La Contraloría General del Departamento Norte de Santander adelantó un análisis financiero a la contratación hecha en los últimos cuatro años por los alcaldes que terminaron su periodo el pasado 31 de diciembre en 39 municipios, con el fin de verificar que se haya ejecutado con eficiencia, economía y eficacia, pero los resultados preliminares encendieron las alarmas.

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Y es que, según el informe con los datos consolidados, que conoció La Opinión, de los $2,1 billones contratados entre 2020 y 2023, el 41% de esos recursos se adjudicó de manera directa, esto es, un poco más de $858.815 millones.

De acuerdo con el reporte, apenas un 26% se contrató mediante la modalidad de licitación pública ($562.904 millones), en otro 19% ($400.868 millones) se usó la selección abreviada y el 14% restante ($282.828 millones) se hizo mediante otras modalidades como mínima cuantía, concurso de méritos y convocatoria pública.

Esto quiere decir que casi la mitad de los recursos contratados en el periodo anterior en los diferentes municipios del departamento, a excepción de Cúcuta, se entregó sin que mediara proceso alguno de selección de los contratistas.

La cifra resulta aún más llamativa, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con la información reportada en la plataforma de SIA Observa, donde se aloja la relación contractual y presupuestal de los recursos públicos, de los 63.306 contratos celebrados en los cuatro años anteriores, el 77% correspondió a la modalidad de contratación directa (48.779 contratos).

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Tan solo 546 contratos fueron entregados mediante una licitación pública y apenas 60 se otorgaron mediante una convocatoria pública.

Por municipios

Según el informe que resultó del análisis financiero hecho por la Contraloría de Norte de Santander, con corte al 31 de diciembre de 2023, hay siete municipios en particular en los que se concentró el mayor porcentaje de recursos contratados de manera directa entre 2020 y 2023.

El primero de ellos es Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta, en donde las dos administraciones que tuvo esa localidad fronteriza en los últimos cuatro años comprometieron un poco más de $114.601 millones en contratos otorgados directamente.

Llama la atención que, de acuerdo con lo reportado a la plataforma de SIA Observa, ese presupuesto corresponde a casi el 70% de la contratación que se hizo en ese municipio durante el último cuatrienio. El informe dice que la cifra de contratos suscritos allí de manera directa fue de 4.513.

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En segundo lugar aparece Ocaña, con $99.972 millones adjudicados mediante la modalidad de contratación directa. En este municipio, el monto contratado fue un poco menor que en Villa del Rosario, pero el porcentaje de contratos que se suscribió bajo esta figura, en relación con toda la contratación que hizo el municipio en el periodo pasado, fue mayor, pues alcanzó el 72,5% (3.480 contratos).

En Tibú, igualmente, la mitad de la contratación hecha por la pasada administración municipal fue directa, un poco más de $61.825 millones, equivalentes a $1.706 contratos.

Le siguen Los Patios, $43.617 millones (30% de la contratación); Chinácota, $36.676 millones (42%); Toledo, $34.358 millones (48,32%), y Pamplona, $29.203 millones (58,57%).

Dice la norma que la contratación directa en Colombia procede únicamente, entre otros, en algunos de los siguientes casos:

-Cuando se declara la urgencia manifiesta.

-Para contratación de empréstitos.

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-Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora.

-En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993.

-Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.

-Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.

-Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

-La contratación de bienes y servicios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que requieran reserva para su adquisición.

-En situaciones de emergencia y desastres.

Le pondrán la lupa

El contralor de Norte de Santander, César Lindarte, explicó que la información recopilada sobre la contratación en los 39 municipios del departamento enciende las alertas, por los resultados encontrados, razón por la cual tendrán que entrar a revisar en detalle, en los próximos meses, por qué los mandatarios salientes escogieron la contratación directa como la modalidad predominante para la ejecución de los recursos públicos.

Lindarte señaló que esa revisión debe arrojar conclusiones en torno a si el 41% del monto otorgado directamente a contratistas se entregó de manera legal y está bien sustentado, o, por el contrario, se detectan hallazgos que puedan dar lugar a posibles procesos de responsabilidad fiscal.

El contralor recordó que el periodo que acaba de terminar tuvo la particularidad de la emergencia que desencadenó la pandemia de la Covid-19 y es por esa razón que el ente de control fiscal debe comenzar a mirar con lupa si el mayor porcentaje de esa contratación directa se dio en razón a esa circunstancia o qué pudo haber sucedido para que la cifra sea tan alta.

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“Lo que viene ahora es empezar a mirar específicamente los contratos directos para saber por qué se procedió de esa forma. Pero es cierto que la información preliminar es un indicador de alarma, pues que casi un 50% se haga mediante contratación directa es una alarma. Solo el 27% se hizo mediante un proceso y eso es lo que tendremos que analizar”, explicó el funcionario.

Para el contralor, la verificación de la información reviste mayor relevancia si se tiene en cuenta que buena parte de los municipios de Norte de Santander, por su categoría, no pueden contratar grandes sumas de manera directa, toda vez que el monto máximo para esa modalidad no superaría los $60 millones y en lo que encontraron hasta el momento se está hablando de miles de millones adjudicados bajo esta figura.

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