Previo a esto, el jefe del Estado hizo una defensa de la Fuerza Pública y rechazó las acciones violentas que se desatan luego de las marchas. “Como sociedad, debemos entender que el derecho a la protesta pacífica se protege, se respeta y se garantiza. Pero no existe el derecho a interrumpir las oportunidades de vida de los demás. Impedir que una persona llegue a su trabajo, acceda a los servicios de salud o se le prive de tener comida en su mesa, es un delito, sin ambivalencias, ni licencias morales”, dijo.
Duque además precisó que “los bloqueos no son cortes de ruta; son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos. Permitir que se violen los derechos de todos es anarquía, y en un país de anarquía, de caos y de odio solo prosperan la violencia y el dolor. Allí no hay esperanza. Allí no se resuelven los problemas por los cuales se protesta. Por el contrario, se profundizan cuando se destruye el patrimonio público, la propiedad privada y los empleos”.
Manifestó, además, que: “por eso, debemos rechazar la violencia venga de donde venga. Nuestra Fuerza Pública está sujeta a los más altos estándares en materia de derechos humanos y, por eso, al tiempo, la respaldamos, la fortalecemos y le exigimos. La respaldamos, porque nuestros soldados y policías son hijos, hijas, hermanos, padres y madres que están dispuestos a entregar la vida por defender lo que somos y lo que podemos ser. La fortalecemos, porque las amenazas son muchas y diversas, y deben ser enfrentadas con la fuerza racional y legítima del Estado.
La dura respuesta de la oposición
Tras el discurso del presidente vino la respuesta de la oposición, que no fue escuchada por el jefe de Estado, pues este se retiró del Salón Elíptico y en su lugar dejó comisionado al ministro del Interior, Daniel Palacios.
El primero en intervenir fue el senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien manifestó que el presidente Duque, sus funcionarios y las bancadas aliadas, pretenden esquivar la responsabilidad social del momento con “reformas cosméticas que no atienden de fondo al grito de indignación y angustia de las ciudadanías”.
Según Sanguino, el Gobierno, equivocadamente, se impuso impedir la promesa democrática de la Constitución de 1991 y la oferta de reconciliación del Acuerdo de Paz.
“Sus actuaciones afectan la separación e independencia de los poderes del Estado y el acatamiento a las sentencias de la justicia. Hemos retrocedido en materia de derechos humanos a las oscuras épocas del estatuto de seguridad. El incumplimiento y los ataques al Acuerdo de Paz nos conducen al recrudecimiento de la violencia, las masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales. Se ha vuelto habitual el desconocimiento de las garantías ciudadanas y la estigmatización de la legítima protesta social, desenterrando arcaicas doctrinas de seguridad que colocan a nuestras Fuerzas Militares y de Policía al servicio de un proyecto político que cataloga a la oposición democrática como parte de una conspiración internacional”, señaló.
Por su parte, la representante a la Cámara, María José Pizarro, intervino y lo hizo con la bandera de Colombia al revés. Sostuvo que en su intervención no le hablaba al “presidente porque delega sus orejas, le hablamos al país, no escucha a la oposición” y de forma reiterativa insistió en que el jefe del Estado solo deja un legado de mezquindad para el país.
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