La campaña que llevó a Jorge Acevedo Peñaloza a la Alcaldía de Cúcuta, después de varios intentos fallidos, quedó bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral (CNE), que entrará a determinar si es cierto o no que tanto su financiación como los informes de ingresos y gastos reportados en Cuentas Claras presentan posibles irregularidades. 

La decisión fue confirmada esta tarde, a través de un auto proferido por el magistrado ponente Benjamín Ortiz Torres, en el que ordena la apertura de una indagación preliminar en contra del mandatario, en su calidad de candidato a las elecciones de 2023.

La medida cobija, igualmente, a Ledys Susana Sánchez Díaz, exgerente de la campaña; Paola del Pilar Colmenares Barreto, Cipriano Alfredo Peñaloza Peña y Javier Mauricio Piñeros Peñaloza, quienes fueron los integrantes del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos Todos por Cúcuta, que recogió firmas para avalar a Acevedo.

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La indagación tiene su origen en la denuncia que en febrero de este año interpuso Yoad Ernesto Pérez Becerra, quien asegura que, al parecer, la campaña del actual gobernante local superó el porcentaje máximo de contribuciones y donaciones permitido, el cual es del 10%.

Según el denunciante, Jorge Acevedo relacionó como aportes privados una cifra de $518.464.000, cuando el límite permitido para una ciudad como Cúcuta, con un censo electoral de 627.374 ciudadanos, sería de $246.593.134.

“Solicito respetuosamente y en la prontitud posible, la actuación administrativa en la cual refiere el numeral 2 del artículo 26 de la Ley 1475, de tal modo que se declare que el entonces candidato y, hoy alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, superó el porcentaje máximo (10%) de contribuciones y donaciones regulado”, alega.

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Pérez Becerra pidió acumular su proceso con las otras dos denuncias que se presentaron ante el CNE por parte del abogado José Gregorio Botello, en representación de los ciudadanos Ever Javier Arias Ibarra y José Elbert Mosquera Rodríguez, y que tienen su sustento en los millonarios préstamos que, supuestamente, le hicieron a Acevedo en campaña para la financiación de sus gastos. 

Decretan pruebas

Como parte de la indagación, el magistrado ponente ordenó la práctica de una serie de pruebas y además de citar a los denunciantes, también llamó al alcalde para que manifieste en versión libre “lo que le conste sobre los hechos materia de averiguación”.

En el auto se explica que el propósito es poder contar con los elementos de juicio suficientes, frente a las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral del entonces aspirante de Todos por Cúcuta.

En el paquete decretado figuran:

- Informe sobre el Censo Electoral que se conformó en el municipio de Cúcuta para las elecciones territoriales celebradas el 29 de octubre de 2023.

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- Copia íntegra de los informes de ingresos y gastos, con sus respectivos anexos, de la campaña a la Alcaldía del candidato Jorge Enrique Acevedo Peñaloza y del grupo significativo de ciudadanos Todos por Cúcuta, así como una certificación de la suma máxima que se podía invertir en la misma.

-Citación a Yoad Ernesto Pérez Becerra, “para que bajo la gravedad de juramento amplíe su queja; en la que deberá por lo menos reseñar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que pudo haberse desarrollado la conducta indagada”.

-Citación a Ever Javier Arias Ibarra y José Elbert Mosquera Rodríguez, para que, bajo la gravedad de juramento, amplíen la queja interpuesta ante el CNE.

-Citación a Ledys Susana Sánchez Díaz, en calidad de exgerente de campaña de Acevedo, así como a Paola del Pilar Colmenares Barreto, Cipriano Alfredo Peñaloza Peña y Javier Mauricio Piñeros Peñaloza, para que manifiesten en versión libre lo que les conste sobre los hechos que se están investigando.

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-Certificaciones por parte de los juzgados donde cursan los procesos ejecutivos en contra del mandatario, en razón de los mandamientos de pago ordenados  en favor de las personas quienes le habrían prestado dinero.

El magistrado Ortiz Torres concedió un término de 10 días para la práctica de las pruebas y las diligencias administrativas ordenadas, así como el envió a su despacho de lo recaudado, “junto con los soportes, comunicaciones y demás documentos que hayan dado lugar a la comisión encomendada”.

Por el momento, el alcalde todavía no se pronuncia sobre la decisión que se conoció ayer por parte del Consejo Nacional Electoral.

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