Ya no serán $25 billones, sino $22 billones los que pretende recaudar el Gobierno mediante la reforma tributaria radicada en el Congreso hace casi dos meses, luego de los cambios realizados y anunciados el martes por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

Pese a las modificaciones, el documento final, cuyo primer debate se hará hoy, sigue generando preocupación en los sectores de empresarios del país. 

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Los cambios 

1. Impuesto al petróleo y carbón. Se había propuesto un arancel de 10% a las exportaciones. Se remplazará por una sobretasa de renta de 10% para las empresas petroleras y carboníferas el primer año, luego se reducirá gradualmente: 7,5% en el segundo año y 5% en el tercero. Las regalías no serán deducibles de la depuración del impuesto.
2. Impuesto a ultraprocesados. Se depuró la lista de los alimentos que pagarán 10% y, según Ocampo, los pequeños productores, como las panaderías o las tiendas, estarán exentas de pagar el gravamen. Los productos lácteos serán excluidos.
3. Impuesto a bebidas azucaradas. Las que contengan menos de 6g de azúcar por cada 100 mililitros no se les aplicará este impuesto saludable, pero las que tengan entre 6g y 10g tendrían una tarifa de $18 por cada 100 mililitros y las que tengan más de 10 g de azúcar pagarán $35.
4. Impuesto al patrimonio. Una tarifa de 0,5% para patrimonios mayores de los $3.000 millones, de 1% para mayores de $5.000 millones y de 1,5% para los que superen los $10.000 millones. El ministro Ocampo, aclaró que la tasa más alta será temporal por cuatro años. Los nuevos emprendedores no serán incluidos, mientras no tengan utilidad.
5. Impuesto a hidroeléctricas. Se incluirá una sobretasa de 3%. El servicio de transporte de valores cambiará su tratamiento de excluido a gravado.
6. Impuesto a sistema financiero. Se contemplaba una sobretasa permanente de 3% a las instituciones financieras. Ahora, será de 5% y volverá a ser transitoria.
7. Ganancias ocasionales. Se mantendrá su cédula independiente y tendrá una tarifa única de 15% para herencias, donaciones y enajenaciones de activos (tarifa actual de 10%) y de 35% para las rifas y loterías (tarifa actual de 20%).
8. Dividendos. Ya no harán parte de la tabla de tarifas marginales de renta, sino que tendrán un descuento de 19%, con una tasa máxima de 20% para mantener la progresividad. El pequeño accionista no pagaría impuestos adicionales sobre dividendos y el tope llegará hasta 20%, para los de más altos ingresos.
9. Días sin IVA. La propuesta inicial contempló eliminarlos, pero luego se acordó incluir dos. Finalmente se cayó este planteamiento.

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Carboneros: reforma amenaza con generar un efecto inflacionario

Fenalcarbón aseguró que la no deducibilidad de las regalías y la sobretasa de renta dirigida hacia la actividad, que afecta a toda la cadena de suministro, resultan excesivas y carecen de sustento técnico.

“Esta medida afecta de manera notoria la rentabilidad de la industria y sus posibilidades de inversión, desconoce la variabilidad de precios y costos y amenaza con generar un efecto inflacionario sobre toda la economía, al impactar directamente los costos de bienes y servicios como la generación de energía, la producción de acero, cemento, ladrillo, cerámicas, entre otros sectores que utilizan el carbón, explicó Carlos Cante, presidente ejecutivo del gremio.

Cante dijo que esta propuesta le resta competitividad a la industria nacional frente al avance de las exportaciones de países vecinos y otros, como China, que inundan el mercado global del acero y el coque; de este último insumo, Norte de Santander es uno de los principales productores y exportadores.

Añadió que el sector minero de carbón está dispuesto a generar mayores aportes siempre y cuando estas fórmulas agregadas a los demás tributos hacia personas jurídicas establecidos en este proyecto de ley no atenten contra la viabilidad y competitividad de las empresas, lo que afecta directamente los niveles de inversión y generación de empleo. 

