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Innegablemente es indispensable efectuar una reforma a la tutela en el sentido de reglamentar en debida forma cuando se puede presentar y sobre todo cual funcionario es competente para conocer de ciertas clases de tutelas.
Esto atañe a casos especiales, como lo que aconteció no hace mucho tiempo con el Alcalde de Bogotá, sobre el cual se presentaron cantidades de tutelas, saliendo contradictorios los fallos, lo que no beneficia a la administración de justicia, pues, esto rompe con la unidad nacional y deja deteriorada la imagen de la misma.
Evidentemente, la mayor conquista de la Constitución Política del año 91 fue la creación de este mecanismo constitucional que ampara los derechos fundamentales y que sobre todo ha permitido a las personas perjudicadas con decisiones arbitrarias o a las que no se les responde oportunamente lo que requieren, acudir a este mecanismo de trascendental importancia.
Es muy común criticar la demora en la administración de justicia, pero, así como se ha beneficiado el pueblo con la tutela, también ha generado congestión en los despachos judiciales, tornando lenta la acción de la justicia que debe ser eficiente, eficaz, así como rápida.
Lamentablemente es el mismo Estado, el que genera este cuello de botella, al ser sus diferentes organismos los que no responden oportunamente las peticiones que se les elevan o al no brindar de manera adecuada y oportuna las garantías para un adecuado funcionamiento del sistema de salud o de pensiones de manera especial.
Es inaudito, por decir lo menos, que en el sistema pensional se demoren seis meses o más para ordenar la sustitución pensional al cónyuge sobreviviente, cuando el plazo legal es de dos meses, lo que atenta contra los derechos de personas de edad avanzada por regla general, que ven con angustia como el soporte económico de un hogar no llega causando así inmensos perjuicios a los integrantes del núcleo familiar que dependan económicamente de ese ingreso.
Iguales vivencias padecen quienes aspiran después de haber laborado por 20, 25 o más años bien al Estado o entidades particulares, de entrar a gozar de una merecida y justa pensión, que no se caracterizan por ser precisamente altas, sino la regla general es que el 80% de la población que accede a este beneficio, apenas entra a disfrutar de un salario mínimo como único medio de subsistencia.
O que decir de la angustia por no obtener respuesta oportuna, seria y concreta de las entidades gubernamentales, a los derechos de petición, que eleven, debiendo recurrir al mecanismo de la tutela para buscar el reconocimiento de sus derechos.
Y en materias de salud, es vergonzosa la situación, son los jueces, los encargados de ordenar operaciones o que se le brinde a las personas un adecuado servicio para que vivan en condiciones mínimas de dignidad, tratamiento que debe ser integral en aras de lograr al menos estabilizar a un paciente si la enfermedad es terminal o irreversible.
Es elevado el número de tutelas en materia de salud, lo que evidencia la falta de presupuesto en muchas ocasiones para dar el servicio requerido, siendo evidente la falta de gestión y de interés del gobierno por solucionar este delicado problema.
En síntesis, la tutela no es mala, la falla radica esencialmente es en el Estado Colombiano, que no otorga el debido presupuesto para un adecuado funcionamiento de los hospitales y clínicas, obligando al usuario de la salud, a recurrir a la tutela, para conseguir sus derechos, poniéndose de presente que son las autoridades administrativas y el mismo estado, el culpable del alud de tutelas, por el indebido funcionamiento de los entes encargados de prestar tan importante servicio.
Es acá, donde debemos examinar la escasa atención que presta el Estado a los organismos de salud, mientras se dilapida el presupuesto nacional en actividades políticas o de otra naturaleza, afectando al ciudadano común y corriente.
Por ello, es menester, cambiar de mentalidad y priorizar necesidades del orden nacional, para lograr recuperar los derechos de los ciudadanos del común.
Aprovecho esta columna, para felicitar al gobernador por el arreglo que está realizando a la vía alterna para llegar a Los Patios, como es la carretera de la redoma San Mateo hasta el hogar Santa Rosa de Lima que presentaba un avanzado estado de deterioro.
Y finalmente deseo la mejor de las suertes a nuestra selección en el crucial partido que tiene en la tarde de hoy con Brasil, esperando que siga prodigando alegrías a este sufrido pueblo, que ve como válvula de escape a sus sinsabores y problemas, la gloriosa presentación del combinado patrio en el mundial del Brasil. .
Finalmente, elevamos nuestras súplicas, para que se prorrogue la descongestión judicial, para tratar de lograr que la justicia fluya de manera rápida y efectiva en beneficio de los usuarios de la misma, ya que es al Gobierno a quien le compete hacer las adiciones presupuestales en aras de lograr mantener por otros meses los juzgados que se crearon para tratar de reducir el elevado número de procesos judiciales. .
