La defensa de Lula da Silva, en prisión desde abril de 2018, informó que pidió a la Justicia que se le otorgue el beneficio del régimen abierto, después de que su pena fuera reducida de 12 a 8 años y diez meses.

La solicitud fue presentada al Superior Tribunal de Justicia, que en abril redujo la condena que Lula había recibido en segunda instancia.

“El recurso pide que, en la hipótesis de que no sea revocada la condena o no sea aceptada la nulidad total del proceso, se permita al expresidente, desde ya, el cumplimiento de la pena en un régimen abierto”, dice una nota divulgada por Cristiano Zanin Martins, jefe del equipo de abogados de Lula.

Si la demanda fuera aceptada, Lula podría cumplir el resto de su condena en un estado de libertad vigilada, que le permitiría salir durante el día y permanecer solamente las noches y fines de semana en un establecimiento carcelario o incluso en su domicilio.

La solicitud se justifica en el hecho de que, con la reducción de pena acordada por el tribunal, y tras haber pasado más de 12 meses en la cárcel, le restan por cumplir menos de ocho años, límite que la ley brasileña establece para la concesión del régimen abierto.

En el caso por el que fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, la Justicia consideró probado que recibió a modo de soborno un apartamento de tres plantas a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con la estatal Petrobras.

Sin embargo, Lula responde en otras siete causas penales y en una de ellas, similar a la del apartamento pero referida a una casa de campo, ya pesa una segunda condena a otros 12 años de cárcel dictada en primera instancia y pendiente de revisión en cortes superiores.

El tribunal de segunda instancia que deberá analizar el caso no ha definido todavía cuando será juzgado, pero en medios jurídicos se espera que eso ocurra este mismo año.

Si esa segunda condena fuera ratificada, Lula debería permanecer o volver a prisión, si antes de su posible excarcelación se aceptara el recurso presentado por su defensa.