Hace 17 años se vinculó a la Defensoría del Pueblo en Norte Santander con el cargo de profesional especializado y ahora es el jefe de la entidad en del departamento.

Benito Bonilla Suárez nació en Cúcuta el 1 de febrero de 1962 y  tiene títulos de administrador público y abogado. Cursó una especialización en Derechos Humanos y está en proceso de terminar un máster en Protección Internacional de Derechos Humanos, en la Universidad Alcalá de Henares, de España.

Se ha desempeñado en  cargos públicos y del sector privado. Durante 15 años ha sido docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Varias entidades le han hecho reconocimientos a su idoneidad y a su defensa de los Derechos Humanos

Desde su despacho habló con La Opinión sobre sus funciones y los retos que tiene al frente de esta entidad en un departamento como Norte de Santander.

¿Cuál es su percepción sobre la violencia en Norte Santander?

Norte de Santander ha sido un departamento fuertemente golpeado por la violencia armada a lo largo de su historia. Aquí todos los fenómenos han tenido lugar y el hecho de que estemos en la frontera implica unas dinámicas que nos hacen más vulnerables a la acción de los violentos. Desde la Defensoría consideramos que debido a la presencia de grupos armados en todo el departamento, la situación de Derechos Humanos continúa requiriendo toda la atención. Hemos hecho llamados a las autoridades civiles y de policía de los municipios de nuestra jurisdicción y también con el gobierno departamental, para solicitar su intervención en los casos en que observamos un deterioro de la situación de Derechos Humanos.

En este momento, ¿en qué tema está haciendo mayor énfasis la entidad?

La función constitucional y legal de la Defensoría es la promoción, divulgación, ejercicio y protección de los Derechos Humanos de los habitantes del territorio nacional, pero hay que tener muy en cuenta la población más vulnerable y en nuestro departamento la vulneración y el riesgo se agudiza en la situación carcelaria y las víctimas del conflicto armado. A través de las 12 delegadas y 4 direcciones nacionales se garantiza el ejercicio y protección de los Derechos Humanos en cada uno de los temas presentes donde hay amenaza o vulneración de los derechos fundamentales.

¿Qué está haciendo la Defensoría frente a la problemática de los presos?

La Regional hace presencia diaria a través de profesionales, asistiendo a los internos en procura de garantizar los Derechos Humanos. En cuanto al hacinamiento se presentó una acción de tutela, con la que se tutelaron los derechos de los internos existentes, y el juez ordenó no recibir traslados de personas que vienen de otros establecimientos carcelarios. En cuanto a la salud, se presentó otra tutela, mediante la que se ordenó garantizar la atención médica de los internos del centro carcelario. Sin embargo, la Defensoría presentó un incidente de desacato por  el incumplimiento del fallo.

¿Y frente a los casos de violencia en los establecimientos de educación?

La Defensoría  realiza la intervención para la prevención y mitigación de la violencia en el ámbito escolar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1620 de 2013. Entre otras competencias,  interviene en los comités municipales y departamentales de convivencia escolar. Allí se hace el estudio y seguimiento de los casos, se cita al comité de convivencia escolar, del cual hace parte la Defensoría del Pueblo. Igualmente, lideramos acciones para fomentar la convivencia, activar rutas de protección y hacer seguimiento a las disposiciones de ley para combatir la violencia en el ámbito escolar.

¿Cuáles son los casos por los que la gente pide más ayuda o asistencia?

Salud, víctimas del conflicto armado y situación carcelaria. Pero llegan todo tipo de casos, desde asesoría relacionada con contratos, temas laborales, educación, vivienda y víctimas de otros hechos de violencia; casos de violencia relacionada con la condición de género o etnia. Prácticamente no hay ningún tema que no sea de nuestro conocimiento.

¿Cómo califica el trabajo del personal vinculado a la entidad?

No califico. Percibo un equipo comprometido en la defensa de los Derechos Humanos, o mejor,  una familia compuesta por 142 integrantes que van desde los 2, 4, 7, 8, 12, 17, 18 y 25 años de servicio. Todos empoderados, idóneos  y comprometidos con las funciones que les competen, empezando por Marthica, quien nos consiente con el tintico o la aromática. También, la más elocuente asistente,  Yorlene; la pilosa Juliana de Alertas Tempranas, así como la experta coordinadora Estelita y terminando con la sabiduría y compromiso de los defensores públicos.

¿Qué cobertura tiene la Defensoría en el área rural?

La jurisdicción de la Defensoría Regional de Norte de Santander comprende 32 municipios. Con el Sistema de Alertas Tempranas, así como con los defensores comunitarios estamos permanentemente en las zonas apartadas del departamento, en comunicación permanente con instituciones, comunidades y organizaciones para conocer las diferentes problemáticas que se presentan a lo largo y ancho del departamento y generar respuestas y gestiones institucionales que redunden en beneficios en materia de acceso a derechos.

¿La entidad tiene las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones en este departamento?

La Defensoría ha venido creciendo para completar su equipo de trabajo con profesionales idóneos. Eso implica que la sede de trabajo se ha quedado pequeña y no contamos con la comodidad deseable y por eso esperamos lograr acondicionarla. Nos gustaría, por ejemplo, un espacio especial para atender a las víctimas del conflicto y el posconflicto.

¿Qué preparación se tiene o se adelanta de cara al llamado posconflicto?

La Defensoría, como parte del Ministerio Público, tiene un papel importante de acompañamiento y vigilancia de las actuaciones del Estado para que la institucionalidad actúe de manera ajustada a la nueva realidad. Se busca que haya una respuesta adecuada a los retos que se presentan en términos de garantías de acceso a derechos. La Defensoría también debe facilitar y ser garante de espacios de concertación y diálogo social en los que tengan cabida todos los actores sociales. Además, es nuestra función participar en la formulación de las políticas públicas en materia social que se demandan para el mantenimiento de la paz y la vida en armonía. Sabemos que los retos son muchos y muy diversos.