En la cuerda floja quedó el exgobernador de Norte de Santander Luis Miguel Morelli Navia, luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidiera revocar el fallo proferido en 2022 por la Sala Especial de primera instancia de ese mismo tribunal, en el que lo absolvía por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Los hechos guardan relación con la suscripción del convenio interadministrativo No. 000053 entre la Gobernación y el entonces alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, y cuyo propósito era “unir esfuerzos para lograr la venta” de dos lotes de los que eran propietarios en común.

Al exmandatario le reprochaban el hecho de que el negocio se cerró bajo la modalidad de contratación directa, sin tener en cuenta que el monto de los predios, que estaba por el orden de los $7.160.982.303, superaba el límite de menor cuantía, por lo que se hacía imperativo adelantar una licitación pública.

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No obstante, la Sala Especial de Primera Instancia decidió absolverlo de cualquier responsabilidad, al considerar que su conducta no constituía un delito, toda vez que, en virtud del principio de confianza en sus subalternos, es decir, en sus asesores jurídicos, creyó que no estaba infringiendo la ley.

Dos años después, la misma Corte Suprema, pero esta vez la Sala de Casación Penal, encontró que no le asistía razón a la primera instancia y que sí había elementos para condenar a Morelli, por cuanto en su calidad de gobernador y ordenador del gasto, no cumplió adecuadamente con su deber de control y vigilancia en el proceso contractual por el que lo investigaban.

“(…) la Sala coligió que se reúnen los presupuestos establecidos en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, para declarar penalmente responsable a Luis Miguel Morelli Navia del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pues con conocimiento y voluntad, se sustrajo de su deber de control y vigilancia en los aspectos que de manera insoslayable debían ser verificados al momento de suscribir la escritura pública de compraventa No. 1471 del 9 de mayo de 2006, sin que su actuar estuviera excusado en el principio de confianza o permeado por un error de tipo”, dice la sentencia conocida por La Opinión.

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En consecuencia, ordena revocar la sentencia absolutoria y en su lugar condena al exgobernador a 48 meses de prisión, una multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos y 60 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Sin embargo, esta decisión todavía no está en firme, pues contra la misma procede el mecanismo de impugnación especial, “a efectos de garantizar el principio de doble conformidad”.

Esto dijo el exgobernador

En diálogo con La Opinión, Luis Miguel Morelli reiteró que la decisión que se acaba de conocer por parte de la Corte Suprema todavía no está en firme y que con el respaldo de las mejores firmas de abogados del país ya fue impugnada.

“⁠Es extraño que, tras ser absuelto por la propia Corte Suprema en primera instancia y con el apoyo del Ministerio Público, ahora se me condene. La Procuraduría General de la Nación en todo el proceso sostuvo que no hubo delito. Confío en que la verdad prevalecerá”, dijo.

Y aseguró que ⁠su actuación como gobernador siempre se apegó a la ley. “Confié en asesores, procedimientos e informes técnicos aprobados. No hubo daño al patrimonio público, sino desarrollo para Norte de Santander”.

Morelli también se mostró sorprendido de que la decisión que lo podría enfrentar a una condena y una inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos sea “por no advertir supuestas irregularidades menores atribuibles al municipio, no a mi administración. Mi deber fue garantizar la legalidad, y así lo hice”.

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