El anuncio presidencial de que el Gobierno dotará al país de un nuevo régimen de salud que haga honor a los principios constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad, amerita, además del natural apoyo desprevenido de los colombianos... El anuncio presidencial de que el Gobierno dotará al país de un nuevo régimen de salud que haga honor a los principios constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad, amerita, además del natural apoyo desprevenido de los colombianos, la activa participación en el debate de todos los gremios que tienen que ver con el sector de la salud: médicos, pacientes, EPS, aseguradoras y todos y cada uno de los gestores públicos y privados de los servicios hospitalarios del país.

De entrada, y mientras se conocen en detalle los alcances de la reforma, la dimensión del reto inherente a los cambios esbozados por el presidente Juan Manuel Santos es apenas colosal, si se tienen en cuenta las dificultades fiscales y el sinnúmero de intereses que se cruzan para hacer viable el trazado de un nuevo sistema de sanidad que, a juzgar por las palabras del primer mandatario el viernes, se asemeja más a los modelos de la seguridad social propios de los países desarrollados que a la tozuda realidad de nuestro entorno socio-económico.

Este planteamiento no es, ni mucho menos, una exaltación del escepticismo, lo que sería inconveniente en momentos en que la necesidad de una reforma a fondo del sector de la salud se ha tornado acuciante, según lo reconocen todos los agentes involucrados en un modelo asediado por todo tipo de problemas, entre los cuales la insolvencia financiera es a la vez causa y consecuencia de la crisis integral del sistema.

En esa línea, el propio presidente ha reconocido que la consecución de la reforma plantea una “ruta crítica” cuya meta solo es alcanzable mediante la vuelta a “los principios y valores”, según los cuales “la salud no puede ser un negocio (…) sino un servicio social y un derecho de los colombianos”.

Son muchas, pues, las variables a tener en cuenta en un debate que, según ha trascendido, será más de resorte del Ejecutivo que del Congreso, como quiera que muchas de las modificaciones al sector se harán mediante decretos y no a través de proyectos de ley, dentro de lo cual los interlocutores principales del Gobierno serán los profesionales de la medicina a través de sus asociaciones, por encima de los empresarios de las EPS.

En ese orden de ideas, no es posible subestimar el hecho de que los bocetos de lo que será la reforma a la salud hayan sido dados a conocer por el Presidente en un acto en la Casa de Nariño al que compareció acompañado de las principales asociaciones científicas y sindicales del sector de la salud en el epílogo de un discreto proceso de consenso con estos gremios. Dicho gesto connota, además del interés gubernamental por obviar el trámite parlamentario, la importancia que en ese debate quiere darle el Gobierno a todo cuanto significa el rescate de la autonomía de los médicos como criterio principal en la prestación de los servicios de salud.

La obligatoriedad que tendrían los centros asistenciales de atender a todos los pacientes por todo tipo de enfermedades, contempladas o no hoy en el POS, entraña, por sí misma, una revolución en la historia de la salud en Colombia. La materialización de tal escenario plantea desafíos enormes, principalmente presupuestales y tributarios si se acepta desde ya, como parece, la incapacidad estructural que tiene el sector contributivo de subsidiar a los sectores más vulnerables de la población, base del actual sistema. Y, por supuesto, en esta reforma no debe ni puede estar ausente la lucha contra todas las formas de corrupción, responsables en gran parte por el descalabro del sector.