Un grupo de congresistas demócratas y abogados de inmigración alertó este viernes sobre los estragos legales y económicos que supondrá la decisión del Departamento de Justicia de EE.UU. de no permitir a los solicitantes de asilo que llegan a los puertos de entrada quedar en libertad bajo fianza.

Con este llamado los legisladores quieren alentar el debate y escrutinio público sobre la decisión del fiscal general, William Barr, de retirar la autoridad a los jueces de inmigración para otorgar fianzas a los indocumentados que pidan asilo en la frontera.

“Una y otra vez, el Gobierno escoge los métodos más ineficaces, derrochadores y crueles que no benefician a nadie”, advirtió el congresista Tony Cárdenas en una conferencia telefónica.

Cárdenas, que representa una zona de Los Ángeles, encabeza un grupo de 55 legisladores que enviaron una misiva a Barr y a la Administración de Donald Trump en la que piden revocar la decisión, que según sus palabras estaría “reescribiendo unilateralmente la ley de inmigración”.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) se unió a esta solicitud, y su directora de relaciones gubernamentales, Kate Voigt, subrayó que la decisión del fiscal general está debilitando aún más la imparcialidad de las cortes de inmigración.

Para el juez retirado de inmigración Jeff Chase, la medida tomada por el Departamento de Justicia es una “estrategia para castigar a los solicitantes de asilo”.

“Todos los movimientos de esta Administración son las piezas de un rompecabezas diseñado para obstaculizar la independencia de los jueces de inmigración que permitan ajustar los resultados de los casos a su política”, agregó el juez en la conferencia de prensa.