La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha tenido un trabajo permanente desde su creación, en 2012, en el marco de la Ley 1448, pues el reconocimiento de los millones de afectados que ha dejado el conflicto en Colombia no solo ha representado un enorme desafío para la institucionalidad, sino que la confrontación persiste y por eso la lista de afectados parece no tener fin.

Norte de Santander es uno de esos departamentos con más afectaciones por cuenta de los violentos y en diálogo con La Opinión, el director de la entidad a nivel nacional, Ramón Rodríguez, hizo un balance de lo que ha sido hasta ahora el proceso de atención a las más de 260.000 víctimas registradas, la crisis por cuenta del coronavirus y las expectativas sobre el futuro de la Ley.

¿Cuáles son los resultados de la implementación de la Ley de Víctimas en Norte de Santander hasta ahora? 

Norte de Santander tiene en el Registro Único de Víctimas  260.990 víctimas, eso corresponde al 16,1% de la población total. Víctimas sujetos de atención, especialmente en la ruta para ser indemnizadas, hay 225.541. En estos nueve años que lleva de vigencia la Ley 1448 se han indemnizado 28.826 personas, con $221.157 millones. Esto hay que revisarlo frente al otro componente de la Ley que es la atención humanitaria, donde hemos hecho 254.000 giros, con una inversión de $164.000 millones.

¿En qué municipios se ha concentrado la mayor atención durante el tiempo que lleva vigente la norma?

Los municipios que tienen una atención especial están en el Catatumbo, aunque los pagos en atención humanitaria y de indemnizaciones no dependen de una priorización o focalización que se haga, sino de los mecanismos por los cuales las víctimas van cumpliendo con los requisitos.

¿Eso qué quiere decir?

Si las víctimas hacen solicitudes de atención humanitaria, en Bogotá se revisan, bajo el mecanismo de subsistencia mínima, cuáles de ellos recibirían el pago de la atención y de acuerdo a eso se hace la dispersión de los recursos. Bajo los criterios que tenemos en indemnizaciones, que son adultos mayores de 74 años, personas con discapacidad y enfermedades terminales, hay que ver qué víctimas de ese municipio ya cumplieron todos los requisitos y se les puede hacer el reconocimiento del pago. De todas maneras, en todos los municipios se han presentado pagos.

¿En dónde se han centrado las mayores dificultades para avanzar con el proceso de indemnización y reconocimiento a las víctimas del conflicto en el departamento?

En los recursos. La Ley 1448 nace financiada con un Conpes, pero en 2013  la Corte Constitucional profiere la sentencia de unificación 254, que hace el reconocimiento del hecho victimizante del desplazamiento, para ser indemnizado. En el Registro  Único de Víctimas, el 93 o 94% de los casos son hechos de desplazamiento, lo que significa que de una vez se desfinanciaron todos los pagos que se tenían. Frente a esta realidad, venimos arrastrando un déficit y la mayor dificultad es que hemos llegado con todo el esfuerzo a un millón de víctimas indemnizadas en todo el país, pero eso significa que hay que hacer un mayor esfuerzo presupuestal.

¿Cuál es el presupuesto con el que han contado en los últimos años para responder a la atención de las víctimas? 

En 2019, con todo el compromiso del presidente Iván Duque, dejamos el tercer presupuesto más alto en la historia para avanzar en las indemnizaciones: $740.000 millones. Para 2020, a pesar de la pandemia, no hemos desfinanciado el presupuesto y vamos a llegar a 127.000 víctimas indemnizadas, con un presupuesto cercano al billón de pesos. Es el presupuesto más alto en la historia y ahí se concentra, principalmente, el pago de las indemnizaciones.

(Entre el 93% y 94% de los casos reportados en el Registro Único de Víctimas corresponde a hechos de desplazamiento.)

Atención en la pandemia

En el marco de la emergencia sanitaria por cuenta del coronavirus, ¿qué tipo de trabajo ha adelantado la Unidad para garantizar el acompañamiento a las víctimas?

