El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puso en marcha esta semana el proceso para declarar una zona de reserva temporal en el Páramo de Santurbán y limitar así la entrega de nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación u otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de mineral.

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La titular de esa cartera, Susana Muhamad, explicó que el objetivo de esta medida es proteger las cuencas críticas que abastecen de agua a 1,3 millones de personas en siete municipios de la región y el área metropolitana de Bucaramanga.

Según Muhamad, la declaratoria se sustenta en el “principio de precaución”, puesto que su propósito es preservar las cuencas Alto Lebrija y Cáchira Sur, la biodiversidad, la capacidad de regulación hídrica y el ciclo del agua, que garantiza la función ecológica y la provisión de agua potable a los acueductos, tanto municipales como el de la capital de Santander.

“Esta decisión no tiene efectos ni sobre la agricultura ni la ganadería ni la infraestructura ni en licencias de construcción, que se seguirán haciendo de acuerdo a los usos del suelo que estén definidos en los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y bajo la vigilancia de las autoridades competentes”, precisó la funcionaria.

Recordó que la resolución, que es temporal y tendría una duración de dos años, porque su carácter es preventivo, reconoce la tradición minera de los municipios de California, Vetas y Suratá y, por lo tanto, no afecta los procesos de formalización minera que están en curso en este momento en esos municipios, con los pequeños mineros tradicionales de la región.

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“Esta reserva temporal tampoco afecta ni frena actividades mineras que cuenten hoy con título minero e instrumento ambiental vigentes”, sostuvo.

Y reiteró que lo que sí hace es ponerle freno a la entrega de nuevas concesiones mineras para evitar daños irreversibles y controlar procesos de degradación ante los desequilibrios físicos, químicos y ecológicos del medio natural que puedan poner en peligro su integridad por el desarrollo de actividades de exploración o explotación de minerales.

La restricción irá hasta tanto se adelanten los estudios técnicos y procesos necesarios para identificar los mecanismos de ordenamiento ambiental del territorio, “que permitan la protección efectiva de los recursos naturales renovables y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos”, según indicó la ministra.

De acuerdo con la información que tiene el Ministerio de Ambiente, a partir de la elaboración de análisis técnicos se pudo determinar que en la zona que se pretende decretar como reserva temporal se encuentran 57 títulos mineros y 35 solicitudes de titulación minera que, en conjunto, suman alrededor de 23.929 hectáreas.

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“Esta área traslapa con 20.397 hectáreas de ecosistemas que son claves para el uso y manejo coordinado del suelo, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, según los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas establecidos por la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga (CDMB)”, explicó la ministra Susana Muhamad.

Lo que sigue en el proceso

Para que la resolución que define la zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el macizo de Santurbán pueda ser una realidad, es necesario que antes surta un proceso de consulta pública que permita escuchar  las diferentes partes a las que involucra la decisión, así como a la ciudadanía en general.

“Esta resolución estará publicada para que sea consultada por la ciudadanía y se recibirán comentarios por parte de todos los actores interesados”, reiteró la ministra.

La representante del Gobierno anunció también el desarrollo de varias sesiones de trabajo para que se divulgue la resolución en las regiones y la comunidad pueda conocer en detalle los aspectos técnicos y jurídicos, con el fin de garantizar la participación de todos los actores en este proceso.

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Susana Muhamad fue enfática en que la resolución tiene sustento técnico en información y estudios adelantados sobre el ciclo del agua y la importancia ambiental de la zona por la CDMB, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Servicio Geológico Colombiano, el Ideam y el Instituto Humboldt.

“Los impactos acumulativos de la minería podrían afectar 23.000 hectáreas claves para el ciclo del agua de Santurbán. Si se llegase a desarrollar todos los títulos y las solicitudes mineras pendientes los efectos serían irreversibles, aumentando la vulnerabilidad hídrica de la región”, señaló la ministra, al hacer énfasis en la importancia de que se consolide el proceso que está en curso.

Tarde, pero llegó

Diego Rueda, de la Mesa de Trabajo Ambiental de Norte de Santander, manifestó que al Ministerio de Ambiente le tomó cinco años entender que hacer algo similar a lo que se hizo en la Sierra Nevada de Santa Marta era el camino a seguir en Santurbán.

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Según Rueda, el proyecto de resolución que se someterá a consulta coincide con los aportes entregados por ellos en 2019 al Ministerio y que se consolidaron en el llamado ‘Pacto por Santurbán’ y la ‘Antipropuesta de delimitación de Santurbán’, mediante el cual se exigía a las autoridades ambientales y administrativas la aplicación del principio de precaución como pilar fundamental para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, consagrados en la Constitución Política de Colombia.

“De esa forma se protege simultáneamente a las comunidades y a los ecosistemas. Deja por fuera el proyecto de megaminería de Soto Norte de Minesa y Aris Mining. Queda pendiente revisar en detalle el contenido de la resolución temporal y allegar los comentarios al MADS”, explicó.

Rueda recordó que este era un proceso que hasta hoy parecía abandonado por el Ministerio, teniendo en cuenta que no se han programado reuniones de concertación en cumplimiento de la Sentencia T-361/17.

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