respuesta a peticiones que consideran justas y que muy probablemente han sido negadas en Colombia o que tal vez ni siquiera han sido expuestas ante un juez de nuestro país.
Pero, ¿por qué razón surge la Cidh como alternativa a la Justicia colombiana? Sin duda, porque genera más confianza y tiene una imagen de seriedad y de justedad de las que carece la nuestra, tan cuestionada por actores de todos los sectores sociales, pobres, ricos, ilustrados, analfabetas, hombres, mujeres…
Solo basta ir dos días atrás y recordar lo sucedido con los exámenes para reclutar nuevos jueces: denuncias sobre venta de los test quedaron sin respuesta por parte de los organismos encargados de investigar y sancionar a los responsables. Si los jueces hacen trampa y nada pasa, ¿quién confiará en sus veredictos? Nadie, sin dudarlo.
¿Cómo pedirles a los ciudadanos que confíen en una Justicia que trata con guante de seda a peligrosos delincuentes de cuello blanco, que han robado miles de millones del erario, pero que al mismo tiempo envía a la cárcel a un hombre que robó unas tabletas de caldo de gallina para comer?
O ¿cómo insistir en que acudan a los tribunales colombianos, cuando un juez pone a un campesino en la cárcel por pegarle unos puñetazos a alguien, mientras otro permite que ex altos funcionarios del Estado se vayan para el extranjero, en tanto que argumentan falta de garantías?
¿Cómo pretender que los casos se ventilen en los tribunales colombianos, cuando durante un mes largo los jueces y los empleados están cumpliendo un paro ilegal durante el cual no se mueve una hoja de papel en los despachos?
¿Quién les dirá a esos colombianos que prefieren la Cidh que sus demandas irán a buen paso en unos despachos judiciales donde todo avanza en la medida del espectáculo mediático promovido por acusadores y defensores de primerísimo nivel de reos y víctimas, como el extralargo proceso por la extraña muerte de Luis Andrés Colmenares?
¿De qué Justicia querrán oír esos demandantes que van al extranjero, si la que les corresponde es capaz de enviar a la casa en espera del juicio a un individuo que, henchido de licor o en desarrollo de un “pique” con otro motorizado, mata a cuatro personas en la carretera, mientras los parientes de las víctimas lloran y suplican que al menos les escuchen lo que tienen que decir?
Y ¿qué Justicia pueden esperar de una Corte Suprema cuya presidenta y cuyos magistrados se van todos, de golpe y sin explicaciones lógicas, a un crucero bajo el ardiente sol del Caribe, con permiso remunerado y acompañados todos por un abogado que aspiraba a ser magistrado de esa corporación?
La verdad, no hay argumento que valga, ni Justicia que lo merezca.
