La única candidata a la Contraloría de Cúcuta, Alix Yirley Vargas Torrado, no se da por vencida en su intento por lograr que el Concejo de Cúcuta la elija para ocupar el cargo, durante los próximos cuatro años.

En vista de que el Juzgado Tercero Penal del Circuito revocó, días atrás, la tutela que había amparado sus derechos y obligado al cabildo a convocar nuevamente la elección, al considerar que ella tenía  a su disposición otros mecanismos para reclamar, antes que la acción constitucional, la ingeniera agrícola decidió jugársela con una demanda administrativa.

Así las cosas, Vargas Torrado, por medio de su abogada Dora Esther Zapata Badillo, le solicitará a la Procuraduría en Asuntos Administrativos practicar una diligencia de “conciliación prejudicial, como requisito de procedibilidad para posterior demanda administrativa en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”.

Esta decisión fue comunicada al Concejo de Cúcuta que, ayer mismo, la dejó en manos de los asesores jurídicos para su estudio y respuesta.

En el fallo que echó para atrás el recurso de amparo que favoreció a Alix Yirley Vargas Torrado,  el juez le manifestó que durante el proceso de elección en el que el voto en blanco se impuso sobre ella, como única candidata al cargo, no se percibe la comisión de un daño irreparable, que tenga que ser resuelto mediante la tutela.

En ese sentido, le recordó que era factible demandar la aparente afectación de sus derechos, con alguno de los mecanismos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como la nulidad simple, la nulidad y restablecimiento del derecho o la nulidad electoral.

Para ello, podría hacer uso de los mismos argumentos con los que sustentó la tutela y, de paso, solicitar la medida cautelar o de urgencia.

El proceso para elegir contralor de Cúcuta para el periodo 2016-2019 ha estado envuelto en una serie de demandas, tutelas, acciones de nulidad y hasta un desacato, que después de dos meses tiene a la ciudad con un contralor encargado hasta nueva orden.

Semanas atrás, el trámite quedó en el congelador por cuenta de dos órdenes judiciales que establecieron la suspensión de varias resoluciones expedidas por la anterior mesa directiva del Concejo, entre ellas la que reglamentó la convocatoria pública para los aspirantes y la que emite la lista de seleccionados para proveer el cargo.

La última tutela, conocida a finales de febrero, ordena frenar el proceso durante dos meses, es decir, hasta los últimos días de abril. La decisión fue tomada como “mecanismo transitorio a efectos de que la accionante y el coadyuvante acudan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

La Opinión