Su vinculación a la rama judicial va desde juez municipal hasta magistrado del Consejo de Estado, del cual fue su presidente hasta hace pocos meses, cuando se retiró. Ahora está dedicado a impulsar un movimiento contra la reforma a la justicia con el Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes, por considerar que la debilita. Es el tema de esta entrevista.

Es general el reconocimiento nacional sobre la crisis de la Justicia en Colombia. ¿Cuál es su lectura?

Mi diagnóstico es que quienes tienen el manejo de las riendas del Estado no están interesados en diseñar un sistema de Justicia que le sirva al pueblo colombiano. Nosotros tenemos 7.429 despachos judiciales y 48.000.000 de habitantes. Eso nos muestra que la carga laboral en cada despacho es más de 10.000 personas como potenciales usuarios, lo cual implica que  necesitaríamos tres veces más del número de los jueces actuales. O sea, 20.000. Respecto a esto, el Ministerio de Hacienda y el Congreso se hacen los sordos porque piensan que los jueces del Estado Social de Derecho, que defienden los derechos de los ciudadanos, son incómodos a los intereses económicos que de alguna manera han prodigado en los diferentes sectores de la nación.

¿A qué atribuye usted la recurrencia de los escándalos por corrupción en organismos como el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia?

Si lo examinamos a fondo son solamente dos casos. Lo demás es pura especulación. Nosotros hemos conformado la Mesa Nacional de Defensa de la Justicia y la Constitución y estamos empeñados en demostrarle al país que esos llamados escándalos son más títulos y noticias amarillistas para levantar popularidad. Es una estrategia muy sistemática desde 2010 en donde uno advierte que se publican versiones que no son ciertas como esa del llamado turismo judicial que vinculaba a personas sin pasaporte ni recursos para viajar al exterior. El problema es muy serio, pues la gente cree que la rama judicial es corrupta y eso –lo digo con toda convicción- no es cierto.

Aunque no siempre hay pruebas, la percepción que tienen los colombianos es la de que sí hay corrupción en los organismos judiciales del país, mediante acomodamiento de fallos de acuerdo con determinados intereses. ¿Cuál es su opinión?

La situación es muy grave porque los colombianos no creen en su Justicia. Según una encuesta la percepción negativa de la rama es del 85 por ciento. Eso demuestra que este país, como está, no es viable. Pero en la realidad son millones las personas beneficiadas con decisiones de los jueces en áreas de tutela o de acciones populares. Lo que pasa es que la Justicia está tremendamente congestionada, porque hace muchos años no se sube el 1,5 billones de pesos al presupuesto y los habitantes han aumentado. La Tutela y la Carta del 91 implicaron un aumento de las demandas en un 300 por ciento. Si uno analiza con profundidad, el problema es bastante diabólico.Y no perdemos quienes administramos la Justicia, que somos transitorios. Pierde el pueblo colombiano porque se pone en riesgo el reconocimiento de sus derechos y con una Justicia debilitada se agrava la comisión de delitos.

¿Qué gravedad le asigna usted al caso del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt?

Máxima gravedad. Lo que no entiendo es cómo el compañero de andanzas, el abogado Pacheco, está en La Picota y sin embargo el señor Pretelt sigue fallando en la Corte Constitucional, cuando el caso está en manos de la Comisión de Acusaciones, cuyo control político le corresponde al Ejecutivo y al Legislativo. No lo entiendo. Eso ha creado una situación desastrosa al interior de la Corte que los colombianos deberíamos rechazar. Es una muestra  más de cómo tratamos de mal el sistema de Justicia. No hemos entendido todo lo que significó en términos de progreso y de civilidad  la Constitución del 91.

El Congreso aprobó el Acto Legislativo Equilibrio de Poderes. ¿Qué tanto quedaron resueltos los problemas de la Justicia?

Se crean con ese Acto Legislativo tremendos problemas. Va a ganar el capital financiero. Con las disposiciones aprobadas no se resuelven los problemas de fondo y todos vamos a perder.

¿El desmonte del Consejo Superior de la Judicatura es un buen paso?

No. No porque el Consejo de la Judicatura fuera bueno, sino porque representaba un principio institucional, lo que equivale a un poder del Estado.

¿Entonces con su experiencia, sus conocimientos y su autoridad cuál es su propuesta para una reforma que le garantice al país una Justicia eficaz y oportuna?

Lo primero es que haya un debate público de lo que fue el Acto Legislativo 02. ¿Hacia dónde vamos nosotros? A reconstruir el espíritu constituyente del año 91, que se centra en la vigencia de la dignidad humana, que es el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nosotros queremos construir una rama judicial fuerte, capaz de enfrentar los abusos, dotada para hacer efectiva la dignidad humana del pueblo colombiano y el país decente que todos queremos.

¿Por qué hubo tanto retardo en hacer estas propuestas?

Nosotros venimos luchando desde 2011 para evitar que se hagan reformas contra el país, es decir, contra la rama judicial que es patrimonio de los colombianos. Lo que pasa es que ahora estamos en una situación extrema. No tenemos salida distinta a apelar a los dueños de la nación, que son los colombianos. Estamos planteando la aplicación del artículo 377 de la Constitución a fin de que el pueblo  discuta una reforma en forma libre y que los destinos de la patria no queden en manos de quienes siempre los han manejado.

¿La reforma a la Justicia que se cayó era errática, inoportuna?

Era parecida a esta. Pero llegó a los extremos del nuevo Acto Legislativo.

¿Y en cuanto a la aplicación de la justicia para ponerle fin al conflicto armado, cuál es su posición?

Para poder tener esa capacidad de hacer un ejercicio tan estructural, de reinsertar a unos grupos de personas que siempre han delinquido, maltratando a las clases menos favorecidas, con una cantidad de delitos inimaginables, se necesita un poder judicial absolutamente fuerte, bien consolidado, con credibilidad. Por eso, el Gobierno se equivocó con lo que hizo. No era el momento de debilitar la rama. El Consejo de Gobierno creado en esta nueva reforma no tiene cómo funcionar.  Es completamente irregular.

Y la Justicia transicional que se busca aplicar al conflicto armado, ¿es equivocada?

Lo grave del conflicto armado es que el Presidente no tiene facultades para firmar la paz. Para hacerlo en un país como Colombia no podemos aplicar modelos de justicia de otras latitudes. El Estatuto de Roma no nos sirve. Nosotros tenemos que tomar en cuenta las condiciones concretas de nuestro país. Yo pensaría que se debe dotar al Presidente de la República de facultades suficientes para ingresar a un proceso de justicia que le permita verdad y garantías de no repetición a la colombiana, con magistrados y jueces completamente curtidos, conocedores de la realidad que vivimos y no a través de mecanismos de Cortes internacionales con parámetros extraños.

Y a este nivel del partido, ¿cuál es la salida?

La salida es que el pueblo se exprese, poner en la agenda nacional de los colombianos el problema de su justicia. Que la gente salga a defender su Constitución, a luchar por sus derechos fundamentales.

¿Usted es pesimista con respecto a las posibilidades de paz?

-Me parece  que la plataforma jurídica elaborada para los procesos de inversión es incierta. Hay que  tomar decisiones de fondo, que impliquen el fortalecimiento del proceso de paz y que este sea un compromiso de todos los colombianos, dándole al Presidente las facultades que requiera. Hay que dar el paso para la modernización del Estado.