La Coordinadora Humanitaria, de la que hacen parte unas 700 organizaciones sociales de 15 regiones del país, entre ellas el Catatumbo, alertó un acelerado incremento en la expansión territorial por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Estado Mayor Central (EMC), en el primer trimestre de 2024.
En el sexto reporte humanitario que fue entregado a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la Conferencia Episcopal y la comunidad internacional, se advierte que la presencia de integrantes de estas agrupaciones alzadas en armas en los municipios aumentó en un 36%.
“Hay una alerta por la afectación de 189 municipios del país, de los cuales el 63% hace parte de las 170 zonas PDET que se oficializaron después de la firma del Acuerdo de Paz”, dice el informe.
Allí señalan que existe, además, un incremento del 36% en la violencia territorial en 2024 y algunos de los municipios más afectados son: Buenaventura, Tame, Segovia, Orito, Toribío, San Antero, Morales, Barrancabermeja, Caldono, Montelíbano, Corinto, Turbo, Solano, Saravena y Remedios.
De acuerdo con las cifras que maneja la Coordinadora Humanitaria, las AGC tienen una influencia en 60 zonas, seguido del EMC con 29 y posteriormente el Eln con 26 zonas.
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“Para el año 2023-2024 el grupo o estructura armada predominante y en expansión correspondió, en primer lugar, a las AGC (23 zonas), seguido del EMC (21 zonas)”, se puede leer en el reporte entregado a Carlos Ruiz Massieu, jefe adjunto de la ONU en Colombia, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en el país.
Dicen las organizaciones sociales que entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 se pudieron identificar casi 200 municipios afectados por el conflicto armado a nivel nacional.
“Particularmente, se registran 58 municipios con algún tipo de evento violento en 2023 y 79 municipios para el 2024, lo que representa un incremento en el impacto territorial del 36%”, alertan.
En Norte de Santander, el municipio que aparece ubicado en un nivel de riesgo alto, por las implicaciones que puede traer esta expansión territorial de los alzados en armas, es Tibú.
Para la Coordinadora es preocupante que el 63% de los municipios que hoy se encuentran en alerta roja por afectaciones al Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, en el marco del conflicto, hacen parte de los 170 municipios donde se implementan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
“Esto implica interrogar la efectividad de estos programas, pues se cumplirán 8 años de su implementación y una porción significativa de ellos continúa siendo blanco de la violencia armada, uno de los criterios para declarar un territorio como PDET”, dice el reporte humanitario.
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Violación de derechos humanos en el Catatumbo
El reporte humanitario dedica un capítulo especial a cada una de las regiones donde tiene presencia la Coordinadora Humanitaria y en el caso particular del Catatumbo señala que durante el primer trimestre de este año se han presentado 15 eventos en los que se ha identificado una aparente violación de los DD. HH., así como una infracción al DIH.
“Del total de eventos reportados, 5 son posibles violaciones al cese bilateral del fuego y 10 acciones hostiles. Los eventos violentos con mayor incidencia fueron las restricciones a la movilidad y a la libre locomoción (4 eventos), así como las afectaciones por uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos (4 eventos)”, dice el reporte.
Los otros eventos identificados por las organizaciones sociales fueron:
-Afectación a bienes civiles, sociales, religiosos, sagrados, comunitarios y fuentes de supervivencia económica, cultural y ambiental: 3 eventos.
-Mínimos de distinción entre combatientes y no combatientes defensa y respeto de la vida: 1 evento.
-Reclutamiento: 1 evento
-Respeto al ejercicio de los liderazgos sociales: 1 evento.
-Afectaciones a la autodeterminación y autonomía territorial, gobernabilidad, jurisdicción, derecho propio: 1 evento.
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Según la información que maneja este colectivo de comunidades, el grupo armado ilegal que más ha incumplido el cese bilateral del fuego pactado con el Gobierno Nacional es el Eln, seguido de la disidencia de las Farc.
“En comparación con el primer trimestre de 2023, la región del Catatumbo registra una disminución del 37,5% en el número de eventos reportados, si se mide frente al mismo trimestre del año anterior, en donde se registraron 24 eventos”, especifica el informe.
A nivel nacional, las cifras que manejan sobre eventos violentos a la fecha es de 272. Aunque las posibles violaciones del cese al fuego en el país se redujeron en un 32%, hubo un aumento del 70% en las acciones hostiles y afectaciones humanitarias en las zonas donde debería aplicarse la tregua.
“Con los resultados de este reporte humanitario trimestral, donde lo más preocupante es la expansión municipal de la violencia armada, la Coordinadora Humanitaria insiste en la aplicación urgente del DIH, el respeto por la vida y la continuidad de los ceses al fuego y de hostilidades”, manifiestan los representantes de estas organizaciones, entre quienes figura el expresidente Ernesto Samper, fundador de Vivamos Humanos.
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