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Política
Procesos electorales se empezaron a mover otra vez en el Tribunal
23 demandas, al menos, fueron admitidas en contra de la elección de alcaldes, diputados y concejales
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Viernes, 10 de Julio de 2020

Luego de casi cuatro meses de haber quedado en el congelador por cuenta de la suspensión de términos decretada ante la rápida evolución del coronavirus, los procesos de nulidad instaurados contra varios mandatarios elegidos para el actual periodo, así como diputados y concejales, ya están andando nuevamente en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Como lo contó La Opinión en febrero pasado, nueve alcaldes, dos diputados y varios concejales no solo de Cúcuta sino de otros municipios del departamento fueron inaugurados con demandas electorales por medio de las cuales buscan apartarlos de sus cargos de manera anticipada.

En la mayoría de estos procesos, los magistrados que tienen a cargo los casos ya habían comenzado a citar a audiencias iniciales y de pruebas para marzo y abril, pero estas quedaron en veremos  y por esa razón están empezando a ser reprogramadas.

Una de ellas es la del alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, contra quien fueron interpuestas cinco demandas de nulidad electoral a finales del año pasado, por supuesta doble militancia y porque, al parecer, estaba inhabilitado para aspirar al cargo.

En marzo, los procesos fueron acumulados en uno solo, teniendo en cuenta que están orientados hacia el mismo fin, que es dejar sin efecto la elección del mandatario municipal. Para el 18 de ese mismo mes había sido programada la audiencia en la que se iba a sortear el magistrado ponente.

Como esto no fue posible, el Tribunal acaba de fijar para este lunes 13 de julio a las 11:00 de la mañana, y de manera virtual, la diligencia.

En el caso que se sigue contra el alcalde de Sardinata, Hermides Moncada Osorio, por presunta doble militancia, el pasado 11 de marzo se llevó a cabo la audiencia inicial y en ese momento se decretó la práctica de pruebas, con una nueva diligencia para el 14 de abril.

En vista de que los términos fueron suspendidos, el trámite no se pudo cumplir y esta semana se reprogramó para el 16 de julio a las 10:00 de la mañana.

Otro proceso que ya empezó a moverse de nuevo es el que se sigue contra el alcalde de Chinácota, José Luis Duarte Contreras, demandado por las presuntas irregularidades que se presentaron en el proceso de escrutinio.

Esta semana, el Tribunal programó nuevamente la audiencia inicial, ahora para el 22 de julio, a partir de las 08:00 de la mañana.

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De la misma forma, se conoció que la demanda interpuesta contra todo el Concejo de Durania, por unas presuntas inconsistencias durante los escrutinios, las cuales no fueron resueltas en la etapa de reclamaciones, ya pasó al despacho del magistrado ponente, con el fin de que este vuelva a fijar la fecha de la audiencia inicial que se adelantará de manera virtual.

El único proceso que se resolvió en medio de la suspensión fue el del diputado del Centro Democrático, Luis Alberto Otero, a quien el Tribunal Administrativo de Norte de Santander le decretó la nulidad de su elección, por una presunta inhabilidad. Como la decisión fue apelada, será el Consejo de Estado el encargado de resolver si confirma o deja sin efecto el fallo de primera instancia.

¿En qué están los otros procesos?

Eugenio Rangel Manrique, alcalde de Villa del Rosario: tiene en curso tres demandas, por una presunta inhabilidad. Aseguran que su compañera sentimental, Martha Pinilla, con quien vive en unión libre, se desempeñó como comisaria de familia de Villa del Rosario, dentro del año anterior a la elección.

En una de las demandas ya se adelantó la audiencia inicial y se había fijado la de pruebas para el 11 de marzo. Todavía no se ha reprogramado. Las otras dos solicitudes de nulidad electoral apenas fueron admitidas.

Corina Yezmín Durán, alcaldesa de Tibú: en su contra fueron interpuestas dos demandas por una presunta inhabilidad para ejercer el cargo.

Uno de los procesos estaba listo para la audiencia inicial, el 18 de marzo, pero esta no se pudo llevar a cabo. Aún no se ha reprogramado el trámite. La otra demanda apenas se encuentra en la etapa de sorteo del magistrado que tendrá a cargo el estudio del caso.

Javier Alexis Pabón Acevedo, alcalde de Cáchira: el demandante está pidiendo que se declare irregular la inscripción de un número importante de cédulas, por trashumancia, y en consecuencia se anule el acto de elección de Pabón.

La audiencia inicial por este caso había sido fijada para el 18 de marzo, pero no alcanzó a celebrarse. Todavía no se conoce una nueva fecha para su realización.

Juan Carlos Pérez Parada, alcalde de Cucutilla: el demandante alega que, al parecer, las elecciones en las que resultó vencedor estaban viciadas, “porque durante el transcurso del proceso se presentaron varios actos contrarios a la voluntad del pueblo”.

El 5 de marzo se citó a la audiencia de pruebas para el 2 de abril, pero no se desarrolló. Aún no han reprogramado la diligencia.

Antonio José Marín Cárdenas, alcalde de San Cayetano: tiene dos demandas en curso en el Tribunal Administrativo en las que piden la nulidad de su elección, pero ninguna ha tenido mayores avances.

Wilden Fabián Capacho: acumularon los dos procesos que fueron interpuestos en su contra.

Concejales de San Cayetano: el excandidato por el Partido de la U Wilmer Antonio Torres Quintero demandó la elección de los dos aspirantes del conservatismo que obtuvieron credencial en octubre de 2019: Rafael Antonio Galvis e Iván Jaimes Ropero.

El 7 de febrero fue admitida la demanda, pero desde entonces no ha tenido nuevos movimientos el proceso.

Juan Carlos Bocanegra, diputado del Partido de la U: en su contra fueron interpuestas dos demandas por presunta doble militancia, pero los procesos fueron acumulados en uno solo.

El 12 de marzo se llevó a cabo la audiencia inicial y se fijó la audiencia de pruebas para el 20 de abril, pero esta no se pudo adelantar. Todavía no tiene nueva fecha.

Mario Vicente Figueroa, concejal de Cúcuta: está demandado por una presunta inhabilidad y es el único caso en el que se ha aceptado la medida cautelar de suspensión provisional.

La audiencia inicial estaba prevista para el 19 de marzo, pero no se alcanzó a celebrar. El magistrado ponente aún no reprograma dicha diligencia.

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