La decisión que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se conoció el 24 de julio, sobre un capturado que hace más de una década fue considerado como el ‘Judas’ del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), pasó casi desapercibida.
Aunque algunos medios de comunicación dieron a conocer dicha información, muy pocas personas le prestaron atención. Pero este fallo es trascendental y trae del pasado episodios aterradores que se vivieron en Norte de Santander y que dejaron muerte, desolación y mucho dolor.
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El dictamen de la JEP favoreció a Carlos Alberto Suárez Reyes, exdetective del DAS que traicionó a sus compañeros y a un grupo de militares, a quienes terminó entregándoselos al extinto capo Víctor Ramón Navarro Serrano, mejor conocido como Megateo, para que los masacrara cuando iban supuestamente capturarlo en la zona rural de Hacarí.
Pese a que Suárez Reyes fue condenado por la justicia ordinaria, en 2012, a pagar 40 años de prisión por esa traición que lo llevó a cometer los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con concierto para delinquir y utilización indebida de información privilegiada, siendo recluido en la cárcel la Picota de Bogotá, la JEP lo acogió y ordenó su libertad transitoria, condicionada y anticipada (LTCA).
Según se conoció, Carlos Alberto entró a hacer parte de la JEP porque revelará los acuerdos y alianzas, presuntamente, existentes entre altos mandos del Ejército Nacional, antiguos miembros del DAS y Megateo.
Ese tribunal aseguró que “la subsala Catatumbo, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, determinó que el compareciente Suárez Reyes cumplió con los presupuestos necesarios para acceder a la LTCA, según los principios y las exigencias de la Justicia Transicional Restaurativa”.
¿Pero que ha dicho de nuevo?
La declaración que ha hecho Carlos Alberto Suárez ante la JEP, ha llamado la atención de los magistrados porque ayudará a que se esclarezcan, aún más, hechos como el ocurrido el 20 de abril de 2006, en Hacarí, donde murieron 10 detectives del DAS y siete militares de las fuerzas especiales, cuando iban en busca de Megateo.
Dentro de lo que ha dicho Suárez está que ese operativo se organizó no para capturar al extinto narco, sino que iban detrás de unas caletas de droga y dinero para luego repartirse todo el botín.
“El verdadero motivo de la operación ‘Troya’ no fue dar captura a un jefe guerrillero, sino más específicamente se tenía información, supuestamente, de que en este lugar, en este campamento, mantenía un porcentaje de cocaína alto… Según la fuente, él decía que ahí mantenían más de 400 o 600 kilos, permanentemente. Eso era para negociar, que si se hacía un operativo y se lograba controlar esa zona, ese alcaloide sería comercializado. Ese fue el eje central”, le contó el exdetective a la JEP.
Y es que, según Suárez, su jefe y otros detectives de ese entonces, tenían conexiones con unos narcotraficantes para vender la cocaína que encontraran en el campamento donde se la pasaba Víctor Ramón Navarro, cabecilla del frente Libardo Mora Toro, del Epl.
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“Unos días después cuando él me dijo que se iba a hacer la operación […] ahí sí me comentó bien todo esto que yo estoy narrando acá, me dijo ‘esto es lo que se va a hacer, vamos a ir por la plata, ya Rubén (Andrade Casadiego, entonces detective del DAS) como es de esta zona, él como que tiene familia en Cúcuta, él conoce y tiene vínculos, él puede ubicar narcos de Cúcuta y ellos nos compran la droga y se la vamos a vender, ellos ponen todos los medios, los camiones, lo que se necesite y nos dicen dónde la recogen. Ya está cuadrado eso, ya se charló… Que también tienen contacto, que todo eso tocaba llevar bien a la gente, que todos los que estuvieran dentro del operativo tuvieran su parte”, se lee en el fallo de la JEP.
Pero además de la droga, los organizadores del operativo sabían del dinero que podrían haber encontrado en ese lugar. “Fuera de eso, se estipulaba que podía haber una cantidad muy fuerte en dinero, tanto así que todos los jefes de los grupos de policía judicial estuvieron en el operativo y fueron, cosa que ellos nunca debieron haber hecho. Porque fue tanto lo que se estaba diciendo, de esa suma de dinero tan grande, seis millones de euros, que todo el mundo quería ir, nadie se quería perder eso. Y fue por esa razón que pasó lo que pasó […] los verdaderos objetivos eran esos: ir por un dinero y por una droga. Y de esto tenían pleno conocimiento […] desde la subdirección general operativa y la coordinación, todos tenían conocimiento de lo que se estaba haciendo en esta supuesta operación”.
Pero lamentablemente, cuando arrancó el operativo, la madrugada de ese jueves 20 de abril de 2006, Megateo ya había sido alertado por Carlos Alberto Suárez, pues entre ellos dos había una aparente amistad y el exdetective lo mantenía informado, y las cosas no salieron como los habían planeado.
En un punto entre Mesarrica y Astilleros, zona rural de Hacarí, el extinto capo dio la orden de instalar varios explosivos y al paso del camión en el que se movilizaba la comisión, lo voló, masacrando a los 10 detectives y siete militares.
En la confesión de Suárez, se lee: “Ya sobre la operación ‘Troya’ y la estadía de la avanzada del DAS en Ocaña y el trabajo interinstitucional con el Ejército, pues siempre le despeje (sic) dudas y lo mantuve al tanto, comentándole los planes que se fraguaban, líneas intervenidas y demás pormenores de las actividades de inteligencia que se venían realizando, hasta el día del desplazamiento hacia el área general de Hacari (sic) Norte (sic) de Santander, que le puse un mensaje de texto para advertirle que se moviera porque iban por él (sic), con ello esperaba que solo se moviera y cuando llegáramos, no lo encontráramos, pero no medí las consecuencias y no pensé que la tragedia de la muerte del personal de compañeros del DAS y militares”.