Esto atañe a casos especiales, como lo que aconteció no hace mucho tiempo con el Alcalde de Bogotá, sobre el cual se presentaron cantidades de tutelas, saliendo contradictorios los fallos, lo que no beneficia a la administración de justicia, pues, esto rompe con la unidad nacional y deja deteriorada la imagen de la misma.
Evidentemente, la mayor conquista de la Constitución Política del año 91 fue la creación de este mecanismo constitucional que ampara los derechos fundamentales y que sobre todo ha permitido a las personas perjudicadas con decisiones arbitrarias o a las que no se les responde oportunamente lo que requieren, acudir a este mecanismo de trascendental importancia.
Es muy común criticar la demora en la administración de justicia, pero, así como se ha beneficiado el pueblo con la tutela, también ha generado congestión en los despachos judiciales, tornando lenta la acción de la justicia que debe ser eficiente, eficaz, así como rápida.
Lamentablemente es el mismo Estado, el que genera este cuello de botella, al ser sus diferentes organismos los que no responden oportunamente las peticiones que se les elevan o al no brindar de manera adecuada y oportuna las garantías para un adecuado funcionamiento del sistema de salud o de pensiones de manera especial.
Es inaudito, por decir lo menos, que en el sistema pensional se demoren seis meses o más para ordenar la sustitución pensional al cónyuge sobreviviente, cuando el plazo legal es de dos meses, lo que atenta contra los derechos de personas de edad avanzada por regla general, que ven con angustia como el soporte económico de un hogar no llega causando así inmensos perjuicios a los integrantes del núcleo familiar que dependan económicamente de ese ingreso.
Iguales vivencias padecen quienes aspiran después de haber laborado por 20, 25 o más años bien al Estado o entidades particulares, de entrar a gozar de una merecida y justa pensión, que no se caracterizan por ser precisamente altas, sino la regla general es que el 80% de la población que accede a este beneficio, apenas entra a disfrutar de un salario mínimo como único medio de subsistencia.
O que decir de la angustia por no obtener respuesta oportuna, seria y concreta de las entidades gubernamentales, a los derechos de petición, que eleven, debiendo recurrir al mecanismo de la tutela para buscar el reconocimiento de sus derechos.
Y en materias de salud, es vergonzosa la situación, son los jueces, los encargados de ordenar operaciones o que se le brinde a las personas un adecuado servicio para que vivan en condiciones mínimas de dignidad, tratamiento que debe ser integral en aras de lograr al menos estabilizar a un paciente si la enfermedad es terminal o irreversible.
Es elevado el número de tutelas en materia de salud, lo que evidencia la falta de presupuesto en muchas ocasiones para dar el servicio requerido, siendo evidente la falta de gestión y de interés del gobierno por solucionar este delicado problema.
En síntesis, la tutela no es mala, la falla radica esencialmente es en el Estado Colombiano, que no otorga el debido presupuesto para un adecuado funcionamiento de los hospitales y clínicas, obligando al usuario de la salud, a recurrir a la tutela, para conseguir sus derechos, poniéndose de presente que son las autoridades administrativas y el mismo estado, el culpable del alud de tutelas, por el indebido funcionamiento de los entes encargados de prestar tan importante servicio.
Es acá, donde debemos examinar la escasa atención que presta el Estado a los organismos de salud, mientras se dilapida el presupuesto nacional en actividades políticas o de otra naturaleza, afectando al ciudadano común y corriente.
Por ello, es menester, cambiar de mentalidad y priorizar necesidades del orden nacional, para lograr recuperar los derechos de los ciudadanos del común.
Aprovecho esta columna, para felicitar al gobernador por el arreglo que está realizando a la vía alterna para llegar a Los Patios, como es la carretera de la redoma San Mateo hasta el hogar Santa Rosa de Lima que presentaba un avanzado estado de deterioro.
Y finalmente deseo la mejor de las suertes a nuestra selección en el crucial partido que tiene en la tarde de hoy con Brasil, esperando que siga prodigando alegrías a este sufrido pueblo, que ve como válvula de escape a sus sinsabores y problemas, la gloriosa presentación del combinado patrio en el mundial del Brasil. .
Finalmente, elevamos nuestras súplicas, para que se prorrogue la descongestión judicial, para tratar de lograr que la justicia fluya de manera rápida y efectiva en beneficio de los usuarios de la misma, ya que es al Gobierno a quien le compete hacer las adiciones presupuestales en aras de lograr mantener por otros meses los juzgados que se crearon para tratar de reducir el elevado número de procesos judiciales. .
