Ya se cumplen 49 días desde que un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenó revocarle el beneficio de casa por cárcel al exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, y llevarlo nuevamente a un centro de reclusión, pero esa posibilidad parece cada vez más lejana.

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Pese a las irregularidades que han rodeado su estadía en el piso 11 del Hospital Universitario Meoz, a donde ingresó desde el pasado 19 de julio, tras conocerse la decisión en su contra, y que van desde el desfile de amigos y conocidos de las campañas políticas que respalda, hasta el decomiso de más de tres millones de pesos que le encontraron en un bolso, por ahora no se ve viable su traslado a otro lugar.

Primero fue la incapacidad médica que le han venido prorrogando desde que fue internado en el centro médico y frente a la cual la última palabra la tiene Medicina Legal, que ya le practicó un nuevo examen para conocer su verdadero estado de salud, y ahora es una orden de la Fiscalía.

El periodista Daniel Coronell reveló ayer en la emisora W Radio, que desde el pasado 29 de agosto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ordenó el traslado del exmandatario a Bogotá. Según conoció La Opinión, dada su condición médica, Suárez iba a ser llevado transitoriamente a un centro hospitalario en la capital del país, hasta tanto le dieran el alta.

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“Que, una vez realizada la verificación por parte del Grupo de Seguridad Penitenciaria del Inpec, se pudo establecer que el privado de la libertad, señor Suárez Corzo Ramiro, no presenta condiciones especiales de seguridad, sin embargo, se trata de un exservidor público”, dice la resolución 007900, firmada por el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director (e) del Inpec.

Aunque, según relata Coronell, este documento era secreto y se había mantenido en completo hermetismo, cuando los funcionarios del Grupo de Operativos Especiales llegaron este martes a Cúcuta para proceder con la orden de traslado, se encontraron con la sorpresa de que no podían cumplirla por decisión de la fiscal 23 especializada de la Unidad contra la Corrupción, Aída Esperanza Moreno.

“La desconcertante carta de la fiscal señala que el homicida no debe ser trasladado porque está colaborando con la Fiscalía como informante en un proceso por concierto para delinquir, cohecho y prevaricato”, señaló Coronell en su reporte.

Dijo que entre los argumentos que esgrimió la funcionaria para mantener a Suárez en el piso 11 del Erasmo Meoz, estaban que el exalcalde ni tiene comodidades en su habitación ni equipos para comunicarse vía Skype. Esta última estrategia es la que siempre se le ha cuestionado, pues años atrás, cuando todavía permanecía recluido en la cárcel La Picota, y posteriormente desde la casa por cárcel, muchos aseguraban que Ramiro Suárez dirigía la campaña política a través de este sistema de comunicación.

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Y aunque resulte inverosímil, la información entregada por Daniel Coronell  señala que la fiscal Moreno también habría alegado que la protesta que tuvo lugar días atrás en el Hospital, donde fue exhibida una gigantesca pancarta pidiendo respeto por el centro médico, “hace parte de una estrategia política”.

“Concluye la fiscal Aída Esperanza Moreno que una de las razones para mantenerlo en el hospital es que ni la Fiscalía, ni el Inpec, deben tomar partido en la campaña electoral”, agregó el periodista.

La Opinión conoció que por cuenta de dicho aviso, control interno del Hospital abrió una investigación contra personal que labora en la ESE.

Las hipótesis del reversazo

Aunque por ahora ni la Fiscalía ni el Inpec han entregado mayores detalles sobre la sorpresiva decisión que tomó el organismo investigador, de frenar el traslado de Ramiro Suárez Corzo a Bogotá, empiezan a tomar fuerza varias versiones sobre las razones que habrían motivado este hecho.

Una de las primeras y que cobra vigencia con las recientes declaraciones entregadas por Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, al programa Los Informantes, tiene que ver con el apoyo que habría recibido el jefe de Estado en campaña por parte de algunos condenados en regiones como Norte de Santander, el Urabá Antioqueño y el Magdalena Medio y que, según Petro (hermano), le ayudaron al entonces candidato a obtener “un millón y pico de votos que no tenía antes”.

Aunque Juan Fernando Petro negó que una de las personas que visitó en abril de 2022 en su sitio de reclusión haya sido Suárez Corzo, como parte de lo que se denominó ‘El pacto de la Picota’, en el que se habrían prometido beneficios carcelarios a cambio de votos, personas cercanas al exmandatario y su entorno le aseguraron a La Opinión que dicho encuentro sí existió, que tuvo lugar en la casa donde residía el exalcalde en Bogotá y que hay varios testigos de ello.

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Menos de un mes después de esa reunión, el ramirismo ya estaba en campaña a favor de Petro en Cúcuta, como lo contó este diario en mayo del año pasado.

Esta movida no pasó inadvertida y terminó causando una enorme molestia al interior de la Colombia Humana y del Pacto Histórico, toda vez que en 2018, Gustavo Petro acusó a Ramiro Suárez de estar detrás del ataque que recibió cuando se aprestaba a llegar al Parque Santander, para una manifestación pública que terminó en una batalla campal.

“Aquí el señor Ramiro Suárez Corzo, desde la cárcel, por Skype, por redes, por celular, por entrevistas personales, también se da besitos con expresidentes de la República y con actuales candidatos a la Presidencia de la República. Ellos ordenaron el sabotaje de esta manifestación”, dijo en su momento Petro.

Para sorpresa de muchos, ese discurso cambió radicalmente en la campaña del 2022 y cuando fue consultado por el supuesto apoyo del condenado exgobernante, Petro solo atinó a decir lo siguiente: “Yo no soy Robespierre para poner una guillotina y expulsar, y no permitir que personas que hayan votado por Uribe antes, se acerquen a una alternativa progresista. Eso sería como exponer una especie de limpieza ideológica y yo si no soy amigo de ese tipo de tareas”, dijo.

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A partir de estos hechos, la hipótesis apunta entonces a que la Fiscalía estaría interesada en que el exalcalde aporte elementos que puedan ayudar a comprobar que, en efecto, existió un pacto en las cárceles para beneficiar la campaña ‘Petro presidente’. Esto, a cambio de beneficios, como el poder permanecer en la ciudad, especialmente ahora que está en furor la campaña electoral en la cual está respaldando como candidatos a la Alcaldía a Leonardo Jácome y a la Gobernación a William Villamizar.

Fuentes del ente acusador y que conocen del caso Suárez han dicho, igualmente, que las razones del reversazo tienen que ver con una investigación de peso que llevaría la fiscal Aída Esperanza Moreno por un caso corrupción en el Inpec y en la cual el exmandatario podría ser una ficha clave.

Según contó el periodista Daniel Coronell en su reporte de ayer, uno de los guardianes que participó en el traslado del exalcalde desde Bogotá a Cúcuta, autorizado el 9 de agosto de 2022, dos días después de la posesión de Petro, y el cual se habría dado de manera irregular, “ha admitido que recibió un pago de 13 millones de pesos para dejar que el exalcalde se moviera en su carro particular, se tomara el tiempo que quisiera y aprovechara para hacer reuniones y llamadas”. Este funcionario fue detenido en julio pasado.

Una última versión que se maneja en torno a la decisión de la Fiscalía que terminó favoreciendo a Ramiro Suárez, es que estaría colaborando como informante en un proceso que compromete a políticos de la región, a cambio de beneficios frente a dos investigaciones que están abiertas en su contra por presunto constreñimiento al elector y corrupción.

Por ahora, hay completo hermetismo frente al caso que, según Coronell, fue  el que llevó a la fiscal Moreno a mantener la estadía de Suárez en el piso 11 del Erasmo Meoz.

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