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El exdetective comenzó a tener contacto con Megateo desde mediados de febrero de 2006, luego de mandarle un mensaje a uno de los celulares que le tenían intervenido en el DAS, después de eso se reunió ocho veces con Navarro Serrano. Además, un primo de Carlos Suárez, identificado como Óscar Mauricio Rojas, también era cercano al extinto narco.
En el expediente de la justicia ordinaria también se lee que Suárez y su primo Rojas, por haber informado sobre el operativo donde murieron las 17 personas, recibieron dos puchos de cocaína, un reloj de oro y $2 millones.
Más de la confesión
En lo que Suárez le ha confesado a la JEP también está el contexto de cómo se habría iniciado y expandido el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la Fuerza Pública en el Catatumbo y las interceptaciones ilegales del extinto DAS en esta región.
“Sobre personas interceptadas ilegalmente que supe en su momento estuvieron el coronel Rubén Darío Castro Gómez, el senador de Norte de Santander Juan Fernando Cristo; el excomandante del Ejército Martín Orlando Carreño, que venía haciendo política en Santander; al comandante de la Quinta Brigada y otros comandantes de batallones de Santander que no recuerdo el nombre, pero la situación era debido a que mucha información del Catatumbo iba a dar a Bucaramanga porque en Cúcuta las autoridades tenían fama de estar permeadas por los grupos ilegales que delinquían en el Catatumbo”, contó el exdetective.
Añadió: “también metían líneas de otros comandantes de batallones que tenían influencia en la zona del Catatumbo, pero se hacían a fin de mirar a ver si se lograba confirmar alianzas o pactos de no agresión con los grupos ilegales que llevaban las líneas de narcotráfico, contrabando de productos populares, gasolina y tráfico de armas. Tal como fue el caso del coronel Castro Gómez, a quien el jefe de la avanzada del DAS en Ocaña, de manera ilegal interceptó y logró conocer actividades de connivencia de este oficial con alias Megateo y demás grupos delictivos del Catatumbo”.
Y todas esas interceptaciones habrían llevado a que miembros del DAS participaran en la organización de los falsos positivos, donde una gran cantidad de personas fueron asesinadas por miembros del Ejército, entre ellos el coronel Rubén Darío Castro, y las presentaban como muertas en combates.
“Después de que se instala la comisión judicial integrada por el DAS (en las instalaciones del Batallón de Infantería No. 15 en Ocaña, en el año 2006) y regida bajo el mando militar del coronel Rubén Darío Castro e integrantes de la Sijín, creo que eran de Cúcuta, de apoyo, se creó este grupo interinstitucional, el cual estaba liderado y orientado por el coronel Rubén Castro […] La finalidad de este grupo era […] recolectar información no importa cómo fuera, si era legal o ilegal, pero tocaba conseguir información, reclutar informantes, cualquier cosa relacionada con este tema”, le manifestó Suárez a la JEP.
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Agregó: “En vista de que no se consiguió ninguna información específica clara, al jefe Robert Tovar le pareció buena idea tomar los números, meter los teléfonos de los mismos coroneles para escucharlos a ver qué pasaba, como por descartar ahí. Al día siguiente, Robert nos comentó al grupo del DAS que se habían logrado obtener unos audios donde era muy comprometido, donde el coronel Castro hablaba con alias Megateo. Eran más o menos 11 o 12 audios. Hablaban de movimiento de tropas, como de estrategia militar. Por ejemplo, él le decía ‘ahí le corrí la gente, pero ustedes no me han mandado aquello’”.
Ante eso, los funcionarios del DAS le habrían preguntado al jefe Tovar qué pasaría con eso y este les habría respondido: “espere yo hablo primero con él y yo cuadro esta situación, yo la manejo”.
Según Suárez, “cuando nos dimos cuenta que se había acordado por sugerencia de los jefes del DAS de la avanzada de Ocaña y el coronel Rubén Castro Gómez del Ejército para realizar ejecuciones extrajudiciales lo que coloquialmente fue llamado como falsos positivos. Fue cuando Megateo me advirtió que yo debería temerles más a mis compañeros de trabajo e institución que a él, ya que él jamás haría una cosa tan cochina como eso, fue como le sugerí filtrar eso a la prensa y él me dijo haga lo que tenga qué hacer, a mí eso no me afecta, razón por la cual yo tomé contacto con ese editor judicial (de Semana) y le conté lo que acontecía con el tema de ejecuciones judiciales o falsos positivos en el área general de Ocaña, diciéndole que fuentes humanas indicaban esta situación que se venía dando debido a que a las tropas y organismos de seguridad estatal les estaban exigiendo resultados operacionales y que eran las bajas las que más influían en la calificación […] sin yo recibir ni una contraprestación económica ni dádivas por ello…”.
Con esto, la JEP entraría a analizar cómo el DAS también estuvo inmerso en ese aterrador episodio de falsos positivos que se dieron en Norte de Santander.
Ahora, Carlos Alberto Suárez pasa a ser una ficha clave en todo el proceso que adelanta la JEP y él deberá seguir demostrando que todo eso que viene diciendo es cierto, pues si no cumple, sería devuelto a prisión y perdería todos los beneficios que le han otorgado.
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