Una esperada y prometedora victoria acaba de conseguir el pueblo motilón barí, asentado en la subregión del Catatumbo, al lograr que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acreditara como víctima en el Caso 07 que investiga el reclutamiento de niñas y niños en el conflicto armado.
Después de tres días de audiencia en Cúcuta, en la que participaron las máximas autoridades de esta comunidad indígena, la Sala de Reconocimiento de Verdad ordenó que el resguardo motilón barí, del cual hacen parte unos 2.400 miembros, sea un interviniente especial en la investigación que se adelanta desde marzo de 2019.
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Durante la diligencia con los delegados de la JEP, los 17 caciques y otros integrantes de la etnia que participaron en el encuentro le hicieron saber a la jurisdicción especial cómo la presencia de los grupos armados en su territorio ancestral alteró su cosmovisión, su lengua barí-ara, sus costumbres y su fuente de alimentos.
De la misma forma, narraron algunos de los casos de reclutamiento y utilización que sufrieron por parte tanto de las Farc como del mismo Ejército, “ocasionando que los sueños de las niñas y los niños se apagaran y fracturando la transmisión de los saberes ancestrales a las nuevas generaciones”.
“Nuestros niños, niñas y adolescentes han sido afectados por el conflicto armado y eso ha ido desestabilizando y desestructurando nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra cosmovisión, nuestro gobierno propio. Eso genera desarraigo”, le dijo a La OpiniónJuan Titira, gobernador y representante legal del pueblo barí.
El vocero de esta comunidad señaló que han sido por lo menos 50 los menores que el conflicto le ha arrebatado a su pueblo a lo largo de todos estos años.
El resguardo motilón barí es el tercer pueblo indígena acreditado en el Caso 07 en el que, a la fecha, ya han sido reconocidas 6.381 víctimas, quienes han podido participar como intervinientes especiales. De ellas, 851 son víctimas individuales (61% de ellas son mujeres y 39% hombres) y 5.530 son víctimas colectivas.
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Victoria temprana
Juan Titira destacó el paso conseguido en la JEP, pues asegura que ser acreditados como víctimas significa “hacer memoria y honrar a nuestros antepasados”.
El líder indígena consideró que poder ser intervinientes en el Caso 07 representa, además, una victoria temprana teniendo en cuenta que el Estado colombiano no los ha reparado hasta el momento y sigue teniendo una deuda grande con esta comunidad.
“Es importante que mi pueblo tenga un restablecimiento de derechos, con políticas que tengan que ver con el tema de la niñez, la juventud y la adolescencia, para que no sigamos siendo afectados por el conflicto armado y otros factores que desarmonizan nuestra cultura”, manifestó.
El gobernador barí sostuvo que tras esta decisión lo que sigue es continuar visibilizando la situación de los niños y niñas afectados, para que se haga justicia con su pueblo, pero sobre todo haya reconciliación y reparación.
¿Qué significa ser acreditado?
De acuerdo con el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, la acreditación como víctima ante esta instancia representa la posibilidad de adquirir la calidad de intervinientes especiales y de esta manera participar en los casos e incidir directamente en las decisiones que se tomen.
Con la acreditación se adquieren los siguientes derechos:
-Aportar pruebas e interponer recursos contra las sentencias que se profieran.
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-Recibir asesoría, orientación y representación judicial a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD).
-Contar con acompañamiento psicosocial y jurídico en los procedimientos.
-Ser informados del avance de la investigación y del proceso, y de cuándo se llevarán a cabo las distintas audiencias del proceso, e intervenir en ellas.
-Solicitar medidas de protección en el caso que sus derechos fundamentales se encontrasen amenazados por su participación en el proceso ante la JEP.
-Acceso a los expedientes.
-Obtener copias de las versiones voluntarias y pronunciarse frente a las mismas.
-Formular demandas de verdad.
-Proponer los componentes reparadores y restaurativos de las sanciones propias.
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