El transporte ilegal en Cúcuta y del cual no se tienen cifras oficiales, ha sido una de las actividades que ha logrado mayor expansión en los últimos años.

Cada día son más los conductores que utilizan aplicaciones como Indriver, Uber y Didi para ejercer bajo la informalidad un oficio que en la ley, al menos en Colombia, no consigue amparo.

Se estima que alrededor de 3 mil conductores informales brindar un servicio de transporte no reglamentado en la capital de Norte de Santander por medio de estas aplicaciones. Al volante de otros carros para traslados se pueden distinguir personas con distintos grados de escolaridad, lo mismo que abogados, hasta policías retirados e incluso taxistas.

Alegan que en la ilegalidad consiguen mitigar el agravio del desempleo y se amparan en las brechas que a su juicio han dejado los conductores de las empresas de taxistas reglamentadas, en lo que tiene que ver con las tarifas, horarios y destinos que para los primeros al parecer no tienen límites.

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Álvaro Gómez, veedor ciudadano y vocero de lo que ellos denominan “Grupos de conductores-usuarios de Transporte Privado”, entregó a La Opinión un documento en el que denuncian lo que consideran una serie de atropellos que en su contra ha cometido la Policía de Tránsito en Cúcuta.

Afirman que se han decomisado vehículos particulares mediante la imposición de comparendos D12 en procedimientos “bastante cuestionables” donde dicen, los agentes estarían cometiendo abusos de autoridad.

Indicaron que algunas veces durante la inspección, se actúa de manera arbitraria contra los ocupantes del vehículo, revisando teléfonos celulares y desestimando la presunción de inocencia en caso de que los pasajeros y el conductor no se conozcan, o no tengan alguna relación cercana.

Además, mencionan que la policía incurre “en intromisión a la privacidad e intimidad de las personas, afectando muchos otros derechos individuales por vicios de procedimiento”.

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Para los afiliados a estas plataformas en Colombia no hay claridad jurídica en torno a este debate, pero se defienden bajo el argumento de que no se trata de un servicio público sino del “alquiler de vehículos particulares con conductores, al servicio de particulares”.

Si no está regulado, es ilegal

Mayid Gene, secretario de Tránsito de Cúcuta, dijo que desde la administración se ha mantenido una contundente lucha contra los actores viales que utilizan estas plataformas para brindar un servicio que aseguró es ilegal porque no tienen un marco normativo que las regule.

Indicó que cuando en una inspección de tránsito se impone un comparendo D12. “Los conductores tienen la oportunidad de acudir ante autoridad vial para defenderse y denunciar si en el procedimiento sus derechos fueron vulnerados”.

El código de comparendo D12 establece como una infracción “conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito”.

Gene dijo que si la licencia indica que el automotor es de uso particular, el solo hecho de emplearlo para un servicio particular con fines de lucro, es una violación de la norma de tránsito. En esta ley se sustentan los controles que hace la Policía para combatir el transporte ilegal.

Además de recibir una multa por $936.900 mil pesos, se les inmoviliza el carro por cinco días la primera vez, veinte días la segunda  y por tercera vez, cuarenta días. De manera adicional, la Secretaría de Tránsito ha dispuesto la suspensión de la licencia de tránsito por no menos de seis meses a los reincidentes.

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De acuerdo al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones de Tránsito (Simit), en el año 2019 se impusieron 708 comparendos D12, en el 2020 hubo 380, en el año 2021 la policía impuso 1.065; mientras que en lo que va del 2022, con corte al 15 de agosto, se han impuesto 724 comparendos D12.

No tienen seguro

El secretario de Tránsito recordó a los ciudadanos que los vehículos de transporte público deben adquirir una póliza de responsabilidad civil extracontractual como garantía para las personas que viajan como pasajeros, una garantía que no ofrecen las plataformas digitales, afirmó.

También explicó que en el caso de las inspecciones, como en Cúcuta quienes ejercen el control de tránsito tienen funciones de Policía Nacional, están facultados para individualizar a los ocupantes de un vehículo en la búsqueda de algún elemento de interés punitivo.

Pagamos impuestos

Juan Carlos Bastos, Juan Carlos Bastos, presidente del Sindicato de Taxistas de Norte de Santander (Astans), dijo que la lucha contra la “piratería” es un deber de la Policía de Tránsito, porque no puede legalizar un transporte que no cumple con la norma que regular al servicio público individual. 

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“Nosotros pagamos todos los impuestos y los seguros que la ley nos exige para que venga unas personas un carro particular que solo tiene SOAT a trabajar como taxis”, dijo el líder.

Con respecto a la negativa de algunos taxistas de llegar a puntos distintas de la zona céntrica, lo que lleva a algunos usuarios a recurrir a las plataformas, argumentó que se trató de un episodio que quedó atrás cuando tuvieron que tomar medidas para resguardarse ante la inseguridad.

Calificó como competencia desleal la que hacen algunos compañeros que trabajando en las empresas de taxis, también utilizan las aplicaciones para brindar el servicio y anunció que se tomaron acciones para penalizarlos.

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