Lo ocurrido el pasado 29 de marzo en la vereda Villanueva, del corregimiento Guamalito, en El Carmen, donde murieron 10 militares y otros ocho resultaron heridos, en un ataque con explosivos por parte del Eln, ayuda a confirmar lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reveló sobre la lamentablemente situación humanitaria en el país.
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Según un informe presentado por esta organización internacional, en 2022 se recrudecieron las acciones violentas en varias zonas de Colombia, y Norte de Santander no ha sido la excepción. De hecho, el departamento ocupa el quinto puesto en cantidad de víctimas por el uso de artefactos explosivos.
“En este departamento es donde más se han visto afectaciones. El 2022 dio cifras muy negativas y lo vemos en el uso de artefactos explosivos, que no son solo minas antipersonal, que ha dejado 41 víctimas, mientras que a nivel nacional fueron 515. El 54% de las víctimas son civiles, siendo la cifra más alta en los últimos seis años”, aseguró Stephanie Eller, jefe de la subdelegación para esta zona del país.
Por estos hechos, Norte de Santander no ha podido incluirse en un plan de desminado, pues sigue siendo muy peligroso y los grupos armados ilegales siguen usando los artefactos explosivos sin importarles el daño que le hagan a la población civil.
“Para que se lleve a cabo un desminado humanitario tienen que haber garantías de no repetición, porque ese es un trabajo sumamente meticuloso y lleva muchísimo tiempo para desminar un territorio y los actores que se encargan de esto no van a invertir tiempo y dinero en eso en una zona tan peligrosa como esta. Se siguen presentando reportes de lugares afectados por esos artefactos en Norte de Santander”, explicó la representante del CICR.
Las zonas que han sido más afectadas por los artefactos explosivos son Sardinata, Tibú y El Tarra, “sin embargo, esta contaminación se da en todo el Catatumbo, porque tenemos reportes de toda esa región y lo que nos preocupa es la afectación a la población civil”.
Para el CICR esta situación es muy preocupante, pues esos explosivos están provocando que muchas familias campesinas no estén tranquilas en los sitios donde viven, porque caminar entre los cultivos, ir a pescar o enviar a los niños hacia las escuelas se convirtió en un gran riesgo.
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Desplazamiento
“Norte de Santander también es uno de los departamentos más afectados por el desplazamiento individual, aunque esto no se perciba tan fuerte como cuando se dan los desplazamientos masivos”, comentó Eller.
Para esta organización internacional lo alarmante es que los desplazamientos individuales no reciben la atención debida, representando mayor vulnerabilidad para las víctimas. “Cuando hay cientos de personas saliendo de sus zonas y llegando a otro casco urbano, eso es noticia, se movilizan más los actores humanitarios y la institucionalidad”.
Entre las cifras que maneja el CICR, para 2022 hubo al menos 11.388 casos de desplazamiento individual en Norte de Santander, mientras que en todo el país se registraron 123.220. Esto quiere decir que el departamento ocupó el quinto puesto en este fenómeno. El primer lugar lo tuvo Arauca.
En cuanto a desplazamientos masivos, el CICR también logró documentar 850 casos en Norte de Santander.
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Y a estas lamentables cifras se le une la de los desaparecidos, que el año pasado el Comité Internacional de la Cruz Roja logró documentar 209 casos en Colombia, concentrando el 79 por ciento de estos sucesos en cinco departamentos, entre estos, Norte de Santander con 22 registros.
Stephanie Eller dejó claro que estos casos son solo por el conflicto armado que se vive, “nosotros solo documentamos esos hechos, lo que tiene que ver con desapariciones de personas que salen en la ciudad y no regresan, no los podemos documentar, porque así lo determina el mandato del CICR”.
“Como se puede ver, Norte de Santander siempre figura entre los cinco departamentos donde estas violencias son más altas. Es muy lamentable, porque en esta región hay muchas cosas buenas por mostrar, pero esas situaciones se encargan de opacar todo”, comentó la representante del CICR.
