La Contraloría General de la República tiene la lupa puesta sobre la entrega de las canastas nutricionales que dispuso el Gobierno Nacional en diferentes regiones del país, como Norte de Santander, para hacerle frente a las dificultades generadas por la llegada del coronavirus.
La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) identificó 69 alertas en la distribución de estas raciones de alimentos por parte de contratistas del Instituto Colombiano a supuestos beneficiarios del programa.
Acudientes o menores que aparecen en los registros de identificación como fallecidos, tutores con múltiples menores a cargo y contratos con bajos índices de cumplimiento, fueron algunos de los detalles que llamaron la atención del ente de control y que obligaron a generar las respectivas alertas.
En el caso de Norte de Santander, específicamente, la Dirección de Información y Análisis de la Contraloría encontró que en municipios como Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Ábrego y El Carmen fue identificado un adulto que reclamó 195 canastas nutricionales de igual número de menores de edad, de los que aseguró ser el acudiente.
El órgano de control fiscal manifestó que están avanzando con las averiguaciones sobre los detalles de los procesos que llevaron a cabo los contratistas a cargo de las entregas.
“¿Qué hicieron y dónde están las raciones que recibieron estas personas por ese número de menores? Desde la Contraloría General realizamos estas alertas para que en el país esta situación no se convierta en una anécdota”, manifestó la directora de la DIARI, María Fernanda Rangel.
La funcionaria fue enfática en que esta situación tiene que parar, puesto que no es posible que los operadores de programas como el de las canastas nutricionales sigan entregando las raciones a personas que están reportadas como fallecidas.
Los datos sobre los cuales se sustentan las alertas elevadas por la DIARI fueron extraídos de las mismas planillas que entregan los operadores al ICBF, los cuales se cruzaron con las bases de datos de la Registraduría.
“La DIARI obtuvo un total de 100 mil planillas diligenciadas a mano y en formato PDF. Para realizar este análisis, la Unidad de información realizó la conversión de los archivos recibidos a formato de texto líquido, utilizando los servicios cognitivos de inteligencia artificial y su almacenamiento en una base de datos”, explicaron desde la Contraloría.
Lo que dice el ICBF
Tras conocerse la alerta de la DIARI, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, dijo que no ha recibido de forma oficial el informe de la Contraloría y aseguró que desde el primer momento en que se dio la flexibilización de los servicios a causa de la pandemia, el Instituto le solicitó un acompañamiento particular al ente de control, con el fin de apoyar la supervisión y verificación de los operadores encargados de entregar las canastas nutricionales.
"Desde el primer día, el ICBF puso a disposición de la Contraloría todas las bases de datos de los usuarios y la información pertinente para que nos acompañaran en este proceso y de esta manera blindar las entregas a nuestros beneficiarios", aseguró Arbeláez.