Se ha hecho el esfuerzo de adelantar el presupuesto de la vigencia, para avanzar en los pagos de atención humanitaria e indemnizaciones. En atención humanitaria se han logrado colocar 14.972 giros por valor de  $9.931 millones en estos 108 días que llevamos de aislamiento. En indemnizaciones se han reconocido 2.088 pagos, por una inversión de $15.331 millones. De esta forma, hemos estado garantizando todos los mecanismos de atención, asistencia y reparación en todo el país y especialmente en Norte de Santander.

¿Y cómo han hecho para canalizar la recepción de solicitudes, teniendo en cuenta el aislamiento?

Tuvimos que hacer unos ajustes, potencializar el canal telefónico y virtual, lo que nos ha permitido atender 1’800.000 víctimas con más de cinco millones de solicitudes de revisión de registro, atención humanitaria, complemento de documentos para el pago de la indemnización y demás.

¿En qué zonas o municipios ha habido más demanda de atención por cuenta de la pandemia?

En los municipios del Catatumbo que han tenido una situación muy particular y que hacen parte de los municipios PDET hicimos un reconocimiento de 1.279 indemnizaciones por un valor de $8.860 millones. Si los vemos comparados con todos los giros que se han hecho, la mayoría fueron para los municipios del Catatumbo.

¿Cómo está haciendo la Unidad para llegar a todas esas víctimas que reclaman atención en las zonas más apartadas?

Aquí hemos tenido algunas dificultades que radican en la ruralidad. Para el pago de las indemnizaciones nosotros entregamos una carta-cheque, pero las víctimas siempre nos dicen que aunque la plata está en el banco, no les llega el documento que es el que les permite hacer el retiro. Entonces, lo que  nos tocó hacer fue bancarizar a las víctimas. Es así como, de las 61.000 indemnizaciones que se han entregado en el marco del COVID-19, 18.000 se dieron por medio de la bancarización, con unos manejos especiales.

Persistencia del conflicto

En Norte de Santander el conflicto sigue activo por la presencia de diferentes grupos armados ilegales. ¿Qué tanto han crecido en los últimos años las solicitudes de ingreso al Registro de Víctimas?

A nivel nacional, y eso involucra los eventos de desplazamientos masivos, el año pasado cerramos con 86 eventos, de los cuales varios se registraron en el Catatumbo y en Norte de Santander, donde hay unas dinámicas muy particulares. En 2017 y 2018 hubo una tendencia a bajar los eventos de desplazamiento masivo y en 2020 ya tenemos 37. En Norte de Santander tenemos el registro de un solo evento, que representa el 8,1% del total de casos presentados en lo que va corrido del año en el país. Esperamos que los casos sean menores a los presentados el año anterior.

Los migrantes venezolanos que han llegado al país en los últimos años, y particularmente a esta zona de frontera, también empiezan a ser víctimas del conflicto que aquí persiste. ¿Cuál es el tratamiento para ellos por parte de la Unidad?

Con los organismos internacionales y todas las agencias hemos estado revisando este fenómeno, porque se ha venido incrementando en los últimos años. En el caso de la conformación de hogares mixtos (colombianos y venezolanos) se nos han presentado dificultades por la falta de documentación. Aunque nosotros no tomamos las declaraciones, las toma el Ministerio Público, hemos visto que la gran dificultad es que muchas personas aparecen indocumentadas y allí radica el problema para entrar al Registro. En materia de  atención inmediata no hay ninguna dificultad, porque son asuntos netamente humanitarios. Estamos haciendo un esfuerzo con la Cancillería y con Migración para que podamos tener los documentos y las víctimas tanto nacionales como migrantes, tengan la posibilidad de quedar en el Registro.

Es decir, ¿es un hecho que ellos también pueden hacer parte del Registro Único de Víctimas?

Sí, ellos están quedando en este Registro, efectivamente.

¿Cuáles son las expectativas para Norte de Santander ante la prórroga de la Ley de Víctimas?

Continuar con la atención humanitaria y seguir en el proceso del pago de las indemnizaciones, en el marco que tiene la Unidad, que es la superación de la situación de vulnerabilidad, garantizando la reparación individual y colectiva, muy de la mano con los retornos y las reubicaciones. Aquí tenemos una ventaja y es la articulación con los municipios PDET, porque el 33% de la población que vive en estas zonas, son víctimas que ya están en el Registro, entonces hay un gran foco para la atención.