Precisamente, en el mandato de esta organización internacional también se adelantan gestiones con grupos armados ilegales para tratar de establecer si las personas desaparecidas en las zonas de conflicto están con ellos o si han sido asesinadas. Con esto tratan de que entreguen a las víctimas con vida o que devuelvan los cuerpos o restos para que sus familias puedan darles el último adiós.
“En los casos de retenciones de personas nosotros somos como una especie de puente con los grupos armados ilegales para mediar que los entreguen con vida, pero nuestro mandato en Colombia es muy claro: nosotros no podemos interceder en todos los hechos, debe ser los casos que cumplan con las normas establecidas. En 2022 asistimos a 63 liberaciones en el país, pero solo en este departamento estuvimos en siete”, sostuvo la integrante de este organismo internacional.
Añadió: “acá se tiene que ser muy claro en que el CICR no habla de secuestro, porque en el Derecho Internacional Humanitario esa palabra no se usa, siempre vamos a decir que son retenciones, porque así está estipulado y nosotros nos ceñimos a eso en nuestro mandato”.
Entre las estadísticas que reveló este organismo se puede ver que, luego de la firma de paz con las Farc la violencia no disminuyó y tiene una tendencia al alza, lo que preocupa a organizaciones defensoras de derechos humanos.
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Ataque a la misión médica
En este panorama de violencia, ni el personal de la misión médica y puestos de salud se han salvado.
En ataques a la misión médica, Norte de Santander ocupa el segundo lugar en el país.
El CICR logró documentar a nivel nacional 426 agresiones contra la misión médica y el 13% de ellos se dieron en este departamento que limita con Venezuela. El primer lugar lo tuvo Antioquia con el 15%.
“Acá se debe entender que no se puede afectar a un médico o a una enfermera, porque cuando ellos se van por miedo, la afectación termina siendo para toda la población, al quedar desprotegida en la salud, ni las niñas y niños reciben medicamentos o vacunas, es una situación muy grave”, comentó Stephanie Eller.
Reclutamiento forzado
El reclutamiento forzado es un tema también grave que se está dando en esta parte del país, pero ni el CICR tiene una cifra exacta de esta problemática, porque a los familiares de las víctimas no les gusta hablar al respecto ni denunciar.
“Muchas familias prefieren callar y no decir nada, por miedo. Hay otras personas que nos buscan para que los asesoremos en qué pueden hacer y muy pocos nos piden que por favor intercedamos ante el actor armado, pero solo para saber cómo están sus familiares. Entonces como tal tenemos unas cifras internas que no se dan a conocer”, argumentó la jefa de la subdelegación del CICR para esta zona del país.
Agregó: “a esto se suma el uso de menores de edad por los actores armados, así sea solo para que pasen información a cambio de dinero, generando un riesgo para todos ellos”.
El uso de migrantes venezolanos por parte de los grupos armados ilegales también es un tema delicado y marcado en zonas como el Catatumbo, por la oportunidad de ganar dinero.
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Este año el panorama no es alentador, pues lo que sucedió en la zona rural de El Carmen, un municipio que limita con el Cesar, demuestra que el Eln y otros grupos como la disidencia del Frente 33 de las Farc, los gaitanistas e incluso las bandas delincuenciales, tienen un gran poder bélico y están en capacidad de atacar causando un grave daño a la población civil.
Por eso, en los análisis que viene haciendo el CICR si se llegara a dar un enfrentamiento entre el Eln y la disidencia de las Farc, como se está dando en Arauca, sería algo preocupante y que dejaría un número alto de víctimas. “El Catatumbo es una zona muy fuerte por el arraigo de familiares de los combatientes y si se diera un enfrentamiento deben respetar las reglas mínimas de la guerra, respetando a la población civil, como lo determina el DIH”.
Ante este difícil panorama, el Comité Internacional de la Cruz Roja espera que los diálogos con el Eln avancen siempre con el objetivo de salvaguardar a la población civil, que es la que más ha sufrido con el conflicto armado que se da en regiones como el Catatumbo.
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