La norma de la Constitución, según la cual “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, debe tener cumplimiento efectivo y no ser letra muerta. La norma de la Constitución, según la cual “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, debe tener cumplimiento efectivo y no ser letra muerta.

En Colombia los diversos grupos armados ilegales y la delincuencia común son generadores de violencia en todas las formas. Atentan sin pausa contra la vida de las personas y ejercen otras acciones para apoderarse de los bienes ajenos y sumarlos ilícitamente como propios.

No obstante la desmovilización de los bloques del paramilitarismo, con entrega de sus armas, la pacificación que se esperaba se quedó a medias. Muchos de los que hicieron parte de esas estructuras reincidieron  vinculándose a nuevas organizaciones criminales. Así nacieron las bandas que  se han desbordado en varias ciudades del país  para la comisión de  una surtida gama de delitos punibles que socavan la seguridad y generan situaciones de extrema preocupación en los diferentes sectores de la sociedad.

Las mismas autoridades han admitido que las bandas criminales  dedicadas a matar, extorsionar  o fomentar el narcotráfico, representan el mayor peligro para los colombianos. La experiencia sobre  las escaladas consumadas en ciudades como Cali, Medellín o Barranquilla es inquietante por las atrocidades que se han cometido. La mayor parte de las masacres que padeció el país en 2010 corresponden a acciones ofensivas de esos grupos que siguen orquestando crímenes de lesa humanidad.
 
Tiene el país que hacerle frente a esa situación y conseguir la erradicación de los grupos emergentes. Al Gobierno   corresponde  ganarle la batalla a esa delincuencia extrema que pretende imponer su dominio sacrificando vidas y apoderándose de bienes arrebatados a sus legítimos dueños. La advertencia del Director de la Policía Nacional Oscar Naranjo sobre la gravedad de esa situación hay que tomarla en cuenta sin más pérdida de tiempo.

Colombia no puede continuar  atrapada en las redes de las organizaciones criminales que operan en función del exterminio de tantos compatriotas.