El del carbón era el transporte que mayor cantidad de carga movía en toda Venezuela. Tres mil camiones hacían viajes continuos en un imparable transitar desde las minas en Norte de Santander, pasando por los puentes de Ureña y Boca de Grita, hasta llegar a los puertos de La Ceiba (a 320 kms) y el Lago de Maracaibo (a 430 kms), en el estado Zulia.
Transportadores de Táchira, Zulia, Mérida, Barinas, Lara y Trujillo sumaban sus esfuerzos en esta incesante actividad, mediante la cual 120.000 toneladas de carbón salían cada mes desde las entrañas de la tierra nortesantandereana, rumbo a alta mar, y de allí a los más diversos destinos en todo el mundo.
La persistencia en el cierre de fronteras entre Táchira y Norte de Santander desvió el eje de la dinámica carbonífera hacia los pasos fronterizos de Zulia, donde pese a la pandemia que azota al mundo desde el 2020, comienzan a dinamizarse las rutas carboníferas.
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“En Zulia se está moviendo carbón entre 30.000 y 50.000 toneladas en la parte de Guasare con Carbonorte”, dijo Álvaro Rodríguez, presidente de la Cámara Social de Transporte de Carga del estado Táchira, al tiempo de agregar que la zona tiene además un puerto de entrada terrestre por la aduana de Paraguachón.
En Táchira, mientras tanto, familias con hasta tres generaciones dedicadas a este negocio, hoy están al borde de la quiebra. Incluso, las minas de carbón de Lobatera (Táchira) que producían en 2015 unas 10.000 toneladas por mes, gracias al esfuerzo de más de 2.000 mineros, están paralizadas, pues su producto era mezclado con el que provenía de Norte de Santander, donde hoy unas 22.000 familias dependen de la extracción de carbón.
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Cronograma de altibajos
El cierre de fronteras en 2015 y los acontecimientos que han afectado los pasos entre Táchira y Norte de Santander trastocaron esta dinámica, fuente de trabajo y prosperidad para miles de familias en seis estados del occidente venezolano.
En septiembre de 2016, tras la reapertura de los puentes, las aduanas del Táchira reactivaron sus actividades con Colombia en una diversidad de rubros previamente establecidos y durante tiempo regulado, dado que las operaciones estaban restringidas al horario nocturno. Sin embargo, el carbón quedó exento de este beneficio, permaneciendo paralizadas las operaciones para este sector.
Las aduanas se vuelven a cerrar en la frontera venezolana, de manera intempestiva en septiembre de 2018 de forma parcial, pues son prohibidas las exportaciones, mientras se permite el ingreso de mercancías a Venezuela, una vez más el carbón es excluido.
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Con el intento de ingreso de ayuda humanitaria desde Cúcuta hacia Venezuela en febrero de 2019, el comercio binacional sufrió un nuevo revés, reforzado luego con las medidas adoptadas por ambos países para contener la propagación de la COVID-19. Aunque Colombia siempre mantuvo abierta la opción del intercambio comercial con sus vecinos, Venezuela aún se resiste a la idea en lo que a Táchira y Norte de Santander se refiere, pues las aduanas funcionan de forma armónica en la frontera del estado Zulia.
Esta resistencia mantiene paralizadas más de 3.000 mil unidades de transporte de carga, dedicadas solo al rubro carbonífero. Incluso algunas toneladas de carbón están desde hace seis años en los patios de depósito, esperando ser llevadas a puerto.
Oscuro destino
Siete miembros de la familia Rosales se dedican al transporte de Carbón, como ellos, muchas familias de Ureña, Ayacucho, Panamericano y García de Hevia se han consagrado durante tres generaciones a mover el carbón que entraba desde Norte de Santander a Venezuela hacia los puertos del estado Zulia.
En 2015, la empresa familiar de los Rosales movilizaba 70 gandolas de chasis largo que, tras el intempestivo cierre de los puentes y el consecuente cese de las actividades de carga de carbón, quedaron paralizadas. Estacionadas durante años en los patios en los que antes pernoctaban apenas antes de reemprender el viaje.
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El tiempo les ha cobrado caro, baterías descargadas, cauchos destrozados y óxido son sólo algunas de las causas que les impiden hoy volver a las carreteras.
La misma situación atraviesan las más de 3.000 familias que en estos municipios dedicaron su vida al transporte de carbón, un negocio pujante que enfrenta un oscuro destino desde el cierre de los puentes internacionales. Muchos vehículos han sido vendidos por piezas, para cubrir las necesidades alimentarias de las familias de sus propietarios.
Mario Ortega, transportador de carbón desde hace más de 20 años, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por la impotencia, dijo sentirse tratado “como un ciudadano de tercera”. Y es que sus ansias de trabajar se ven frustradas por decisiones gubernamentales y políticas que en ocasiones escapan de la comprensión de quienes se ven impactados por ellas. Sin embargo, estas familias aún mantienen la esperanza, apuestan a que una pronta reapertura podría salvarles de la ruina total.
“Si nosotros logramos que se abran los puentes… Si logramos entre ellos (el gobierno) y nosotros (los transportadores) abrir estas fuentes de trabajo, tenemos un duro reto, son muchas cosas las que tenemos que hacer, pero nuestro llamado es a que se abra la frontera para suplir las grandes necesidades que tienen estas familias”, dijo Álvaro Rosales, vicepresidente de la Cámara de Transporte de Carga.
Desde la entidad confían, por conversaciones sostenidas con los empresarios del rubro, en generar las capacidades para recuperar poco a poco la flota y consolidar oportunidades de trabajo digno y estable para sus asociados.
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Insisten en que “el carbón no pasa por la trocha”, por cuanto el interés de este grupo de trabajadores es crear conciencia sobre la necesidad de reactivar el comercio binacional, con sus procesos aduaneros, pago de impuestos y protocolos de bioseguridad, que permitan la recuperación de la economía, también afectada por los rigores de la pandemia de la COVID-19.