No va resultar fácil encontrar una verdadera solución al conflicto que hoy en día vive la rama judicial en el país por el tema de la nivelación salarial. Y no va a ser fácil, y me llama la atención que en los diferentes comunicados y entrevistas de los líderes sindicales no se mencione el origen real de la diferencia salarial que lleva a que en los últimos 20 años un sector de la administración de justicia gane más que la otra, y es que una vez revisado el tema, el responsable fue la constituyente de 1.991, que dejó en la propia constitución una norma aprobada, el artículo 187, que contiene una fórmula de cálculo de los ingresos de los congresistas mucho más favorable que para la del resto de los trabajadores del país. Si cualquier persona desprevenidamente lee esa disposición, parece inofensiva, casi no se entiende : “La asignación de los miembros del congreso se reajustará anualmente en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los serviodores de la administración
central, según certificación expedida por la contraloría general de la república”. Eso no lo entiende nadie, casi que ni la misma Corte Constitucional, ni la iglesia, nadie. Pero ese es el verdadero origen de la inequidad no solo con la rama, sino con todo el país.

Hay un estudio de la Contraloría General de la República de hace unos 7 años, publicado por el tiempo y que en algún lugar de mi oficina se encuentra, que muestra como en los últimos años los ingresos de los congresistas y magistrados habían aumentado por encima del costo de vida en más de un 30%, mientras que el del resto de servidores públicos, no solo no había mantenido su poder adquisitivo, sino que por el contrario había perdido más de 18 puntos su nivel. El tema está en que una vez se expidió la constitución del 91 con una remuneración más favorable para los congresistas, a esa fórmula se sumaron los magistrados de las altas cortes, y posteriormente, en los años siguientes, con demandas, los magistrados, fiscales y procuradores ante tribunal han logrado un reconocimiento del 80%. Eso es justo porque es el reconocimiento a una labor que implica dedicación. Lo que no es justo es el rezago en el que quedaron los demás servidores públicos. Y aquí surge una conclusión que resulta ser mucho más preocupante: q
ue para lograr una verdadera nivelación salarial se requiere hacer una reforma constitucional. Reformar el artículo 187, y eso sí que casi un imposible, pues en el evento de hacerlo, tendríamos el mejor congreso del mundo, el de los ángeles, como en alguna ocasión dijo Victor Hugo, pues tendría tendría el congreso que aprobar una reforma que baje sus salarios.

Por eso la solución real al tema de la nivelación no es fácil, y seguramente algún sector de asonal ya advirtió esa diferencia, y por ello, lo más probable, es que en pocos años la justicia nuevamente esté paralizada, porque mientras algunos salarios, como decimos coloquialmente, suben por ascensor, y los otros, los de la mayoría de empleados del país, por una escalera pedrejosa y de difícil acceso, las diferencias año a año se mantendrán y continuarán presentándose. Allá muy en el fondo me parece advertir la preocupación de los técnicos del ministerio de hacienda. Si el gobierno aprueba una verdadera nivelación, el juez municipal debería percibir cerca de 8 millones de pesos, y de ser ello así, imagínense ustedes que eso sería transladar la inequidad salarial a los pueblos. Por ejemplo, el alcalde de Cácota no creo que gane más tres millones de pesos, y que tal que el juez del pueblo llegare a percibir cerca de 8 millones, que es lo que se merece? ahí está el problema. Por ahora, mientras el gobierno decide
tremendo lío, no queda sino recordar el poema de Benedetti, que es lo más parecido al problema, Ustedes y Nosotros. “Ustedes cuando aman exigen bienestar, nosotros cuando amamos, es fácil arreglar”.