Por otro lado, al ser esta una industria de ciclos, llamó a establecer una medida que de la misma manera permita la reducción de la tarifa de tributación en ciclos de precios bajos como los acaecidos hace poco menos de dos años cuando el sector se vio abocado a enfrentar enormes pérdidas.

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En “riesgo” empleos mineros de Norte de Santander

“Proponer una sobretasa adicional de 10 puntos en la renta para el sector, a pesar de tener una disminución en el año 2024 y 2025, es una carga dispendiosa que le resta competitividad, afecta la inversión, coloca en riesgo empleos directos, indirectos e impactaría la continuidad de las empresas de la pequeña y mediana minería del país, la cual incluye a Norte de Santander”, aseguró Azucena Vera Gómez, gerente de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbonor)

Respecto a la propuesta de no reconocer la deducibilidad de las regalías, Vera reiteró que esta contraprestación económica obligatoria, que no es un impuesto, se paga al producir una tonelada de carbón, por lo cual, para que la regalía se origine y la reciba el Estado, debe estar directamente relacionada a si hay producción de carbón y quienes producen legalmente el carbón son los que obligatoriamente  pagan estas regalías.

“Desconocerles esta deducibilidad inflaría la utilidad de esta empresas mineras y no reflejaría la realidad económica. Reiteramos considerar se continúe aceptando como deducible la regalía como costo o gasto para las minas productoras de la pequeña y mediana minería que tenemos”, dijo Vera.

Agregó que, en relación al impuesto al carbono que autoliquidarían y pagarían las empresas nacionales que consuman carbón térmico en Colombia, y que en Norte de Santander serían arcilleras, la termoeléctrica, cementeras y lavanderías industriales; no continúa con la línea de la reactivación económica, la protección de las empresas nacionales y los empleos que genera este encadenamiento productivo, afecta la seguridad energética y no incentiva la disminución de las emisiones de carbono, pero sí aumentaría los precios  de las industrias al consumidor final.

La tarifa propuesta para el carbón por tonelada, de $52.215, no tiene en cuenta la volatilidad de los precios del carbón en el tiempo, lo que no la hace acorde a la realidad de los mercados internos. 

La corta gradualidad propuesta a partir del año 2023 hasta el 2028 no es acorde con los tiempos de transición mundial, se requiere un periodo mayor, como mínimo 20 años, esto permitirá a las empresas nacionales contar con flujo de caja para proyectar financiamiento e implementación en transformación tecnológica hacia fuentes de energía neutrales en emisiones de carbono. 

Comerciantes e industriales, preocupados

Sergio Palacios, presidente de la Junta Directiva de Fenalco en Norte Santander, manifestó que están “muy preocupados por la variabilidad de los conceptos financieros en la aplicación de algunos impuestos”, por lo que, hasta tanto no haya un texto definitivo, el gremio de los comerciantes se mantendrá prudente. 

Francisco Unda, gerente de la ANDI en la región, se sumó a la posición que expresó la directiva nacional de la asociación de los empresarios industriales, la cual también manifestó su preocupación por este nuevo borrador de la reforma. 

“A pesar de las múltiples reuniones sostenidas con representantes del Gobierno y con algunos de los ponentes congresistas, nos encontramos con sorpresa con una reforma de gran tamaño que afecta la actividad empresarial y la inversión futura, un año después de haberse tramitado otra reforma que concentró el esfuerzo en los empresarios, emprendedores e inversionistas del país”, sostuvo el sector.

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La ANDI indicó que esta iniciativa puede llevar a la economía colombiana “a una situación sin precedentes en términos de pérdida de competitividad autoinfligida”. Recordó que, sin reforma tributaria, el Gobierno recibirá ingresos adicionales de 287 billones hasta 2025 o 369 billones hasta 2026.

El gremio señaló que es equivocado generar tan onerosas cargas sobre el sector petrolero y minero, los cuales, indiscutiblemente, ha sido soporte para una buena parte de la economía nacional durante los últimos años.

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