Este martes empezó a funcionar la Comisión para la Identificación de las Víctimas de la Unión Patriótica (UP), un equipo que busca localizar a las más de seis mil víctimas y familiares de víctimas del exterminio que vivió ese partido político de izquierda a manos de actores armados y del propio Estado colombiano.
La Unidad para las Víctimas será la encargada de pagar las indemnizaciones a las personas afectadas que debidamente se identifiquen ante la Comisión, como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia en la que declaró la responsabilidad de Colombia en la violencia que por varios años vivió la UP.
El máximo tribunal de las Américas determinó que el Estado fue responsable tanto por acciones como por omisiones frente a las violaciones de derechos humanos que quienes integraban la Unión Patriótica recibieron en el marco de una violencia sistemática ejercida desde varios frentes en medio del conflicto armado.
Una de las órdenes emitidas para que el Estado pudiese reparar sus daños fue, precisamente, crear una Comisión de Identificación de Víctimas. Colombia respondió este 16 de abril con la instalación del organismo, cuyo funcionamiento estará a cargo de la Unidad para las Víctimas con recursos que destine el Ministerio de Hacienda.
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La Unidad considera la conformación de la Comisión como "un hito en el reconocimiento del exterminio, la persecución y la estigmatización" que padeció la Unión Patriótica, un partido nacido en 1985 tras un proceso de paz entre el entonces secretariado de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Belisario Betancur.
Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad, calificó a la Comisión de Identificación como "una oportunidad histórica para resarcir a las víctimas y avanzar en la reivindicación de sus procesos de vida", así como "un paso para que Colombia se convierta en un país en el que se respeten las diferencias".
El acto que dio inicio al cumplimiento de la orden internacional fue acompañado en la virtualidad por la jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte IDH, quien repasó que las violaciones a los derechos humanos de quienes militaban en la UP "incluyeron desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, atentados".
"Claramente, las características de este caso representan retos en la identificación plena de las víctimas. Por ello, el Tribunal consideró necesario disponer la creación y puesta en funcionamiento de una comisión que realizara la constatación de identidad y parentesco de las víctimas para que puedan acceder a las medidas de reparación", expuso.
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La Corte Interamericana subrayó en su sentencia que la Unión Patriótica sufrió una violencia sistemática que se extendió entre 1984 y 2006, un período en el que el exterminio dejó saldo de víctimas supera las seis mil. La Comisión, por decisión de la Corte, tiene doce meses para encontrarlas.
En concreto, la Comisión debe hallar a 677 víctimas directas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamientos forzados, amenazas, lesiones, tentativas de homicidios y "judicialización infundada", es decir, 'falsos positivos judiciales' o procesos que la justicia creó sin fundamentos.
Asimismo, debe identificar a otras 761 víctimas en quienes la Corte Interamericana encontró violaciones a la integridad personal, a sus garantías judiciales y a su protección personal. Por último, su labor debe pasar por 5.503 víctimas de graves violaciones de derechos humanos que hasta ahora no han sido plenamente identificadas.
La Unidad de Víctimas dispuso el enlace https://www.comisionidentificacionup.co/ para que las víctimas eleven su solicitud de constatación, que también podrá enviarse por el correo electrónico radicacion@comisionidentificacionup.co o llevarse a la sede de la Comisión, en el noveno piso de la Calle 53 #13-27 de Bogotá.
En la solicitud se deben aportar los documentos que establezcan la identidad de la persona y su relación con los motivos por los que se presenta ante la Comisión, que, según la Unidad, valorará las pruebas "de manera flexible" y podrá decretar otras, de ser necesario, para completar el procedimiento o subsanar la información.
Luego, el Estado tendrá un plazo de sesenta días para confirmar la contrastación o excluir a alguna víctima, algo que será notificado debidamente a quienes comenzaron el proceso. En todo caso, la Comisión de Identificación de Víctimas de la Unión Patriótica y la Unidad para las Víctimas deberán rendirle cuentas a la Corte Interamericana.
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